Yolanda Díaz acorrala a Glovo: informa a la Fiscalía de los delitos por los falsos autónomos

El Ministerio de Trabajo, liderado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, sigue en su lucha por la contratación de falsos autónomos. En una actuación más, ha estrechado el cerco sobre la plataforma online de servicios, Glovo, y ha enviado a la Fiscalía General del Estado un informe sobre las prácticas ilícitas en materia de contratación después de la Ley Riders.

En dicho informe quedan incluidos casos concretos donde la Inspección de Trabajo considera que se siguen vulnerando los derechos de estos trabajadores en materia de contratación laboral. Y es que, según indican desde dicha administración, Glovo podría estar incurriendo en delitos que van contra el propio Código Penal; por lo que las actuaciones de la Fiscalía ya podrían tener penas de cárcel para los responsables de esta plataforma.

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Por una parte, desde la Fiscalía han confirmado a El País que el pasado octubre de 2023 recibieron un informe de dicho ministerio, el cual se derivó a la Unidad de Seguridad y Salud en el trabajo. Justificando esta derivación: “por si los hechos denunciados fueran un delito contra los derechos de los trabajadores”.

Por otra parte, la empresa afectada explica que desconoce por completo esta cuestión y que no ha sido informada de ello.

¿Por qué se produce esta ‘persecución’ de Trabajo a Glovo?

Desde la anterior legislatura, el Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha una de sus medidas estrella para frenar en seco la contratación de falsos autónomos en este tipo de empresas digitales. La ‘Ley Riders’ fue aprobada en 2021, siendo esta empresa la que, según el ministerio, está ignorando esta normativa.

La cifra de multas a Glovo ya es millonaria, de más de 200 millones de euros. Yolanda Díaz alega que la contratación de sus repartidores, los reconocidos ‘riders’ sigue practicándose, a pesar de que en 2022, el Congreso aprobó una modificación del Código Penal para castigar el uso de este tipo de contratos enmascarados con penas de prisión.

Según recoge la normativa legal, las sanciones conllevan penas de cárcel de entre seis meses a seis años y una multa económica de seis a doce meses a “los que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa”.

Desde el ministerio detallan que el aviso a Glovo “era la antesala de la aplicación del artículo 311.2 del Código Penal, recientemente modificado; si estos requerimientos no fructifican, trasladaremos a la Fiscalía la documentación pertinente para que ejerza las acciones oportunas atendiendo a esta nueva regulación penal”.