En febrero de 2023, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Empleo, impulsada por el Ministerio de Trabajo. Una de sus medidas estrella era la transformación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la nueva Agencia Española de Empleo, con el objetivo de agilizar la inserción laboral, reducir las brechas estructurales de género, proteger a los colectivos de atención prioritaria y fortalecer la cohesión social y territorial en todo el país.
Sin embargo, más de tres años después, esta transformación no se ha materializado. Hoy, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha sido preguntado por esta demora, asegurando que no hay ningún elemento que impida avanzar en ella, si bien ha reconocido que “no se puede ocultar la complejidad del mismo”.
En relación a esto, durante la rueda de prensa de los datos del paro y afiliación de mayo, ha señalado que el SEPE “siempre ha sido un organismo autónomo”, por lo que su transformación en agencia supone “un vuelco histórico”. Pese a esta complejidad, he reiterado que el cambio se va a producir y que, junto a otros elementos, se va a culminar “el horizonte institucional de las políticas activas de empleo”.
No cumplirán con la Directiva salarial en plazo
Otra medida pendiente del Ministerio de Trabajo es la transposición de la Directiva Salarial Europea 2023/970. Con el añadido de que, en este caso, es una obligación que deben cumplir todos los Estados miembros de la Unión Europea. El plazo para transponerla a la legislación española finaliza el próximo 7 de junio, dentro de unos días, señalando Pérez Rey que, aunque no podrán llegar al mismo, “todos los Estados "cuentan con un plazo razonable”.
Así, ha afirmado que, siendo “una de las prioridades legislativas”, ya se ha iniciado el procedimiento con la determinación de que es “urgente” su tramitación. También ha indicado que el texto estará culminado en unos días y, una vez listo, se llevará a los agentes sociales para conocer su opinión, antes de seguir con los trámites.
Sobre los plazos, también ha expresado que se trata de una directiva que no ha sido “generalizadamente traspuesta” en el resto de la Unión Europea, por lo que España se sitúa “en una situación de mucha ventaja”.
Esta norma europea obligará a las empresas a poner a disposición de los trabajadores los criterios utilizados para determinar la retribución y la progresión salarial, teniendo derecho los empleados a recibir por escrito información sobre su nivel retributivo individual y los niveles retributivos medios, desglosados por sexo, de los trabajadores que realicen el mismo trabajo o de igual valor.
Las empresas también deberán informar en sus ofertas de empleo de la retribución inicial o la banda retributiva inicial y no podrán preguntar a los candidatos por su historial retributivo, esto es, cuánto cobraron en sus anteriores puestos.
