La okupación es un problema en auge que cada vez preocupa más a los propietarios de viviendas, y es que pese a la aprobación el pasado 26 de mayo de la nueva Ley de vivienda, los españoles no se muestran más tranquilos respecto a este tema. ¿Cuándo podré echar a los okupas de mi casa? El pasado año se cerró con más de 16.700 denuncias, lo que supone unas 45 al día, y el plazo medio para desalojarlos está aumentando, estableciéndose en 20,5 meses, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expuestos por el portal inmobiliario idealista.
Esta inseguridad jurídica que tienen los propietarios ante el aumento de los plazos para recuperar sus viviendas, está en el punto de mira del panorama político de cara a las próximas elecciones generales del 23J, con propuestas como las del PP de aplicar, como se viene haciendo en otros países europeos, los desalojos exprés.
Duración de los desalojos de okupas en España
Este plazo medio de desalojo de 20,5 meses, según los datos del CGPJ, se genera debido al que se acumula en varios procesos por los que se pasa en estas situaciones. Por una parte, con una media de 10,9 meses (frente a los 9,6 del año anterior) están los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas en los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción de lo Civil. A estos tiempos hay que sumar el de las apelaciones de las sentencias en las Audiencias Provinciales en procedimientos civiles, que el pasado año fue de una media de 9,6 meses (mayor que años anteriores, que se situaba en 8,5 meses). Estos tiempos, lejos de mejorar, se espera que sigan creciendo en 2023 por las diferentes huelgas en el sector de la justicia.
Estos datos varían además en función de las comunidades autónomas donde se encuentre la vivienda okupada. Con Castilla-León a la cabeza (31,5 meses) muy por encima de la media, al igual que lo están Andalucía, Baleares y Canarias.
Consejos para evitar los 'okupas'
El problema de la ocupación no solo repercute en el largo tiempo de espera para el desalojo, también supone gastos para los propietarios por los costes judiciales, la posterior reforma para rehabilitar la casa, o los daños materiales a vecinos y comunidad. Para evitar todo esto hay ciertas medidas preventivas que pueden tomarse:
- Instalar puertas y alarmas antiokupas.
- Tomar medidas cuando la vivienda no está habitada: no dejar las persianas totalmente cerradas o instalar temporizadores que enciendan las luces de forma periódica.
- Evitar colgar carteles de se alquila o se vende.
- No publicar en redes sociales que la casa se queda vacía en las salidas de vacaciones.
- Contratación de seguros antiokupas para dar cobertura a los gastos que se deriven de una posible ocupación ilegal.
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