En España, el sistema de pensiones permite adelantar la edad ordinaria de jubilación a cambio de aplicar unos coeficientes reductores sobre la cuantía de la pensión de por vida. Estas “penalizaciones” afectan incluso a los trabajadores con largas carreras de cotización (más de 40 años cotizados) algo que a juicio del abogado Ignacio Solsona le parece injusto.
En un video publicado en su canal de YouTube “Laboroteca”, ha explicado cómo funcionan estos coeficientes, después de que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz y el gobierno hayan rechazado eliminar estos coeficientes reductores a los trabajadores que más han cotizado, algo que reclamaba Asjubi40. Esta es una asociación que representa a más de 900.000 pensionistas en España, los cuales viven con una pensión recortada de hasta el 30% en algunos casos después de haber trabajado más de 40, 45 o casi 50 años.
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El gobierno de Pedro Sánchez descarta aprobar esta medida porque “saldría muy cara” ya que el gasto en pensiones se dispararía en 3.358 millones de euros al año. De hecho, las diferentes reformas aprobadas han buscado garantizar la sostenibilidad de un sistema que cojea. De hecho, se sostiene sobre una pata, siendo esta la del Estado. Por eso, las reformas han buscado penalizar las jubilaciones anticipadas y premiar las demoradas.
“Basta un leve ejercicio de empatía para entender que a una persona que lleva 40 años doblando el lomo, le moleste que, por anticipar su jubilación dos años se le aplique una penalización del 19% sobre su pensión para toda la vida”, relata el abogado.
Los coeficientes reductores vienen recogidos en los artículos 207 y 208 de la Ley General de la Seguridad Social y estos varían en función de la modalidad de retiro, si es voluntaria o forzosa, el total de años cotizados y los meses adelantados con respecto a la edad ordinaria.
Solsona lo explica, cómo perjudican estos coeficientes con un ejemplo en el que un trabajador con 40 años cotizados y que se quiere jubilar a los 63, es decir, dos años antes de su edad ordinaria y cuya base reguladora es de 2.000 euros. La penalización sería de 19%, por lo que su pensión inicial quedaría en los 1.620 euros y perdería cada mes 380 euros. Si este jubilado viviera 20 años tras retirarse, perdería 106.400 euros, explica el abogado.
Frente a esa pérdida, lo que gana por adelantar la edad de jubilación (cobra la pensión dos años antes) son 28 pagas (24 mensualidades más 4 extraordinarias) son 45.360 euros. “Hay una diferencia abismal entre la cifra que consigue por adelantar dos años la jubilación y la que pierde por culpa de la penalización”, apunta.
En el caso de adelantar la edad un año y medio (jubilarse a los 63 años y seis meses) el recorte baja al 8,4%, unos 168 euros mensuales, una pérdida ya más cercana a lo que se ingresa por cobrar antes. Esto es algo en lo que coincide con Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social.
Cobrar el subsidio de los 52 años perjudica aún más
“La situación se agrava para aquellas personas que están desempleadas”, señala Solsona, haciendo referencia a quienes cobran el subsidio para mayores de 52 años, la prestación del SEPE que se cobra hasta la edad de jubilación, cotiza para la pensión y la cuantía es de 480 euros al mes.
Quienes deciden jubilarse y adelantar la edad hasta cuatro años, siendo esta de manera involuntaria (ajena a su voluntad), el recorte sobre la cuantía será del 28%, aunque variará en función de los años cotizados. Solsona coge el ejemplo anterior y explica que en estos casos la pensión se desplomará hasta los 1.440 euros, por lo que perderá 560 euros menos al mes. En veinte años sería 156.800 euros, frente a los 80.640 euros que ingresa por empezar a cobrar la pensión cuatro años antes.
Con estas cuentas y teniendo en cuenta que la esperanza de vida se sitúa entre los 80 y los 85 años según sea hombre o mujer, el abogado deja un reflexión incomoda para aquellos que se plantean dejar de trabajar antes de la edad ordinaria. “Las penalizaciones por anticipar más de un año y medio la jubilación son ciertamente injustas”, mantiene Solsona, porque quien lo hace “va a sufrir a largo plazo una pérdida económica mayor del beneficio que supone adelantar su pensión”.