La Ley de Bienestar Animal (Ley 7/2023) prohíbe por completo la reproducción de cualquier animal de compañía si el dueño es un particular. Con esta medida, el Gobierno busca frenar las camadas descontroladas y acabar con el abandono y la venta ilegal de mascotas.
"Para ellos es maltrato y para mí no"
La aprobación de esta ley generó un enorme revuelo y confusión entre los amantes de los animales y los comercios del sector. En su momento, el programa Espejo Público recogió el testimonio de los primeros afectados.
Andrés, un criador particular de perros y miembro del Club del Pastor Alemán, mostraba su última camada en el garaje de su casa bajo una luz de calor. "Tú puedes tener el perro en tu casa, pero no vas a poder criar con él. Para poder criar necesitas tener un núcleo zoológico, darte de alta en un registro de criadores y hacerte autónomo", explicaba.
El hombre defendía que los particulares también cuidan bien a los animales: "Se persigue el abandono y el maltrato animal, pero ellos ven maltrato donde algunos no lo vemos. "El criar de una manera controlada, cuidando tus perros en tu casa, para ellos es maltrato y para mí no".
Por su parte, los comerciantes de mascotas también vivieron el cambio con miedo. Rubén, dependiente de una tienda de animales que veía cómo se vaciaban sus jaulas, advertía del golpe económico: "Nadie puede estar en contra del bienestar animal, el problema es qué consecuencias va a traer la ley a la industria y al comercio. Hay muchos miles de familias que dependemos de este tipo de cosas".
El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge esta prohibición en dos artículos específicos:
- Obligación de control (Artículo 26.d): Los dueños tienen que poner todas las medidas necesarias para evitar que sus mascotas se reproduzcan. El texto aclara que la cría "solo podrá ser llevada a cabo por personas inscritas en el Registro de Criadores de Animales de Compañía".
- Prohibición total (Artículo 27.k): La ley prohíbe expresamente "la cría e intento de reproducción" por parte de cualquier persona que no sea un criador oficial registrado.
Para cumplir con esto, la ley obliga a esterilizar a todos los gatos antes de que cumplan los 6 meses de edad, salvo que estén registrados como reproductores. En el caso de los perros, exige una vigilancia total para evitar embarazos no deseados.
Castigos de hasta 50.000 euros por tener cachorros en casa
El régimen sancionador de la ley considera la cría ilegal como una infracción grave o muy grave. Los castigos económicos se dividen según la intención del dueño:
- Infracción grave (de 10.001 a 50.000 euros): Se aplica al particular que permite que sus mascotas tengan crías en casa, aunque sea sin intención de vender los cachorros (por ejemplo, para regalarlos a familiares).
- Infracción muy grave (de 50.001 a 200.000 euros): Se aplica si el ciudadano monta un criadero ilegal en casa, tiene animales criando de forma masiva o vende los cachorros de forma continua ganando dinero negro fuera de las tiendas autorizadas.
¿Qué pasa si ocurre un descuido?
Si una perra se queda embarazada por un accidente puntual, se debe avisar inmediatamente a las autoridades de tu comunidad autónoma para registrar la camada de forma excepcional. Si se oculta el nacimiento y se descubre, se podría recibir una sanción por negligencia por parte de la policía que iría desde los 500 hasta los 10.000 euros.
Aunque las autoridades no van entrando casa por casa para ver si una mascota ha tenido cachorros, la policía cuenta con una herramienta muy eficaz: las redes sociales y las plataformas de segunda mano.
Agentes del SEPRONA (el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) y las policías autonómicas vigilan activamente páginas como MilAnuncios, Facebook e Instagram. La inmensa mayoría de las denuncias actuales ocurren porque los particulares cuelgan fotos de los cachorros para venderlos o regalarlos diciendo frases como "los regalo, solo pido la voluntad por los gastos del veterinario". La ley persigue esto como comercio encubierto.
Aunque las protectoras y la policía han multiplicado las denuncias, las comunidades autónomas sufren un gran atasco administrativo, por lo que muchas sanciones todavía están en fase de recurso antes de convertirse en multas definitivas.
