El sistema de despido improcedente en nuestro país tiene los días contados tanto en cuanto acaba de recibir un aviso más que serio (y no es el primero) desde las instituciones europeas para que se cambie de una vez por todas. Y es que el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha adoptado una resolución formal en la que pide a España que modifique su legislación laboral. El objetivo principal es garantizar que el pago por un despido sin causa justificada, incluyendo a los temporales contratados de forma fraudulenta, "resulte realmente disuasorio para el empresario". O lo que es lo mismo, que cueste más caro despedir para que las empresas no despidan con tanta facilidad o se lo piensen dos veces antes de hacerlo. Hace poco vimos como el Ministerio de Trabajo se comprometía con los sindicatos a reformar el despido para cumplir con las exigencias de la CEDS, pero ese compromiso aún no es suficiente para el Consejo de Europa.
Así, este organismo hace suyas las conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) y confirma por tanto que el actual modelo español no cumple la Carta Social Europea Revisada. Todo esto viene debido a una reclamación que presentó el sindicato CCOO en noviembre de 2022, a la que también se sumó UGT. Tal y como ha dejado claro la institución en su resolución, España incumple el artículo 24.b de esta Carta en asuntos muy concretos como el cálculo de las indemnizaciones, la desprotección de los eventuales y el papel de la readmisión en el puesto de trabajo. De entre todos estos incumplimientos, el asunto del incumplimiento de la subida de la indemnización por despido improcedente llegó incluso recientemente al Tribunal Constitucional, pero España sigue sin cumplir con sus obligaciones.
El límite de la indemnización, en el punto de mira
Actualmente, la ley española marca un tope para los despidos improcedentes de 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. Sin embargo, para Europa esto se queda corto. Ya que el CEDS ha señalado en su fallo que estos límites máximos "no son lo suficientemente elevados para reparar el daño sufrido por la víctima en todos los casos y para disuadir al empleador".
Entonces, el gran problema radica en que tener una cantidad económica fijada de antemano puede jugar claramente en contra del empleado. De hecho, el organismo europeo ha dicho que "no puede excluirse que la indemnización predeterminada pueda servir más bien como un incentivo para que el empleador despida a los trabajadores de manera injusta". Asimismo, apunta a que esta situación invita a las compañías a hacer un simple análisis de costes y beneficios a la hora de decidir si echan a alguien a la calle.
Reparar el "daño real" y estudiar cada caso particular
Por lo que, para poner freno a esto, el Consejo de Europa exige a las autoridades españolas revisar la ley para que las cuantías logren tener en cuenta el "perjuicio real sufrido por el trabajador despedido y las circunstancias particulares de su caso". Además, pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que los tribunales nacionales puedan evaluar si verdaderamente es adecuada la reincorporación al puesto de trabajo, consultando previamente con las partes afectadas.
Para que todo esto no quede en el olvido, Europa ha emplazado a España a entregar "un informe detallado en el próximo periodo de seguimiento" y así comprobar que se está cumpliendo con lo mandado. Y es que hay que recordar que esta no es la primera vez que recibimos un tirón de orejas por este asunto, ya que a finales del año 2024 se emitió otra recomendación idéntica como respuesta a una queja de UGT.