La condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha puesto de actualidad los derechos laborales y las obligaciones de los funcionarios y qué pasa cuando uno de ellos es inhabilitado para su puesto de trabajo. La sentencia trae consigo que el hermano del líder del Ejecutivo quede fuera del sector público durante nueve años.
Además, afecta de manera directa a la pensión de jubilación, la antigüedad profesional (los trienios) y los derechos laborales que ha estado sumando durante el tiempo en que ha estado en activo. La inhabilitación especial termina con la relación laboral entre el empleado y la administración, y ahora tendrá que buscar empleo en el sector privado.
La pensión es uno de los aspectos que más sufre, porque cuando un funcionario es inhabilitado no pierde el derecho a cobrar la pensión pero afecta a la interrupción de la vida laboral. Esto es porque la condena no borra los años cotizados pero deja de añadir más por lo que podría reducir el cobro de la nómina de la jubilación.
Por ejemplo, Sánchez ahora no podrá cotizar como empleado público durante nueve años por lo que podría afectar al cobro de la futura prestación.
La antigüedad se suspende de forma definitiva
Uno de los aspectos más valorados por alguien que acaba de conseguir su plaza como funcionario es la antigüedad. Porque ir sumando años al servicio de la administración tiene una compensación económica en lo que se conoce como trienios. Cuando el funcionario es inhabilitado, la antigüedad deja de contar y pierde cualquier derecho inherente al puesto que desempeñaba.
En el caso en que quiera regresar a la administración una vez que termina la condena, tendrá que hacerlo como si fuese el primer día, empezando desde abajo. No tiene antigüedad ninguna, tampoco complementos y no conserva preferencia a la hora de reincorporarse.
Según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), que se puede consultar en este enlace, durante el tiempo en que esté inhabilitado no generará nuevos trienios.
El BOE confirma que la pensión de jubilación podría recortarse
La inhabilitación no hace desaparecer los años de servicio o las cotizaciones de los servicios que se han prestado antes de la condena ya que podrán seguir siendo contabilizados para calcular la pensión de jubilación. Pero al dejar de trabajar para la administración se deja de cotizar por lo que se podría tardar más en reunir el periodo mínimo exigido por ley, acumule menos años de cotización o cobre una pensión más baja.
Los que estén en el Régimen General, se tendrá en cuenta las bases y periodos cotizados efectivamente, mientras que en las Clases Pasivas se computan los años de servicios efectivos al Estado, por lo que el tiempo que esté fuera por inhabilitación no computa.
El funcionario pierde su condición respecto a todos los cargos
El TREBEP establece que si la sentencia firme impone una inhabilitación absoluta, el funcionario pierde su condición respecto a los empleos y cargos públicos que tenga. En el caso de que la inhabilitación sea especial, la pérdida afecta al empleo o cargo identificado en la sentencia.
Supone dejar de tener los derechos ligados a este puesto como son el salario, los complementos, los permisos, vacaciones, promoción, carrera profesional, reserva del puesto o participación en procesos de promoción interna. No podrá acceder a los empleos públicos que han sido afectados por esta inhabilitación.
Esto no quiere decir que no pueda trabajar, pero deberá hacerlo en una empresa privada. Una vez cumplida la pena no se recupera el puesto, deberá comenzar de cero y la administración valorará las consecuencias y la gravedad del motivo por el que fue inhabilitado.
