El Gobierno de Sánchez ha vetado la tramitación en el Congreso de los Diputados de un cambio legal solicitado por el Partido Popular (PP) y Junts para que los mutualistas que ya contasen con el periodo mínimo para acceder a la pensión de jubilación en la Seguridad Social también pudieran traspasar esos derechos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), una medida que afecta a 47.000 personas.
Es una enmienda que los dos partidos habían acordado para la proposición de ley que desarrollara una pasarela gracias a la que los colegiados mutualistas podrán transferir sus derechos económicos acumulados al RETA. El objetivo es que todos los mutualistas estén en el régimen de autónomos a partir de 2028 de modo que se evite el perjuicio que les ha conllevado estar en el régimen de mutualidades.
La enmienda no se llegará a debatir porque el Gobierno se ha acogido a la potestad del artículo 134.6 de la Constitución para vetar el trámite de propuestas legislativas con alto impacto presupuestario. Y esta según aparece en el escrito recogido por Europa Press, costaba 5.204 millones de euros.
Otras reformas vetadas por el Gobierno
Vox había presentado otra enmienda con la que se pretendía que cualquier persona que hubiera sido mutualista en algún momento, incluidos los pasivos, jubilados o beneficiarios se pudieran beneficiar de la pasarela al RETA, pero también ha sido vetada.
PP y Junts habían pactado reformas legales en el marco de esta norma pero tampoco saldrán adelante. Entre ellas, la obligación de fijar un plazo máximo de 3 meses desde la aprobación de la Ley para el desarrollo reglamentario de la transferencia de los derechos de las mutualidades al RETA.
El Gobierno ha respondido señalando que la fijación de un plazo de tres meses es una limitación significativa teniendo en cuenta la enorme complejidad de lo que se está regulando.
Extender el límite de mutualidades más allá de 2028
Ambos partidos pretendían con otra enmienda transaccional que se extendiese el régimen de mutualidades más allá de 2028 y equipararlo al RETA. En este caso, se ha expuesto que la medida supone una contradicción, con uno de los objetivos principales de la proposición de ley que es terminar con la alternancia entre las mutualidades y el RETA.
El Gobierno señala que para una carrera media de cotización de 30 años harían falta 105.000 euros de constantes de menores ingresos por cada profesional colegiado que se afiliase al RETA.