Unión Sindical Obrera (USO) ha presentado los nuevos objetivos y retos a los que se enfrenta este año 2026 y los sucesivos. Son las conclusiones extraídas tras la celebración de su XIII Congreso, un acto en el que han primado las iniciativas relativas al mercado de trabajo como la de endurecer el coste de despido o una reducción de la jornada laboral a 35 horas en un primer momento para pasar a 32 horas dentro de diez años.
El sindicato va a plantear una ofensiva legal con la que conseguir que se endurezca tanto el despido individual como los colectivos (ERE) y exige que se obligue a las empresas a pagar indemnizaciones que sean “disuasorias” y que cumplan con la Carta Social Europea. Pedirá que se recuperen los salarios de tramitación que considera “esenciales para proteger a los trabajadores que han sido despedidos de modo injusto”.
Joaquín Pérez, secretario general de USO, ha apuntado en un comunicado remitido a los medios que “es urgente perseguir el fraude laboral que está asociado al abuso de la temporalidad y al uso indebido del contrato fijo discontinuo”. Por eso, propone que se unifique la contratación en una única modalidad estable, con refuerzo de la Inspección de Trabajo a la que se le deben dar más recursos para sancionar la mala praxis empresarial.
Garantizar el derecho a la desconexión digital
Entre los propósitos que contempla el sindicato se encuentra, además de una reducción de la jornada laboral, la limitación de las jornadas partidas garantizando el derecho real a la desconexión digital. Uno de los problemas es que la digitalización está cambiando por completo el trabajo pero también la gestión de las plantillas y debería limitarse los algoritmos.
Por eso, han pedido a las empresas que sean transparentes, que consulten a los sindicatos y recuerdan al Gobierno la necesidad de que a los repartidores y trabajadores de las plataformas se les incluya en el Estatuto de los Trabajadores.
Todos los convenios deberán incluir cláusulas de garantía salarial
La subida de la inflación está trayendo un aumento de los costes en elementos tan básicos como la cesta de la compra, la electricidad o los carburantes. Por eso, USO pide que en todos los convenios colectivos se contemplen cláusulas automáticas de revisión salarial que estén vinculadas a la evolución del coste de la vida que va ligado al IPC. Propone una reforma legislativa para que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se actualice anualmente de manera automática y equivalga al 60% del sueldo medio español.
Además plantea eximir de pagar el IRPF y de las retenciones a las rentas del trabajo que no superen el importe del salario mínimo. También busca que se unifiquen las escalas de gravamen para que las rentas de capital tributen bajo las mismas reglas y las exigencias que los ingresos derivados del esfuerzo de los trabajadores.
Considera, así que la única manera de que se blinde el empleo frente a las crisis es superando la dependencia del sector servicios de baja cualificación mediante una reindustrialización inteligente.