Tribunal Supremo - Página 2

El Alto Tribunal recuerda que el plazo de 20 días hábiles para impugnar el despido arranca con la baja en la Seguridad Social, aunque el INSS todavía no haya resuelto la incapacidad permanente.

Si el empleado conoce la decisión empresarial y no actúa dentro del plazo previsto, la acción de despido caduca aunque después discuta si esa extinción fue correcta, aclara el Supremo.

No se encuentran en situación legal de desempleo porque pueden pedir su reincorporación en la primera empresa en cualquier momento.

El Alto Tribunal considera que limitar el uso de la herencia más allá de los 18 años vulnera la legítima de los herederos forzosos.

Que el cliente no recibiera información suficiente para entender el índice es una condición necesaria, pero no suficiente, para anular la estipulación.

Trabajar en el entorno de una explotación minera no basta para anticipar la jubilación, ya que en el personal de exterior deben acreditarse riesgos especialmente cualificados y una participación directa en labores mineras.

El Alto Tribunal explica que la Seguridad Social no puede dejar sin efecto una sentencia firme abriendo por su cuenta un procedimiento de revisión por mejoría antes incluso de que el fallo judicial adquiera firmeza.

El Alto Tribunal aclara que, aunque el INSS tenga potestad para revisar las incapacidades, esta herramienta no se puede utilizar para suspender el cumplimiento de una resolución judicial favorable al trabajador.

La abogada explica que, al imputarse toda la cuantía en un solo ejercicio, la carga fiscal es mayor, ya que el IRPF es un impuesto progresivo.

El Alto Tribunal aclara que, aunque la pensión se reconozca con efectos retroactivos, esos importes no se reparten entre los ejercicios anteriores, sino que se imputan al año en que la resolución judicial adquiere firmeza.

El Alto Tribunal decidirá si el incumplimiento de los requisitos fiscales elimina el diferimiento en el IRPF y traslada la tributación al nuevo titular.

El Alto Tribunal determina que es válido siempre que no exista fraude de ley, permitiendo a una mujer cobrar el paro en pago único para darse de alta como autónoma colaboradora en la empresa de su marido.

El Alto Tribunal recuerda que volver a convivir tras la separación no basta para cobrar esta prestación si la reconciliación no se comunicó al juzgado, ya que en ese caso la situación legal sigue siendo la de separación matrimonial.

Los trabajadores no pueden perder parte de su nómina por disfrutar de sus días de permiso, por lo que deben percibir los complementos habituales que habrían cobrado de haber trabajado, según establece el Alto Tribunal.

El Alto Tribunal considera abusivas varias condiciones del préstamo firmado por la pareja con la entidad.

La Junta de Andalucía entendía que el heredero no podía aplicar la reducción del 90% en el Impuesto sobre Sucesiones porque la finca perdió meses después la condición de explotación prioritaria.

El Alto Tribunal aclara que la baja por incapacidad temporal no puede restarse del cálculo para acceder a esta ayuda.

El Tribunal Supremo explica que la incapacidad temporal también cuenta como ingreso fiscalmente computable y que no se pueden excluir del cálculo los días en los que la autónoma estuvo de baja.

La prima anual por objetivos se puede reducir proporcionalmente a los días efectivamente trabajados, pero no se puede excluir los períodos de baja a la hora de acceder a la misma.

El Tribunal Supremo explica que cobrar una prestación por incapacidad temporal debe contar como equivalente a la actividad laboral a efectos de renovar la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena.

El Alto Tribunal explica que el artículo 7.d) de la ley del IRPF solo protege indemnizaciones por daños personales, no las que reparan un perjuicio económico.

El Alto Tribunal confirma que este derecho estuvo vigente durante años con el convenio provincial y ahora no puede ser eliminado.

El Alto Tribunal concluye que solo será ganancial la parte de la vivienda que se haya pagado realmente con dinero común, aunque la compra se realizara antes del matrimonio.

El Alto Tribunal confirma que los empleados cedidos por una empresa de trabajo temporal tienen derecho a la misma indemnización por incapacidad permanente que los de plantilla directa de la empresa donde prestaban sus servicios.

Lo que debe traerse a colación no es el bien donado en sí, sino su valor en el momento en que se evalúan los bienes que se heredan.

Las cotizaciones usadas para la incapacidad permanente sí pueden computarse para acceder a este subsidio para mayores de 52 años, explica el Tribunal Supremo.

Cobrar una prestación por incapacidad temporal es equivalente a realizar actividad laboral a efectos de renovar la autorización, porque durante ese periodo la relación laboral no se extingue, sino que queda suspendida.

El tribunal aclara que, en los contratos fijos discontinuos a tiempo parcial, la baja por accidente laboral no se calcula con lo cotizado en una sola jornada, sino con las bases de cotización de los meses anteriores.

El Alto Tribunal explica que el descanso semanal no puede absorber el descanso diario y que ambos deben sumarse, de forma que si el convenio reconoce 48 horas semanales y 12 horas entre jornadas, el mínimo exigible pasa a ser de 60 horas consecutivas.

Todo depende de que el error fuese solo de la Administración y de que la ayuda cubriese necesidades básicas.

El Alto Tribunal aclara que, en estos casos, la prestación debe fijarse con las bases de cotización del período anterior para evitar resultados que no reflejen el salario real del trabajador.

El Alto Tribunal explica que, aunque la empresa no actuara con mala fe y pagara después las cotizaciones no prescritas, debe responder por la parte de la jubilación que quedó reducida por esa falta de cotización.

Si los trabajadores temporales realizan las mismas funciones y están incluidos en el ámbito del mismo convenio colectivo, no se les puede pagar un salario inferior por haber sido contratados dentro de un programa público de empleo, ya que eso sería contrario al principio de igualdad.

El Alto Tribunal aclara que ese tiempo en el RETA no puede incluirse en el reparto de responsabilidades porque entonces no existía una cobertura específica de contingencias profesionales.

El Alto Tribunal explica que, aunque estos empleados sigan dados de alta y cotizando todo el año, no existe situación legal de desempleo en los meses en los que no trabajan ni cobran salario.

La exención de algunos vecinos puede trasladar el coste al resto si está justificada y se aprueba por mayoría

Los intereses por retraso pueden incluirse en el procedimiento de desahucio sin necesidad de acudir a otro juicio independiente

El alto tribunal quiere aclarar si la cobertura legal actual basta cuando están en juego datos sanitarios y otros derechos fundamentales.

La sentencia deja sin efecto la obligación que imponía la normativa de Murcia a las empresas de vehículos con conductor. El tribunal entiende que esa exigencia no encaja con un servicio que opera con precios libres y que el usuario conoce antes de contratar.

El Tribunal Supremo aclara que identificar de quién viene el dinero no basta para librarse de Hacienda si el contrato y los movimientos bancarios no lo corroboran.

La STS 5378/2025, de 27 de noviembre, fija doctrina: para que Hacienda no califique una transferencia como ganancia patrimonial no justificada, hay que acreditar tres requisitos, no uno.

Aunque la revisión de la incapacidad permanente suele situarse en torno a los dos años, la Ley General de la Seguridad Social permite adelantarla en determinados supuestos, incluso antes de que se cumpla ese plazo.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo corrige a la Audiencia de Palencia, que había extinguido el pago, al considerar que el esposo obtuvo un capital importante con el traspaso, aunque fija el fin de la ayuda en 2027 al llegar la edad de jubilación.

Para que una empresa pueda descontar deudas salariales unilateralmente, la deuda debe ser incontrovertida. Esto es, que no exista controversia por ninguna de las partes.

La sentencia reconoce el derecho de un jubilado de Clases Pasivas a cobrar este plus pese a que ya lo percibía la madre y refuerza la posibilidad de reclamar atrasos desde la fecha de efectos de la pensión.

El Alto Tribunal desestima el recurso de la Seguridad Social y confirma que estos años deben figurar de forma clara en el historial del trabajador para evitar "lagunas" en su carrera.

El Tribunal Supremo aclara que los 15 años exigidos para la jubilación pueden computarse con toda la vida laboral, pero los requisitos ligados al desempleo deben cumplirse con trabajo posterior y compatible con la incapacidad.

El alto tribunal confirma que la comunidad conocía y toleró la instalación durante más de una década y no se opuso a las obras hasta que estuvieron terminadas, vulnerando la buena fe.

El Alto Tribunal explica que la estricta protección de la Ley 57/1968 solo ampara a quienes adquieren un inmueble con fines residenciales, dando la razón a la aseguradora al quedar demostrado que el comprador buscaba hacer negocio y no fijar su domicilio habitual.

El Alto Tribunal aclara que la comunidad puede demandar también al arrendatario cuando es quien ocupa de hecho el espacio común, aunque solo los propietarios puedan impugnar los acuerdos de la junta.

El Alto Tribunal determina que denegar la ayuda al padre porque ya la cobra la madre supone una "discriminación por razón de sexo" y reconoce el derecho al cobro simultáneo con efectos retroactivos.

El Alto Tribunal explica que, a diferencia de otras ayudas asistenciales, tener descendencia en común no exime del requisito obligatorio de inscribir la pareja en un registro oficial con al menos dos años de antelación al fallecimiento para acceder a esta prestación de carácter contributivo.

Al iniciar una actividad por cuenta propia, el pensionista mantiene el cobro íntegro de su prestación siempre que sus ganancias anuales se mantengan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

El Alto Tribunal aclara que la nueva aseguradora que asume la cobertura de una empresa debe hacerse cargo de pagar las prestaciones de los trabajadores que ya estaban de baja, incluso si han superado el plazo máximo legal.

El alto tribunal confirma que no toda obra nueva obliga a acudir al interdicto específico si el despojo ya está consumado y la intervención es de escasa entidad.

El Tribunal Supremo considera que la ayuda debe ser indefinida, ya que debido a la edad de la mujer es casi imposible que pueda volver a encontrar trabajo, aunque le baja la pensión de 2.000 a 1.400 euros mensuales.

El Tribunal Supremo determina que estos días computan a la hora de ver si se alcanza el plazo de 3 meses exigido entre una baja voluntaria y un cese en periodo de prueba para cobrar la prestación por desempleo.

El alto tribunal inicia el procedimiento para ejecutar la sentencia que fuerza al Gobierno tras comprobar que no ha aplicado el fallo que exige equiparar este derecho con el de otros cuerpos policiales.

El Alto Tribunal unifica doctrina y aclara que no existe discriminación, ya que la prestación de la madre biológica protege su recuperación física, un supuesto que no se da en el otro progenitor.

El Alto Tribunal explica que los atrasos cobrados tras ganar un juicio al INSS deben declararse íntegramente en el año en que la sentencia es firme, respaldando el criterio de Hacienda, aunque avala aplicar una reducción del 30%.