Una de las mayores preocupaciones de los propietarios de viviendas y locales es que puedan okupar sus propiedades. Y es que hay casos en los que se tardan en desalojar años, y que el dueño ha tenido que estar pagando los suministros de luz y agua de los okupas. Pero en ocasiones el problema puede ir más allá, y llegar a terminar con una denuncia de los ocupantes ilegales, al dueño de la vivienda
Así ha ocurrido en Francia, donde, según recogen en el medio local ‘Figaro Inmobilier’, unos okupas han llegado a demandar al dueño de un local que ocuparon ilegalmente, alegando que las condiciones de habitabilidad eran insalubres.
Los okupas lograron acceder a un local no habilitado para vivienda y, posteriormente, afirmaron ser inquilinos con un contrato verbal, pagando 830 euros mensuales en efectivo. Tras instalarse en el inmueble durante tres años, presentaron una demanda alegando que “llevaban años viviendo en un local insalubre alquilado por el propietario”, reclamando además que se les realojase a su costa.
La Agencia Regional de Salud de Île-de-France (ARS) certificó la insalubridad del local y recomendó a la prefectura (la institución que representa la administración estatal en una región) emitir un decreto en ese sentido. Los okupas aprovecharon esta valoración para exigir: “Queremos un realojo porque el propietario es responsable de nuestra situación y del mal estado del inmueble”. Por su parte, el dueño defendió que “fueron los propios okupas quienes provocaron las graves degradaciones visibles en el local”.
El propietario tiene que enfrentarse tanto a los okupas como al Estado
El abogado del propietario, Me Romain Rossi-Landi, destacó en el medio que se trata de un proceso judicial complicado, ya que “hay una presunción que juega en contra del propietario”. Según Rossi-Landi, “mi cliente se ha batido contra los okupas y al mismo tiempo contra el prefecto que dictó el decreto de insalubridad y exigió que los ocupantes fueran realojados”.
En este caso, la ley francesa prevé que, con un decreto de insalubridad, el inquilino puede dejar de pagar el alquiler automáticamente, sin necesidad de una resolución judicial previa, y ha sido este vacío legal el que aprovecharon los okupas para reforzar su reclamación.
La justicia ordena la expulsión de los okupas y limita la obligación de realojo
Finalmente, la Corte de Apelación de París falló a favor del propietario y ordenó la expulsión de los okupas. La audiencia relativa al decreto de insalubridad sigue pendiente ante la jurisdicción administrativa, pero según el abogado, “como se trata de un local profesional y no de una vivienda, si el decreto de insalubridad no se anula, tampoco será dramático para mi cliente, que no tiene intención de convertirlo en vivienda”.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad francés también ha intervenido, enviando una carta a la presidenta de la corte administrativa de París en la que señala: “Los peligros constatados en los locales litigiosos imponen que los decretos de tratamiento de la insalubridad se adopten en plazos compatibles con la protección de la salud de los ocupantes, sea cual sea su estatus”. Sin embargo, aclara que no existe obligación de realojar a los “falsos inquilinos”, al tratarse de ocupantes sin derecho ni título.
El propietario ha conseguido recuperar el local, pero en un estado lamentable tras la ocupación ilegal, y no ha sido fácil, y es que en palabras del abogado, “el propietario se ve obligado a defenderse por partida doble: ante los okupas y ante la administración”.
