Acceder a una vivienda en España cada vez se considera más un privilegio de unos pocos debido a que el precio de la vivienda no para de alcanzar récords en nuestro país. Y ya no sólo se refiere a la compra de inmuebles, sino también al alquiler, donde el mercado está cada vez más tensionado también.
Poder alquilar un piso en España es algo que se está haciendo cuesta arriba debido sobre todo a la subida de precios también y al miedo o la desconfianza, ya que los mismos propietarios ahora temen que un inquilino se pueda declarar vulnerable y que por tanto no pague sus cuotas. Este fenómeno es el que ha analizado el economista Gonzalo Bernardos, que no es la primera vez que habla de los inquilinos vulnerables, indicando que en Cataluña por ejemplo un desahucio puede alargarse hasta 23 meses, un proceso judicial que se alarga bastante con impagos de por medio. Esto, sin duda, condiciona lo que deciden los propietarios.
Los propietarios son conscientes de que, si el inquilino se encuentra en una situación de vulnerabilidad, el proceso para recuperar la vivienda en caso de impago puede alargarse durante mucho tiempo. “Los dueños saben que si alguien es vulnerable van a tardar mucho en sacarlo del piso en el caso de que no pague”, explica. Por eso, muchos arrendadores seleccionan cuidadosamente a los candidatos antes de alquilar, descartando perfiles que puedan generar dudas y priorizando la seguridad en el cobro por encima de cualquier otro aspecto.
Requisitos económicos cada vez más duros
Esta situación se refleja en unas condiciones de acceso al alquiler cada vez más estrictas. En ciudades como Madrid o Barcelona, numerosos propietarios ya exigen ingresos mínimos de entre 2.000 y 2.500 euros al mes. Una barrera que no solo está relacionada con el elevado precio de las rentas, sino también con el intento de los caseros de protegerse frente a posibles problemas legales.
Solo accederán al alquiler personas vulnerables
Pero la gran cuestión es quién entra dentro de la categoría de vulnerable. Según Bernardos, "se considera vulnerable a quien ingresa alrededor de 1.600 euros o destina más del 30% de sus ingresos a vivienda y suministros". Esto provoca que una gran parte de la población quede automáticamente excluida del mercado del alquiler.
Las consecuencias de este fenómeno van más allá. La oferta de viviendas disponibles se reduce, los precios siguen aumentando y acceder a un alquiler resulta cada vez más complicado. Así, el mercado se divide entre quienes cuentan con ayuda familiar o ahorros suficientes para dar el salto a la compra y quienes quedan atrapados en un acceso cada vez más limitado a la vivienda.
En este escenario, muchas personas de entre 30 y 40 años empiezan a reconsiderar sus planes. Cuando la diferencia entre pagar un alquiler o una hipoteca es cada vez menor, la compra comienza a percibirse como una alternativa más atractiva.
