El Tribunal Supremo ha dictaminado que los agentes de la Inspección de Trabajo no pueden entrar en el domicilio social de una empresa sin autorización judicial previa, incluso si no van a realizar ningún registro o incautar documentos. Para el Alto Tribunal, irrumpir por la fuerza en un espacio que funciona simultáneamente como sede social y centro de trabajo vulnera el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio.
Frente a esta sentencia, primero se manifestó en contra el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), y ahora lo ha hecho CCOO, advirtiendo que “atenta contra los derechos laborales”. En un comunicado, el sindicato ha mostrado su “disconformidad”, denunciando la “inconsistencia jurídica” del fallo, ya que reinterpreta lo que dispone la Ley ordenadora del sistema de ITSS, “ley plenamente conforme con la Constitución Española y con el convenio de la Organización Internacional del Trabajo”.
Para CCOO, la interpretación del Alto Tribunal “cercena el papel de las personas funcionarias de la ITSS que tienen el mandato constitucional de velar por el correcto cumplimiento de la normativa laboral en los miles de centros de trabajo en nuestro país”. La organización sindical defiende que establecer esta autorización como requisito imposibilita que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social “actúe con la inmediatez y celeridad que requieren, en la mayoría de ocasiones, la protección de los derechos de las personas trabajadoras en el ámbito empresarial, incluidos sus derechos fundamentales”.
“Bula empresarial” que facilita la “explotación”
En los mismos términos, CCOO ha manifestado que esta sentencia “pretende abrir un limbo normativo” en un tejido empresarial de micro empresas que predominan en en España, y cuyos centros de trabajo coinciden mayoritariamente con el domicilio social, “creando un universo de ‘bula empresarial’ para facilitar la explotación de millones de personas trabajadoras”.
Por ello, el sindicado ha anunciado que “analizará pormenorizadamente” la sentencia para garantizar la seguridad jurídica de las actuaciones inspectoras “sin reservas” en todos los centros de trabajo. Al mismo tiempo, ha manifestado su apoyo a los funcionarios y funcionarias de la ITSS en el desempeño de sus funciones, reivindicando su papel como “uno de los baluartes de los derechos del trabajo” en España.
