Derecho laboral

El tribunal obliga a la empresa a readmitirle o indemnizarle con 1.435 euros porque solo le dio un plazo de 24 horas para defenderse, vulnerando la normativa internacional.

El Alto Tribunal unifica doctrina y aclara que no existe discriminación, ya que la prestación de la madre biológica protege su recuperación física, un supuesto que no se da en el otro progenitor.

Ni el calendario de turnos ni la planificación pueden convertir un festivo en un “día perdido” solo porque coincide con tu semana libre.

La justicia considera que el cese es conforme a derecho porque su plaza había sido cubierta reglamentariamente en un proceso de estabilización, pero sí condenó al Ayuntamiento a pagarle una indemnización de 32.630,40 euros.

El Estatuto de los Trabajadores permite pedir la extinción del contrato cuando hay “retrasos continuados” o “falta de pago” del salario. La clave es que no sea una dimisión y se acredita con “la fecha de entrada de los cobros en el banco”.

Los trabajadores, salvo mínimas excepciones, tienen garantizado un descanso mínimo entre jornadas de 12 horas. En caso contrario, la empresa puede enfrentarse a una multa de hasta 7.500 euros.

Indemnización de 7.500 euros por exigir a una empleada registrar su jornada mediante reconocimiento facial y derecho a romper el contrato con otra indemnización adicinal. Más de 50.000 euros en total.

La abogada explica que si la empresa incorpora nuevas herramientas de trabajo, está obligada a formar a los trabajdores sobre las mismas.

Las conductas de la empresa denunciadas por la CIG vulneraban el derecho a la libertad sindical protegido en la Constitución Española.

La norma establece la obligación a compensar los gastos de los becarios (como los de desplazamiento), limita las prácticas así como el porcentaje que pueden ocupar dentro de la plantilla. Con sanciones de hasta 225.000 euros.

Asimismo, la justicia le ha reconocido una segunda indemnización de 7.501 euros por vulneración de su derecho a la propia imagen y la protección de sus datos personales.

El abogado recuerda que, si la empresa cambia las fechas a última hora, la vía segura no es “irte igual”, sino acudir al procedimiento urgente de vacaciones ante el juzgado de lo social.

La justicia confirmó la procedencia de su despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual.

Por otro lado, el Alto Tribunal avala que las empresas puedan exigir que se disfrute en periodos de una semana como mínimo.

El TSJ de Galicia considera que hubo discriminación por razón de sexo y que se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva.

La justicia finalmente le ha reconocido recibir la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

Le soltó expresiones vejatorias como “piensa ahora lo que te vas a ahorrar en tintes”, fundamentando la empresa el despido por transgresión de la buena fe y maltrato verbal hacia los compañeros.

El trabajador alegó que la empresa debía citarle para un reconocimiento médico previo, pero el tribunal sentencia que la obligación de volver al puesto es del empleado.

La justicia finalmente ha determinado que salir al descanso no es una acción ajena al trabajo, sino que se produce “con ocasión” del mismo.

En España, los límites del periodo de prueba están regulados en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, y alargar este plazo de forma abusiva es ilegal.

Denuncia que las condiciones laborales están marcadas por sanciones automáticas, falta de transparencia salarial y desprotección ante accidentes, pese a la Ley Rider.

Este abogado explica que cuando ha existido “tolerancia empresarial” la empresa no puede despedirte por ello, siendo ese despido improcedente.

La justicia declaró el despido improcedente pero la trabajadora tuvo que acudir de nuevo a los tribunales para que la baja tras el infarto se considerara accidente laboral.

El Tribunal Supremo protege la igualdad de condiciones en el trabajo a distancia y prohíbe que las empresas descuenten tiempo o exijan recuperar horas por incidentes técnicos ajenos o necesidades fisiológicas.

Si el empleado se reincorpora a su puesto, la empresa le descontará de los salarios de tramitación el desempleo que ya haya cobrado.

Este abogado laboralista representa a una trabajadora que llevaba 18 años en Mercadona y defiende que su despido es improcedente.

Las empresas están obligadas por ley a entregar este documento cada mes de forma puntual. No darlas puede supone una infracción sancionable por la Inspección de Trabajo.

El Tribunal Supremo ha dictaminado que las empresas no pueden obligar a los trabajadores a iniciar este permiso desde el momento del suceso, sino que lo dotan de flexibilidad.

El convenio colectivo de la cadena detalla qué conductas se consideran falta leve, grave o muy grave y qué sanciones máximas se aplican, incluida la rescisión del contrato por despido disciplinario.

El Alto Tribunal fija doctrina y si un funcionario realiza tareas de un puesto superior, no solo debe cobrar más, sino también consolidar ese grado en su carrera profesional.

El abogado relata que todo está en el convenio colectivo y explica por qué muchos empleados confunden la recuperación del descanso con tiempo extraordinario no remunerado.

Es la empresa quien elige si opta por la readmisión (con el abono de los salarios de tramitación) o por el pago de la indemnización, salvo que sea representante de los trabajadores o delegado sindical.

La multinacional le revisaba el bolso diariamente y le obligaba a mostrar el número IMEI de su móvil sin ninguna causa que lo justificara, superando los límites de la intimidad y dignidad personal protegidos por la Constitución Española.

La justicia declara el despido improcedente pero no admite la reclamación de los salarios pendientes de recibir porque no lo incluyó en la demanda, solo en el juicio oral.

El juzgado determina que la reducción de horas en la oficina no es un castigo, sino una decisión basada en las necesidades organizativas.

El Consistorio, aun conociendo la grave situación de conflicto y ansiedad que sufría la funcionaria desde 2019, no hizo nada. Un claro incumplimiento en prevención de riesgos laborales que le ha costado una condena económica.

Aunque la empresa incumplió la ley, porque las vacaciones se deben avisar con al menos 2 meses de antelación, el trabajador tendría que haber reclamado por la vía judicial.

La entrada de un nuevo empleador que asume la plantilla y los medios materiales supone una sucesión de empresas, lo que invalida la imposición de un periodo de prueba para quienes ya desempeñaban las mismas funciones.

La mujer alegó que tenía dos hijas menores y que su marido había sido trasladado a México, pero que a pesar de ello la entidad bancaria no le había concedido el teletrabajo al 100% ni acogerse a un ERE voluntario.

Este abogado de extranjería denuncia las condiciones tan precarias en las que se encuentran las empleadas de hogar, así como el pasotismo de las familias.

Además, la justicia le concede una segunda indemnización de 7.501 euros por la discriminación que sufrió, ya que la relegaron a funciones inferiores por haber estado de baja laboral con recaídas.

Conducía la furgoneta de empresa y, a pesar de estar en plena jornada laboral, dio una tasa de 1,46 g/l en sangre.

Tenía dos hijos menores y su marido, también trabajador de Correos, tenía el mismo horario de tarde, por lo que ninguno podía hacerse cargo.

La mujer intentó usar su antigüedad, de alrededor de 8 años, para defender que el despido era desproporcionado, pero la justicia rechazó este argumento y destacó que este comportamiento de malos tratos fue reiterado.

El Acuerdo de Cooperación con la Comisión Islámica de España permite solicitar la adaptación de la jornada durante el mes sagrado, aunque siempre mediante acuerdo con la empresa y con recuperación de las horas.

El abogado considera innecesario asistir al trabajo de forma presencial cuando éste se puede hacer desde casa.

El TSJ de Madrid ha confirmado en una sentencia que los retrasos en la entrada o salida justifican la pérdida del plus en el sueldo para los trabajadores de esta empresa.

Llevaba 11 años y medio trabajando en la compañía y la justicia ha declarado que su despido es improcedente porque, entre otros motivos, no existía un pacto de exclusividad.

Cinco españoles de entre 29 y 59 años trabajan desde las regiones más peligrosas del mundo. Con una alta cualificación, sobreviven con menos de 1.000 € al mes para que la información siga llegando a España y Latinoamérica.

La Administración forzó la jubilación de la trabajadora al cumplir los 65 años a pesar de no cumplir los requisitos de cotización y de que el puesto aún no había sido recuperado por su titular.

El TSJ de Navarra declara que el despido disciplinario es procedente por transgresión de la buena fe contractual, a pesar de que contaba con el consentimiento de los clientes.

Extremadura, Galicia y Asturias tienen la duración media más alta de la incapacidad temporal.

Cada día se despiden a 3.700 personas en España. Aunque parezca increíble, ir "impresentable" o con falta de higiene a la oficina es una causa legal para perder el empleo.

La empresa, con la irrupciónn de la IA, comenzó a perder clientes y acumular pérdidas, lo que le obligó a reducir para la plantilla para evitar el cierre.

La trabajadora padece un síndrome de dolor pélvico crónico que, según afirma, empeoró por las presiones que sufría de la empresa.

Si un trabajador está disfrutando de un permiso de paternidad y tiene un hijo con una segunda mujer, el nacimiento de ese segundo hijo no provoca la pérdida de los días de permiso pendientes que tiene del primero.

El Estatuto de los Trabajadores establece que el contrato sigue vigente (con sus obligaciones de asistencia) hasta que un juez declare su extinción por incumplimiento empresarial (según el artículo 50) o se alcancen los umbrales de impago que permiten solicitar la baja indemnizada.

No se trata de una compensación automática, sino que depende del cómputo anual de la jornada y del Convenio Colectivo y si existe un perjuicio comparativo respecto a los compañeros.

La vicepresidenta segunda carga contra la nueva ley aprobada por el Senado argentino y vincula su contenido con las posiciones de la derecha española.

La trabajadora llevaba teletrabajando 4 años, desde la pandemia, y la empresa aseguraba que debía volver a la oficina porque así lo exigían las campañas, pero no negoció ni le ofreció una alternativa.