La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una pena de prisión de tres años y cinco meses, así como a cuatro años y tres meses de inhabilitación para empleo o cargo público, a una funcionaria del Servicio Territorial de Transportes de la Generalitat Valenciana que cobraba a cambio de tramitar tarjetas de transportes para vehículos que no cumplían los requisitos para obtenerlas.
La Sala la ha considerado autora de los delitos de prevaricación, cohecho y un delito continuado de falsedad en documento oficial, para los que aprecia las atenuantes de reparación del daño, confesión y dilaciones indebidas. El tribunal también ha acordado la suspensión de la pena privativa de libertad durante tres años, con la condición de que la mujer no vuelva a delinquir en dicho periodo y devuelva en plazos mensuales los 17.550 euros que aún debe abonar para hacer frente al decomiso del total de las ganancias obtenidas de forma fraudulenta.
La sentencia (con número de recurso 70/2023) considera probado que la funcionaria, que era jefa de negociado y tenía asignada la tarea de tramitación de los expedientes de concesión de autorizaciones de transporte para vehículos ligeros, pactó con un gestor de Valencia, con el que tenía una relación personal y profesional, repartirse beneficios obtenidos con la tramitación y obtención de determinados títulos de transporte.
Dicho gestor, también acusado en el mismo procedimiento pese a que no fue juzgado debido a que falleció con anterioridad a la celebración del juicio, había recibido una solicitud de precios y plazos para la emisión de tarjetas de transporte por parte de otra gestoría ubicada en Melilla. Esta última había experimentado un aumento considerable de clientes que necesitaban regularizar su actividad con urgencia como consecuencia del incremento de vehículos que trasladaban mercancías, desde las naves de almacenamiento de la ciudad hasta los pasos fronterizos de Marruecos, donde las cargas eran descargadas y entregadas a porteadores.
Según la resolución judicial, los vehículos de los chóferes de Melilla no cumplían con los requisitos que contemplaba la ley debido a su antigüedad, circunstancia que dificultaba la obtención de una primera tarjeta, que era indispensable para circular, y ampliar después con una tarjeta de transporte adicional, la flota.
Concedió más de 70 títulos por unos beneficios de 36.500 euros
Teniendo en cuenta lo anterior, la asesoría de Melilla supo que era más fácil obtener esos documentos en la península, por lo que consultó con otras asesorías y solicitó información de precios y plazos de expedición para trasladarlos a sus clientes. Fue así como contactaron con el gestor de Valencia, quien tras pactar con la funcionaria condenada la realización “de las maquinaciones necesarias” para la obtención de las primeras tarjetas de transporte, comunicó a la gestoría de Melilla que podrían tenerlas en un plazo “muy breve” a cambio de que le pagaran 4.000 euros por unidad.
De ese dinero, la funcionaria se quedaba con 500 euros por título tramitado y el gestor valenciano, con los restantes 3.500. De ese modo, a través de este procedimiento fraudulento, tramitó más de 70 títulos entre los meses de junio y julio de 2018, de los que obtuvo unos beneficios de 36.500 euros en total. Con anterioridad a la celebración del juicio, la mujer consignó en el juzgado 18.000 euros para hacer frente al decomiso de esas ganancias.
En cuanto a la gestoría de Melilla, la Audiencia Provincial de Valencia no ha considerado probado que ni ella ni ninguno de sus trabajadores tuvieran conocimiento de la ilegalidad de los hechos que ocurrían en Valencia. No obstante, la sentencia no es firme y se podía recurrir ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
