El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha reclamado que se refuercen de manera inmediata las políticas salariales y sociales para hacer frente a la inflación con propuestas tan claras como la de una nueva ayuda de 300 euros para los hogares que tengan menos ingresos. “Los precios seguirán incrementándose y esto requiere una subida de los salarios para evitar que la gente vuelva a pagar los platos rotos”, ha dicho.
Sordo ha hablado en una de las asambleas que el sindicato está llevando a cabo por toda España para analizar el contexto político y económico actual y con las que se movilizarán entre 20.000 y 25.000 delegados. Las prioridades, como apunta Europa Press, son la mejora de los salarios, el acceso a la vivienda y las medidas de conciliación laboral.
Ha destacado que las tensiones geopolíticas, en particular la guerra de Oriente Medio, están provocando un alza de los precios, lo que recuerda cada vez más a la crisis inflacionaria vivida tras la invasión rusa de Ucrania. “Entonces las empresas pudieron salvaguardar sus márgenes pero los salarios no subieron lo suficiente y ahora no puede pasar lo mismo”.
Un “impuesto negativo” que haga llegar ayudas a las familias con menos ingresos
CCOO ha planteado combinar la negociación colectiva con medidas públicas como la implantación de lo que ha llamado “impuesto negativo” al IRPF que permitiría transferir 300 euros a unos diez millones de familias con las rentas bajas. El coste que se estima es de unos 3.000 millones de euros y sería “asumible y necesario” para amortiguar el impacto dela inflación.
Este diagnóstico es la respuesta a un problema de “deterioro” que se sostiene en el tiempo. “Hay 11 millones de personas asalariadas con los sueldos estancados”, ha señalado, matizando que afrontan “el incremento de los costes de la cesta básica y el aumento del precio de la vivienda, que es insoportable”.
“Nadie debería pagar más del 30% de su sueldo en vivienda”
El acceso a la vivienda es el segundo eje de las reivindicaciones, ya que Unai Sordo ha pedido un acuerdo entre administraciones que indique que ningún hogar tenga que destinar más del 30% de sus ingresos a este gasto. Para ello, ha planteado medidas como la construcción de millones de viviendas asequibles en una década, limitaciones a los alquileres en zonas tensionadas o movilizar viviendas vacías.
Según los datos que ha presentado, hay 700.000 viviendas desocupadas en municipios de más de 100.000 habitantes que deberían penalizarse fiscalmente si permanecen cerradas para especular. Además ha reclamado que haya más inversión pública en vivienda llegando al 1% del PIB, más del doble que el actual.
Ha pedido que las Comunidades Autónomas en las que gobierna el PP se impliquen ya que “no pueden ponerse de perfil” ya que la solución es “institucional”.
Denuncia la “demonización” de quienes no pueden pagar el alquiler
En el plano político, el líder sindical ha criticado la posible no convalidación del decreto de prórroga de alquileres en el Congreso, y ha calificado de “impresentable” la situación. Denuncia la “demonización” de las personas que tienen dificultades para pagar el alquiler.
“Da la sensación de que quienes no pueden pagar son poco menos que delincuentes”, ha resaltado, criticando lo que es una “deriva antidemocrática” en el debate público de la vivienda.