La Unión Europea ha decidido adelantarse a los problemas y dar un giro radical a sus políticas de empleo. Bruselas ha dado luz verde a una profunda reforma del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para proteger a los empleados que están en la cuerda floja.
Y es que, hasta hace bien poco, estas inyecciones de capital solo llegaban cuando la tragedia ya era inevitable y la gente tenía la carta de despido en la mano. Por lo que, con este movimiento normativo, las instituciones europeas han puesto sobre la mesa un mecanismo para actuar de forma preventiva frente a las dolorosas reestructuraciones de plantilla.
Actuar antes de que ocurra la tragedia laboral
Tal y como recoge el texto oficial del reglamento europeo, el gran cambio es que ahora se va a socorrer a lo que la ley ha definido como el "trabajador afectado por un despido inminente". Es decir, a aquellas personas cuyas empresas ya han comunicado oficialmente recortes, cierres o despidos colectivos, pero que todavía siguen acudiendo a su puesto de trabajo.
Sin embargo, en lugar de esperar a que engrosen las listas del paro, la UE ha habilitado este fondo de emergencia para intervenir durante ese periodo de total incertidumbre. Aunque antes el FEAG era un recurso que solo actuaba a toro pasado, ahora busca que los trabajadores ganen un tiempo valiosísimo, ya que esto les da una red de seguridad mientras su sector se ve sacudido por los estragos de la globalización, la digitalización o los ambiciosos objetivos de la transición ecológica.
Cursos, reciclaje y un empujón de hasta 22.000 euros para emprende
¿Y en qué se traduce todo esto para el bolsillo del empleado? Pues resulta que estos fondos no están pensados para pagar pensiones ni para sustituir al tradicional subsidio de desempleo, ya que el FEAG prohíbe expresamente financiar medidas de protección social pasivas. Por lo que todo el dinero se destinará a políticas activas que den resultados reales.
Concretamente, el paquete de ayudas costeará programas a medida de formación, reciclaje profesional en nuevas tecnologías, tutorías personalizadas y orientación laboral intensiva. Pero la cosa no se queda en simples cursillos. Y es que la normativa comunitaria contempla medidas económicas muy potentes, como inversiones directas de hasta 22.000 euros por beneficiario para aquellos que decidan dar el salto, montar su propio negocio, establecerse por cuenta propia o incluso agruparse para comprar la empresa en la que trabajan. Asimismo, se han incluido complementos como dietas, subsidios de movilidad y ayudas para pagar servicios de asistencia familiar para que los trabajadores puedan volcarse en su reinserción laboral.
La barrera de los 200 empleados y las grandes crisis
Eso sí, para que un país pueda tocar a la puerta de Bruselas y pedir este dinero, deben cumplirse unos requisitos muy tasados. Tal y como dicta el reglamento, como norma general se exige que haya al menos 200 trabajadores afectados por estos recortes en una única gran empresa (incluyendo de paso a sus proveedores directos), o bien en varias pymes de un mismo sector y región que estén pasando por el mismo bache.
Por lo que no estamos ante una ayuda diseñada para despidos puntuales o individuales, sino para crisis estructurales de gran calado. De hecho, a diferencia de otros mecanismos como el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) que buscan mejorar el empleo general a largo plazo, el FEAG se ha diseñado como un instrumento de choque a corto plazo para reaccionar rapidísimo ante despidos masivos.
Quién asume los quehaceres y reparte el presupuesto
Quienes organizan todo este papeleo son las autoridades nacionales o regionales de cada país (en nuestro caso, los servicios autonómicos y estatales de empleo). Ellos son los que han asumido el reto y quienes deben solicitar el apoyo a Europa en un plazo exprés de doce semanas desde que saltan las alarmas por un despido colectivo.
Para financiar todos estos quehaceres, la Unión Europea ha reservado un jugoso presupuesto anual de 210 millones de euros fijado para el ciclo 2021-2027. Y es que Bruselas no lo paga absolutamente todo, pero casi: asume entre el 60 % y el 85 % de los costes de estos proyectos de rescate, que por norma general tienen una duración de dos años. Con todo esto, Europa ha dejado muy claro que no quiere dejar tirados a sus trabajadores en plena tormenta de transformación del mercado laboral.