El trabajador que ocupaba un puesto como coordinador, intentó anular el despido alegando que las cámaras no podían usarse para sancionarle y que no fue escuchado antes del despido, lo que vulneraba sus derechos.
También se puede pedir para hijos mayores u otras personas siempre existan necesidades reales de cuidado, aunque no se trata de una adaptación “a la carta”.
El sindicato denuncia este jueves la sobrecarga de trabajo, falta de conciliación y salarios bajos en un sector que afronta ahora sus mayores picos de ventas del año.
El TSJ de Madrid declara extinguido el contrato, ya que sufrió una modificación sustancial de condiciones "desproporcionada”, pasando de dirigir un equipo audiovisual a vender ropa en tienda, perdiendo más de 36.000 euros anuales.
Los trabajadores alegaron que el despido debía ser improcedente porque estaban afiliados a CCOO y se había incumplido el trámite de audiencia previa, pero para la justicia sí se realizó.
El Alto Tribunal explica que, según la Ley 15/2022, tras agotar la duración máxima de incapacidad temporal y no obtener la permanente, no se puede extinguir el contrato por motivos de salud sin realizar "ajustes razonables”, ya que es discriminatorio.
La ruptura del precontrato le privó de un empleo estable y del salario que habría percibido de haberse respetado la oferta, que era superior al de su anterior trabajo.
El Alto Tribunal aclara que la empresa se limita a cumplir con la obligación de suspender la cotización, sin que la entrega del finiquito implique necesariamente la voluntad de extinguir la relación laboral.
Para la justicia, no quedó acreditado el acoso laboral que denunciaba la gerente del supermercado, por lo que rechazaron concederle la extinción de contrato con indemnización como solicitaba.
Este permiso es retribuido pero la empresa lo consideró como faltas injustificadas porque tenía días de asuntos pendientes de disfrutar. Ahora deben abonárselos con intereses.
El trabajador alegó que la empresa no había acreditado que actuó con intención de dañar el electrodoméstico y sostuvo que el golpe fue accidental y no un intento de provocar una merma.
La Justicia considera que la presencia de este profesional, que era anestesiólogo, era esencial durante la intervención ya que debía supervisar a sus compañeros.
Los convocantes denuncian que más de 800.000 trabajadores siguen en abuso de temporalidad y exigen al Gobierno que cumpla la normativa europea que fija un máximo del 8%.
La trabajadora intentó alegar que la medida era desproporcionada debido a sus problemas de salud mental, pero el TSJ explicó que que ocultar y retener paquetes de clientes suponía una quiebra irreparable de la confianza.
El Tribunal Supremo, en base a la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, permite a Renfe aplicar esta reducción.
En el convenio los hechos se califican como una falta grave, no muy grave, determinando el TSJ de Canarias que no reunía la gravedad suficiente para aplicar el despido disciplinario.
El tribunal explicó que la empresa no garantizó su derecho de defensa mediante un simple correo electrónico y que actuó contra sus propios actos al haber permitido previamente el cambio de horario.
Para la justicia, supone una transgresión de la buena fe contractual y abuso de la confianza. Además, tenía sanciones previas por abandono de su puesto de trabajo.
“¿Algún empresario entiende que puede tener a un trabajador productivo a los 2 días después de perder a un hijo? Esto es un problema real”, ha defendido el secretario de estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
Aunque se declara la nulidad del despido, el TSJ de Andalucía no obliga a su readmisión, por lo que a la indemnización por daños morales, se suma la del despido improcedente y los salarios de tramitación.
Un hombre que tenía concedido teletrabajo durante más de 15 años, murió en su domicilio en 2021 y ahora un tribunal da la razón al empleador por falta de pruebas.
La empresa solo podría llegar a justificar el despido si demuestra que las pausas al baño no respondían a una necesidad fisiológica, sino para trabajar menos.
El tribunal tuvo en cuenta el estrés al que estaba sometido el trabajador, con jornadas laborales de “hasta 70 y 80 horas semanales” y problemas personales.
Los trabajadores con hijos nacidos, adoptados o acogidos desde el 2 de agosto de 2024 pueden pedir dos semanas adicionales a partir del 1 de enero. La Seguridad Social ha explicado cómo hacerlo.
La validez de las cláusulas que configuran una indemnización por cese deben impugnarse por la vía del procedimiento de despido, y no por el ordinario como hizo el trabajador.
Las trabajadoras encadenaron cambios de empresa sin explicación mientras seguían limpiando los mismos centros, hasta que fueron dadas de baja sin aviso ni trámite alguno, en un cese que ahora la justicia considera irregular y carente de toda justificación.
Los propietarios defendían que no se podía considerar una relación labora, pero el TSJ de Castilla y León determina que sí, fijando que se daban las condiciones de dependencia y ajenidad propias de la misma.
La clienta se llevó productos del supermercado como un jamón ibérico o chorizo de Pamplona y al pasar por caja pagó 27,09 euros en lugar de 71,86 euros.
El experto explica por qué este tipo de sanción, que muchos empleados consideran inofensiva, puede convertirse en la base para futuros despidos o sanciones más graves.
En España, el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores protege al empleado ante alteraciones graves de sus condiciones laborales, permitiéndole rescindir el contrato con una indemnización de 20 días por año trabajado si el cambio le afecta negativamente.
El número de contratos formativos por empresa depende del tamaño de la misma y se regulan las condiciones del contrato en alternancia y para la obtención de práctica profesional.
El tribunal avaló el uso de las cámaras de vigilancia por parte del supermercado valenciano ya que sospechaban de hurtos. Luego, la trabajadora reconoció los hechos.
La empresa solo puede obligarnos a trabajar en festivo si así se contempla en el convenio colectivo o se pactó en el contrato de trabajo. Otra excepción sería por causa de fuerza mayor.
Las patronales rechazan asumir el coste de los 10 días retribuidos y proponen que parte del nuevo permiso por cuidados paliativos lo financie el Estado.