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La paga extra de las pensiones ya cuesta casi 27.000 millones

La factura crece por las nuevas jubilaciones del 'baby boom', que ya cobran un 49% más que el salario más frecuente en España.


La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz |EFE
Francisco Miralles
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El Estado ha tenido que desembolsar casi 27.000 millones de euros este mes para poder pagar las pensiones, una cifra que refleja la presión sobre la caja de la Seguridad Social. El gasto se ha casi duplicado por la paga extraordinaria, equivale ya al 46,5% de todos los ingresos por cotizaciones recaudados hasta abril y supone el 25% de la recaudación tributaria de los primeros cuatro meses del año. Hasta la fecha, nunca antes el público había tenido que afrontar un desembolso de este calibre en tan poco tiempo.

Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la factura, desglosada en 13.563 millones de la nómina ordinaria y 13.213 millones de la paga extra, se dispara a medida que entran en el sistema los primeros jubilados del 'baby boom' (los nacidos entre 1958 y 1975 y que ahora empiezan a jubilarse).

De esta forma, la Seguridad Social abona ya 10,3 millones de prestaciones a 9,3 millones de beneficiarios (esto es así, ya que hay pensionistas que cobran dos pensiones a la vez), y cada mes que pasa la brecha entre lo que se recauda y lo que se paga se hace más grande. Si se compara con la recaudación estimada hasta junio (66.756 millones), la paga extra de este mes consume cerca del 40% de todo lo ingresado por cotizaciones en la primera mitad del año.

Con estos datos, tanto Bruselas como el FMI han empezado a elevar el tono en los últimos meses al advertir sobre el agujero creciente en las cuentas de la Seguridad Social. “El sistema sigue dependiendo de transferencias públicas para tapar el déficit”, han alertado en sus informes, mientras el Gobierno sigue inyectando dinero a través de los Presupuestos Generales. Hasta abril, las transferencias estatales para enjugar el déficit alcanzaron los 13.444 millones de euros, un 37,3% más que en el mismo periodo de 2023. Desde el Ejecutivo evitan concretar el déficit total previsto para este año, pero las alarmas están encendidas en Bruselas y en Madrid.

Evolución de la nómina de las pensiones

Y llegan, debido a la llegada masiva de nuevos jubilados con carreras largas y bases de cotización más altas, que hace multiplicar aún más si cabe esa presión. El colectivo más numeroso, los jubilados del régimen general, cobra ya una media de 1.656 euros al mes, en catorce pagas. Si mirado a los datos, este importe es un 49% superior al sueldo más frecuente en España, que apenas llega a 1.112 euros mensuales.

Es decir, que si la pensión media de jubilación está en los 1.505 euros y la paga media del sistema (la que engloba todas las prestaciones como las de jubilación, la de viudedad o incapacidad permanente) es de 1.311 euros, dejan clara una brecha salarial que no deja de crecer. Hoy, millones de pensionistas superan con holgura la renta de los trabajadores en activo, especialmente los más jóvenes y los que cobran el salario mínimo.

Para el Gobierno, la solución pasa por aumentar la dependencia del sistema público de las transferencias estatales, disparando la factura a costa del contribuyente. El ritmo de crecimiento del gasto es muy superior al de los ingresos por cotizaciones, que suben apenas un 7% anual. Por lo que, ni la reforma de las pensiones ni las mejoras fiscales han resuelto el problema de fondo, que es que el sistema necesita cada vez más dinero externo para no quebrar.

Díaz negocia el encarecimiento de los despidos, pero lo pospone a 2026

En paralelo a la tensión financiera de las pensiones, el Gobierno intenta calmar a Bruselas con otra reforma y que es, el endurecimiento de los despidos. Esta llega, tras el fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales que da la razón a CCOO sobre la insuficiencia de las indemnizaciones por despido improcedente en España, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que su objetivo es “cumplir la Carta Social Europea sin excusas”.

Díaz recuerda que la reforma del despido figura en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar, pero admite que las negociaciones están en punto muerto. “Será una realidad”, afirma, pero traslada el debate a 2026, una vez constatada la falta de apoyos tanto en la patronal como en el Congreso, donde Junts ha anunciado su rechazo. Mientras, la CEOE y los sindicatos esperan movimientos, pero el principal campo de batalla sigue siendo la reducción de la jornada laboral, otra promesa que languidece en el cajón.