El Ministerio de Seguridad Social mantiene bloqueada desde hace más de dos meses la fórmula que debe garantizar la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones Públicas, según denuncian CCOO y UGT, que califican la parálisis de injustificable e intolerable. Los sindicatos acusan al departamento que dirige Elma Saiz de no aprobar mediante Real Decreto-ley un acuerdo que, sostienen, ya quedó consensuado con el pacto firmado el pasado abril sobre el acceso a la jubilación parcial del personal laboral de la Administración General del Estado.
Las organizaciones sindicales, según recoge Europa Press, mantienen que existe una fórmula clara y viable para hacer efectivo este derecho, que contempla que el contrato de relevo regulado en el artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) pueda cubrirse con personal temporal o interino. No existe, según su criterio, ningún impedimento técnico ni jurídico que justifique seguir retrasando la aprobación. El bloqueo, sostienen, no tiene justificación.
Ambos sindicatos critican que numerosos empleados públicos vean negado en la práctica un derecho que ya tienen reconocido. Esa situación, denuncian, genera incertidumbre, frustración y perjuicios personales y laborales que califican de totalmente evitables.
Reclaman aprobar la medida por Real Decreto-ley
CCOO y UGT advierten de que, si la Seguridad Social no desbloquea la situación, pedirán a la Secretaría de Estado de Función Pública que impulse la aprobación urgente de la jubilación parcial del personal laboral mediante Real Decreto-ley.
Reclaman, además, una vía equivalente para el personal funcionario, estatutario y para el resto de empleados sometidos a Derecho administrativo. Su regulación sigue paralizada dentro del Proyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado.
Amenaza de movilizaciones y acciones judiciales
Las dos organizaciones consideran inaceptable que los derechos de los empleados públicos queden atrapados por los bloqueos parlamentarios y las disputas políticas. Por ello exigen retirar esta materia del proyecto de ley y regularla en una norma urgente que garantice el acceso a la jubilación parcial para todo el personal de las Administraciones Públicas.
De no obtener respuesta, CCOO y UGT avisan de que retomarán las movilizaciones, sin descartar acciones judiciales, hasta alcanzar una solución definitiva. Denuncian que la paralización unilateral de la jubilación parcial ha supuesto, según sostienen, un atropello para los trabajadores afectados.