Giro de 180 en los desalojos express: el Senado veta los juicios rápidos a los okupas

Los desalojos express a los okupas tendrán que seguir esperando, y es que aunque el Congreso de los Diputados aprobó el pasado 14 de noviembre una modificación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para acelerar los desahucios en casos de okupación de vivienda en situaciones de allanamiento de morada, el Senado ha tumbado la propuesta. 

Y es que según lo publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicado este 2 diciembre, el veto propuesto a esta propuesta, presentado por el Partido Popular, ha salido adelante.

De este modo los desahucios mediante juicios rápidos, en un plazo de 15 días para los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda, tardarán un tiempo más en llegar, ya que la propuesta vuelve de nuevo al Congreso de los Diputados, que podría levantar el veto de la Cámara Alta.  

Por qué el Grupo Parlamentario Popular propone el veto a los desahucios rápidos

Según lo establecido en este Boletín Oficial de las Cortes, el Grupo Parlamentario Popular (GPP) presenta el veto alejando que habría una mala técnica legislativa y falta de homogeneidad normativa, de forma que se incorporarían múltiples reformas de naturaleza heterogénea en un único texto, lo que genera confusión y dificulta su comprensión y aplicación práctica.

Además, el Consejo de Estado y otros órganos consultivos criticaron esta falta de cohesión, argumentando que cada materia debería ser tratada en textos legislativos separados para garantizar claridad y seguridad jurídica.

El Grupo Parlamentario Popular señala que el proyecto carece de un proceso adecuado de negociación y consenso con los actores implicados, incluidos profesionales de la justicia, gobiernos autonómicos y grupos parlamentarios. Consideran que la reforma se plantea de forma precipitada y sin tener en cuenta el impacto real en los plazos procesales y la organización de los tribunales.

Esta reforma podría generar contradicciones y solapamientos normativos con reformas previas o en curso, afectando la seguridad jurídica y dificultando la ejecución efectiva de los desahucios en casos de okupación. Además de que podría terminar sobrecargando los procesos judiciales.