Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) pide al Gobierno una reforma legal para proteger a los afectados por la venta de hipotecas a fondos de inversión, una práctica que, según denuncia la formación, ha dejado a miles de familias en situación de indefensión. La propuesta del partido catalán llega justo cuando el Tribunal Constitucional ha confirmado mediante una sentencia que los bancos deben ser los encargados de asumir las costas judiciales en caso de que un afectado por cláusulas hipotecarias abusivas gane un juicio sobre esto. Un varapalo en toda regla a los bancos que han jugado de manera fraudulenta con las hipotecas de miles de personas.
La iniciativa ha llegado mediante una proposición no de ley (PNL) registrada en el Congreso y en una propuesta paralela en el Ayuntamiento de Barcelona. El objetivo, según los republicanos, es “plantar cara a la especulación con las hipotecas y garantizar derechos efectivos para las familias afectadas”, en un contexto en el que entidades financieras han transferido carteras hipotecarias y créditos con fuertes descuentos a terceros sin ofrecer esa misma posibilidad a los deudores.
Una práctica que se ha ido extendiendo tras la crisis financiera
La venta de créditos hipotecarios a fondos oportunistas se consolidó tras la crisis financiera de 2008, cuando la banca buscó limpiar sus balances de activos problemáticos. Estas operaciones suelen realizarse con importantes descuentos, pero el deudor original no tiene acceso a esas condiciones, lo que ha generado críticas recurrentes desde organizaciones sociales y plataformas por el derecho a la vivienda.
Para ERC esto es lo suficientemente importante como para centrar el debate ya que el actual marco legal favorece la “opacidad, la indefensión y la vulneración de derechos”, dejando a familias vulnerables, ancianos, avalistas y herederos en una situación de desventaja. La diputada Etna Estrems ha calificado de “socialmente injustificable” que los fondos compren hipotecas rebajadas mientras las familias no pueden saldar su deuda en términos equivalentes.
Falta de transparencia y desprotección
Uno de los principales problemas detectados es la falta de información. Muchas familias desconocen quién es el titular real de su deuda tras la cesión, lo que dificulta cualquier negociación. La concejala de ERC en Barcelona, Eva Baró, ha denunciado que esta situación es “incompatible con el derecho a la vivienda”.
La formación sostiene que esta práctica ha generado “opacidad, indefensión y vulneración de derechos”, especialmente entre colectivos vulnerables como personas mayores, avalistas o herederos.
Derecho de tanteo y cancelación de la deuda
La propuesta de ERC pasa por reformar el Código Civil, la normativa hipotecaria y la legislación de consumo para introducir un derecho efectivo de tanteo, retracto y redención. Es decir, que el deudor pueda cancelar su hipoteca en las mismas condiciones en que ha sido vendida a un tercero.
Entre las medidas concretas, los republicanos plantean:
- Garantizar la transparencia total en las cesiones, incluyendo el precio de venta del crédito.
- Establecer un plazo mínimo de 60 días para que el deudor ejerza su derecho a cancelar la deuda.
- Impedir que continúe una ejecución hipotecaria si no se ha informado correctamente de la cesión.
- Crear un registro público que permita seguir la trazabilidad de los créditos.
Además, proponen que, en caso de incumplimiento de estas obligaciones, la deuda pueda extinguirse por el mismo precio de adquisición más gastos e intereses legales, una medida que supondría un cambio significativo en la posición de los deudores frente a los fondos.
Presión institucional en varios niveles
La ofensiva política de ERC no se quedará solo con su acción en el Congreso, sino que además, el grupo municipal en Barcelona ha pasado a la acción lanzando una iniciativa para conseguir el apoyo de instituciones como el Banco de España o la CNMV, así como de entidades municipalistas y plataformas sociales.
La propuesta llega en plena crisis de vivienda, con los precios de los inmuebles marcando récord y una cada vez mayor participación de inversores institucionales. La eventual reforma que plantea ERC abriría un nuevo frente regulatorio sobre la actividad de los fondos en el mercado hipotecario, con implicaciones tanto jurídicas como económicas.
