El mercado laboral español cerró el mes de mayo con un nuevo máximo histórico al superar los 22,3 millones de afiliados, tras sumar 231.975 nuevos cotizantes a la Seguridad Social y reducir el paro en 36.323 personas. Sin embargo, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha alertado de que, tras estas cifras, impulsadas por el inicio de la campa de verano, se esconde un grave problema estructural: las empresas tienen grandes dificultades para cubrir sus vacantes mientras siguen existiendo más de 2,3 millones de parados, la tasa de desempleo más alta de Europa.
Ante esta paradoja, la patronal ha denunciado las limitaciones de las actuales políticas activas de empleo, señalando que su enfoque no está logrando rentabilizar la inversión de los recursos públicos. Para la patronal, es “imprescindible” reforzar estas políticas, con especial atención a la orientación laboral y la formación continua, elementos que tachan de “clave” para afrontar los retos derivados de la transformación digital, ecológica y demográfica.
Analizando los datos de empleo y afiliación, la CEOE también ha mostrado su preocupación por el papel de las pymes. Las grandes empresas se han consolidado como el principal motor en la creación de puestos de trabajo, mientras que las microempresas continúan perdiendo peso y reducen su participación en el empleo al 17,7% del mes de abril (último dato disponible), desde el 21,6% registrado en 2019. Según alerta la patronal, con datos de cierre de 2019, el número de empresas de hasta nueve trabajadores se ha reducido en 19.220.
Teniendo en cuenta la estructura del tejido productivo español, integrado mayoritariamente por pymes y micropymes, la CEOE ha marcado de “prioritario” su fortalecimiento y protección, para lo que hay que “evitar la introducción de mayores costes, cargas fiscales o rigideces normativas, que puedan afectar negativamente a su competitividad” (unos sobrecostes sobre los que se ha manifestado, en sentido contrario, Unai Sordo, el secretario general de CCOO).
En su lugar, la patronal aboga por garantizar “un entorno institucional estable, basado en la seguridad jurídica y la certidumbre”, que han señalado de “imprescindible” para impulsar la inversión, la innovación, la productividad y la creación sostenida de empleo.
