La entrada en vigor del Real Decreto 893/2024 ha abierto un nuevo frente en el sector del empleo doméstico en España. La norma, que obliga a los empleadores a realizar una evaluación de riesgos laborales en aquellos hogares con trabajadoras domésticas contratadas, nace con el objetivo de equiparar sus derechos con los del resto de asalariados. Sin embargo, su aplicación ha generado desconcierto entre miles de familias y ha desatado críticas por la complejidad administrativa que implica.
El procedimiento obliga al empleador a acceder a una plataforma oficial, introducir los datos del domicilio y detallar las tareas desempeñadas por la empleada del hogar. A partir de esa información, el sistema genera un “Plan de Prevención de Riesgos Laborales” que ambas partes deben firmar y conservar ante posibles inspecciones. El documento incluye aspectos tan cotidianos como el peso del aspirador, la altura de la tabla de planchar o los riesgos eléctricos en la cocina.
La medida afecta a un colectivo especialmente vulnerable, ya que según recoge ‘Magas’, más de 378.000 personas están afiliadas al sistema especial de empleo doméstico, en su mayoría mujeres mayores de 40 años y, en un 69%, extranjeras o con doble nacionalidad. No obstante, la Encuesta de Población Activa sitúa la cifra real en torno a las 540.000 trabajadoras, lo que evidencia la persistencia de una amplia bolsa de empleo irregular.
El Gobierno defiende la iniciativa como una “medida de justicia social” destinada a corregir una desigualdad histórica, ya que este sector ha sido tradicionalmente uno de los más precarios del mercado laboral español y se ha comenzado a equiparar derechos con el resto de trabajadores en los últimos años, como que las empleadas del hogar obtuvieron acceso a la prestación por desempleo en 2022 tras años de reclamaciones y después de varias advertencias de las instituciones europeas a España.
El malestar de las familias ante la nueva norma
Pero la reacción entre parte de los empleadores no ha tardado en salir a la luz. La asesora financiera María Pilar, vinculada a ‘Dancausas Asesores’, resume en su perfil de redes sociales el malestar de algunos hogares. “Así lo único que conseguirán es que nadie las contrate”, asegura, reflejando una percepción cada vez más extendida entre familias de renta media que consideran que la acumulación de obligaciones administrativas y costes laborales hace cada vez más difícil mantener estos contratos dentro de la legalidad.
En su intervención, insiste en que no cuestiona la cotización de las empleadas del hogar, sino la carga añadida que supone aplicar una prevención de riesgos laborales dentro de una vivienda particular. “Me parece fantástica y deberían estar todos contratados”, afirma sobre la obligación de cotizar a la Seguridad Social. Sin embargo, critica que ahora también haya que contemplar riesgos vinculados a tareas cotidianas.
“Yo cuando paso el aspirador en mi casa, evidentemente tengo cuidado de no tropezarme con el cable o que el palo de la escoba o de la fregona sea más largo para que no me duelan las lumbares. ¿Qué ocurre? ¿Que le tengo que hacer una prevención porque lo que a mí no me vale no le vale a la persona que trabaja en mi casa?”
En este sentido, la asesora considera excesivo trasladar al ámbito doméstico exigencias propias de otros sectores. “Yo entiendo que en la obra, en la construcción, la prevención es superimportante, pero en una empleada de hogar es mi casa”, sostiene mientras ironiza sobre aspectos como “a qué altura le tengo que poner la tabla de planchar”.
