La nueva ley de interinos podría aprobarse hoy: en qué consiste

La nueva ley de interinos podría poner su punto y seguido hoy,12 de abril de 2022, tras su aprobación en Consejo de Ministros. Se prevé que la la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, ya publicada en el BOE y promovida desde el seno del Ministerio de Educación y Formación Profesional, salga adelante este martes. Por lo que la pregunta que se hacen ahora miles de funcionarios interinos, unido a otros miles de opositores, es en qué consiste la norma liderada por la ministra Pilar Alegría.  

Para entender la legislación lo primero que hay que hacer es ponerse en contexto. El Gobierno de España adquirió un compromiso con la Unión Europea dentro del marco legal de reformas contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las directrices marcadas desde Bruselas dictan que se debe acabar con el alto índice de temporalidad en el sector público a cambio de recibir los fondos europeos.

En concreto, se debe pasar de un 30% actual a solo un 8% de aquí a finales de 2024, sobre todo, en sectores como la Sanidad y la Educación, áreas en las que se concentra el 75% de los interinos. Entre los cambios figuran que las fases de la oposición no tendrán carácter eliminatorio, que se suprimirá la parte práctica del mismo, y que los interinos pasarán a ser fijos sin necesidad de tener que examinarse, siempre que se cumplan con una serie de requisitos que se detallan a continuación.

En qué consiste la nueva ley de interinos: qué se busca conseguir desde el Gobierno

La legislación permite que pasen a ser fijos sin opositar, si llevan al menos cinco años en el mismo puesto de la Administración Pública, esto es, ocupando un puesto desde 2026, siempre y cuando se cumplan con una serie de requisitos. A esto se le añadiría completar un concurso de méritos, cuyo grado de dificultad podría variar según la comunidad autónoma. Sobre todo, en aquellas con segunda lengua oficial.

Concretamente se convertirían unas 300.000 plazas fijas en 2022. En cuanto a las fechas marcadas en el calendario, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con Yolanda Díaz al frente, adelantó a este respecto que el 1 de junio de 2022 será la fecha límite para ofertar las plazas temporales ocupadas por interinos. En este sentido, el 31 de diciembre de 2024 se deberá haber completado el proceso tanto a nivel estatal, autonómico y como en las entidades locales. 

Una circunstancia excepcional que levanta ampollas, ya que son muchas las asociaciones de interinos que consideran que se tratan de requisitos discriminatorios. Otro asunto que preocupa tiene que ver con los trienios. No obstante, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha adelantado que los mantendrán durante esos años de interinidad.

Se mantendrán los trienios

"Los años como interino se tendrán en cuenta de acuerdo con lo dispuesto en la ley de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública". Por lo tanto, aquellos postulantes que pasen a ocupar una plaza de forma indefinida contarán como mínimo un trienio acumulado, que se suma al sueldo base, aunque en la mayoría de los casos serán dos o más. 

Cuáles son los requisitos para convertirse de funcionario interino a fijo

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha redactado un texto específico, que contempla los siguientes requisitos para ello. Para que un interino puede optar a ser funcionario fijo deberán reunirse las siguientes condiciones: 

• Que hubiera estado ocupada con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.
• Solicitar a la Administración General del Estado esa plaza en la que se acumulan más de cinco años de antigüedad y superar el concurso de méritos. Tendrán que superar, además de este, otro de oposición, aquellos con tres a cinco años.
• Que sea una situación excepcional y que únicamente se acuda a este tipo de procedimientos una sola vez.
• Que cada Administración que lo aplique desarrolle su propia ley, a la que habrá que adaptarse. Se adivina en esta delegación de competencias y ejecución estatal un riesgo de desigualdad por los distintos criterios de dificultad, como las lenguas cooficiales.