Tribunal Supremo - Página 3

Se debe demostrar dependencia económica y una necesidad de vivienda real para poder mantenerlo.

La parte excedente se considera como un ingreso a la hora de pedir el subsidio y ver si se cumple con el requisito de carencia.

El Tribunal Supremo avala que el plazo para reclamar cobros indebidos comienza cuando la administración descubre el fraude y no cuando concede la ayuda.

El Alto Tribunal aclara que penalizar económicamente a un trabajador por enfermar o por conciliar vulnera la ley de igualdad de trato y constituye una discriminación directa e indirecta.

El alto tribunal confirma que la ampliación ejecutada en la vivienda alteró la fachada y el título constitutivo sin el acuerdo unánime exigido por la Ley de Propiedad Horizontal.

El Alto Tribunal establece que las subvenciones públicas destinadas a la rehabilitación de la vivienda habitual no cuentan como ingresos para el Ingreso Mínimo Vital.

El Alto Tribunal aclara que la herencia sin repartir no impide a un copropietario pedir la división y venta del inmueble cuando tiene una cuota concreta ya determinada.

El Alto Tribunal aclara que los permisos municipales no legitiman el uso de elementos comunes si la comunidad no lo autoriza o revoca ese consentimiento.

Basta con una comunicación previa a la comunidad, siempre que la instalación no cause perjuicios ni afecte a la seguridad del edificio.

Junto a una abogada han presentado un recurso de amparo para anular las sentencias del Tribunal Supremo que rechazan incrementar estas indemnizaciones por la vía judicial.

La justicia entiende que la valla solo supone una molestia, pero que la cámara y la alarma sí constituyen una perturbación y deberán retirarse.

Dos abogados, con el apoyo de CCOO y UGT, han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo donde mantenía su rechazo a incrementar por vía judicial estas indemnizaciones.

El Alto Tribunal considera que se vulneró el principio de capacidad económica al exigirse el impuesto pese a no existir incremento de valor.

El Tribunal Supremo anula la cláusula que quitaba el complemento de puntualidad a quienes enferman, al considerarlo un trato peyorativo prohibido por la nueva Ley de Igualdad.

El Alto Tribunal aclara que las dolencias cardíacas ocurridas en el trayecto de ida o vuelta no gozan de la "presunción de laboralidad" y requieren probar un nexo causal específico con el trabajo.

El Alto Tribunal fija esta ampliación en diez semanas tras descontar del permiso del segundo progenitor el periodo de seis semanas que ambos padres habrían disfrutado de forma obligatoria y simultánea tras el parto.

La antigua LAU solo protege la prórroga forzosa cuando la vivienda cubre una necesidad real del inquilino o de un hijo económicamente dependiente.

Ni la tenencia de animales ni la existencia de hedor bastan para desahuciar a un inquilino si no se acredita un riesgo real para la salud, sobre todo en contratos protegidos por la antigua LAU.

El Alto Tribunal aclara que este tipo de retiro "no es un derecho absoluto" y requiere necesariamente el "acuerdo recíproco" con la empresa y la contratación de un sustituto para ser efectivo.

Rechaza indemnizar a una arrendadora que reclamaba más de 630.000 euros por no poder aplicar el IPC a sus contratos durante el fuerte repunte inflacionario provocado por la guerra en Ucrania.

El Alto Tribunal considera que bastó un único incumplimiento voluntario del régimen de visitas para condenarla por desobediencia

Las cuotas comunitarias prescriben a los cinco años y no a los quince, aunque se hayan generado antes de la reforma legal.

La trabajadora no avisó y presentó el justificante de la ausencia fuera de plazo, superándolo con creces. Así, para el Tribunal Supremo hubo una falta de diligencia.

Establece que no se puede exigir que el trabajador especifique detalladamente las bases del daño moral cuando su estimación es difícil e incide en que el daño moral está indisolublemente unido a la vulneración del derecho fundamental.

El Tribunal Supremo ha corregido el criterio de que el camarote de un barco es un "domicilio particular" y establece que, para los marineros, el buque es centro de trabajo las 24 horas, activando la presunción de laboralidad del artículo 156.3 de la Ley General de la Seguridad Social.

El Tribunal Supremo considera que hubo un incumplimiento contractual por parte de la compañía telefónica.

El alto tribunal avala la extinción del contrato cuando los familiares no comunican en plazo el fallecimiento ni su voluntad de subrogarse, aunque continúen abonando la renta.

El Tribunal Supremo confirma que sí hubo un delito continuado de falsedad, confirmando la pena de dos años y seis meses de cárcel.

El alto tribunal considera que la limitación de la subida del alquiler fue una medida legal para proteger a los inquilinos frente a la inflación derivada de la guerra de Ucrania.

El uso real de los elementos comunes del garaje es determinante a la hora de repetir los gastos.

El Alto Tribunal asienta doctrina y obliga a devolver todas las cotizaciones pagadas desde que los médicos proponen la invalidez si la Administración la deniega por error.

La exoneración del pasivo insatisfecho libera al deudor, pero no elimina la hipoteca constituida por un tercero, que el banco podrá seguir ejecutando.

El Alto Tribunal establece que la obligación patronal de mejorar la prestación económica de la Seguridad Social se extingue al cumplirse el año de baja, al cesar el mecanismo de pago delegado y no existir norma legal que imponga su prórroga automática.

El Alto Tribunal explica que para acceder a la pensión, los días trabajados a tiempo parcial deben computarse como días completos, eliminando la penalización que sufrían estos trabajadores al calcular su periodo de carencia.

La acción de restitución no prescribe hasta que no se declara nula la cláusula abusiva, según doctrina del TJUE.

El Alto Tribunal aclara que las uniones de hecho no pueden equipararse al matrimonio para perjudicar al ciudadano en el cálculo de rentas del subsidio por desempleo ya que “la interpretación literal de la ley protege al beneficiario frente a las exigencias de devolución de la Administración”.

El Alto Tribunal permite dejar de lado las gratificaciones extraordinarias a quienes ya no están en la empresa dado que estos pagos no tienen naturaleza de salario base y dependen de requisitos de permanencia pactados.

Tener una segunda vivienda en propiedad no justifica el fin del arrendamiento si esta no estaba libre y a disposición del inquilino en los meses previos a la demanda.

La venta conjunta de varios inmuebles no elimina el derecho de retracto cuando el arrendatario no ha sido informado previamente de la operación.

El Supremo explica que exigir el reintegro de una prestación de subsistencia años después, cuando el fallo fue exclusivamente de la Administración, impone una "carga desproporcionada" al ciudadano. La buena fe y la necesidad económica protege el cobro aunque fuera indebido.

El tribunal obliga a la madre a pagar al hijo una pensión de alimentos al hijo mayor de edad, que se había mudado a vivir con el padre.

El Supremo explica que ignorar la "edad teórica" para calcular el acceso al complemento del 20% castiga injustificadamente al empleado de sectores penosos. Los años bonificados cuentan como edad real para acceder a la mejora, aunque el DNI diga lo contrario.

El Alto Tribunal da la razón al SEPE y unifica doctrina: solo la indemnización obligatoria de 20 días está exenta del cálculo de ingresos, aunque fiscalmente el trato sea más favorable.

Aplicar ambos conceptos sobre la misma deuda supone un doble cobro que va en contra de las buenas prácticas bancarias.

El Alto Tribunal avala que una empresa aplique otro convenio si justifica la causa, respeta el procedimiento del Estatuto de los Trabajadores y mantiene la retribución de la plantilla.

La Seguridad Social le denegó la pensión de jubilación, ya que a pesar de que tenía más de 15 años cotizados, no cumplía con la carencia específica, que se debía a larga interrupción en los últimos años de su vida laboral.

El Alto Tribunal unifica doctrina y exime a la Seguridad Social de abonar la prestación por incapacidad temporal durante la prórroga de efectos, recordando que la entidad colaboradora mantiene su responsabilidad de gestión y coste hasta la calificación final de la invalidez.

La potencia y velocidad determinan si un patinete debe ser tratado legalmente como ciclomotor, exigiendo permiso de conducción.

El Ministerio de Trabajo prometió reformar el despido, pero su negociación está estancada, mientras que UGT pretende recurrir al Tribunal Constitucional.

El Alto Tribunal determina que, aunque el INSS le reconociese el complemento antes de que se dictara sentencia, la indemnización por la discriminación sufrida no se puede reducir.

Aunque la escritura era clara y comprensible, el Tribunal entiende que el aval excedía el riesgo real asumido por la entidad.

El Alto Tribunal aclara que si el trabajador solicita el cambio de contingencia (de enfermedad común a profesional) fuera de plazo, solo recuperará la diferencia económica de los últimos 90 días, aplicando la regla de retroactividad máxima de la Ley General de la Seguridad Social.

Basta con probar de dónde procede el dinero, cómo se recibió y por qué se entregó, incluso sin escritura notarial

El Tribunal recuerda que las entidades deben ejecutar la orden de pago conforme al número de cuenta facilitado por el cliente, sin estar obligadas a comprobar el nombre del beneficiario.

El Alto Tribunal explica que no se puede aplicar el recargo del 10% recogido en el Estatuto de los Trabajadores, ya que que la prestación por baja médica es una indemnización de la Seguridad Social y no una retribución salarial.

La empresa acreditó razones objetivas que acreditaban un comportamiento inadecuado del trabajador.

El Alto Tribunal establece que aplicar "coeficientes de parcialidad" para calcular el acceso a la pensión castiga doblemente al empleado y es discriminatorio. Un día de trabajo cuenta como un día cotizado para acceder a la prestación, duren lo que duren las horas.

El Alto Tribunal explica que, según la Ley 15/2022, tras agotar la duración máxima de incapacidad temporal y no obtener la permanente, no se puede extinguir el contrato por motivos de salud sin realizar "ajustes razonables”, ya que es discriminatorio.

El Alto Tribunal aclara que basta con la comunicación previa, sin que los vecinos puedan oponerse alegando que la instalación afecta a elementos comunes como el techo o las paredes.

El Alto Tribunal aclara que la adscripción voluntaria a las medidas de un despido colectivo no convierte el cese en voluntario, obligando a la Seguridad Social a abonar el plus por aportación demográfica.