El problema de la okupación no se encuentra solo dentro de nuestras fronteras, los propietarios en Francia también lo sufren y ejemplo de ello es un jubilado de 95 años que después de que una pareja okupase su vivienda tuvo que pagar 17.364 euros en facturas de agua además de reparar todos los destrozos.
El anciano, según la información a la que han tenido acceso desde el medio francés ‘Figaro Immobilier’ recibió una notificación del alcalde del pueblo en la que se le informa de que su vivienda había sido okupada de forma ilegal.
A partir de este momento recurrió a la justicia para solicitar el desalojo de los mismos, pero 6 meses después de presentar la solicitud el mismo fue rechazado porque no se había podido demostrar que la pareja de okupas entrase en la vivienda usando violencia o intimidación, a pesar de que uno de ellos reconoció haber forzado la puerta del garaje.
Los okupas abandonan la vivienda dejando una gran deuda
Aunque el proceso legal no dio frutos, unos meses más tarde del rechazo del desalojo, los okupas terminaron abandonado la casa del jubilado, presionados por el abogado del mismo, pero lo que encontraron cuando tuvieron acceso a ella fue devastador para el anciano.
La casa tenía grandes desperfectos, entre ellos los sanitarios arrancados, pero además descubrieron que los okupas habían tenido abiertos los grifos durante meses, dando lugar a una factura de agua de 17.364 euros.
El anciano se puso en contacto con el Ayuntamiento para reclamar la misma, pero lejos de ayudarle con el problema le culparon por no haber tomado antes medidas frente a la okupación.
Desde el medio explican que la factura de agua no es reclamable porque según la normativa francesa el contador de agua va a nombre del dueño del inmueble, no del inquilino ni del okupa. Además, al igual que pasa en España, por ley no puede cortar el suministro de agua de la vivienda
El Ayuntamiento, por tanto, niega cualquier responsabilidad al respecto, pese a que la comunidad urbana que gestiona el suministro de agua habían hecho público que en caso de okupación sin corte de suministro, ellos se harían cargo de la factura. Ahora, sin embargo, rechazan reembolsar al propietario.
Tras intentar llegar a un acuerdo que el Ayuntamiento ha rechazado porque consideran que no que se han “aportado pruebas suficientes”, al anciano solo le queda acudir nuevamente a los Tribunales para no tener que pagar los más de 17.000 euros que los okupas han dejado a deber.
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