Derecho laboral

Le lanzó insultos y ofensas, tanto en privado como en público, y ya había sido sancionado previamente por acosar a otra compañera.

La justicia confirma que la baja por lumbalgia de una auxiliar de ayuda a domicilio es accidente de trabajo, ya que ocurrió tras un esfuerzo laboral concreto, no contaba con antecedentes y recibió asistencia médica en menos de 24 horas.

Estará encargado de analizar la incapacidad temporal y contará con sindicatos, empresarios, Sanidad y comunidades autónomas.

Dos abogados, con el apoyo de CCOO y UGT, han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo donde mantenía su rechazo a incrementar por vía judicial estas indemnizaciones.

Las empresas están obligadas a adaptar el puesto de trabajo si existen riesgos para el empleado. Lo contrario supone un incumplimiento grave de las obligaciones del empresario.

El Tribunal Supremo anula la cláusula que quitaba el complemento de puntualidad a quienes enferman, al considerarlo un trato peyorativo prohibido por la nueva Ley de Igualdad.

La justicia ha ordenado abonarle dicha indemnización al considerar que el autismo del trabajador le situaba en una “desventaja sustancial”.

El encuentro llega después del informe de la AIReF que alerta de un aumento del 60% en la incidencia de la incapacidad temporal desde 2017.

El Alto Tribunal aclara que las dolencias cardíacas ocurridas en el trayecto de ida o vuelta no gozan de la "presunción de laboralidad" y requieren probar un nexo causal específico con el trabajo.

La empresa acreditó pérdidas económicas que le obligaban a reestructurar la plantilla, siendo la causa del despido ajena a su estado de salud.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid aclara que la jubilación no impide legalmente la reincorporación al puesto, por lo que la empresa no está obligada a pagar si ofrece el empleo y el trabajador lo rechaza.

El Tribunal aclara que el hecho de estar jubilado no impide legalmente la reincorporación al puesto de trabajo, por lo que si la empresa opta por readmitir al empleado en lugar de pagarle, y este rechaza volver, pierde el derecho a la compensación económica.

Tras incorporarse, después del fallecimiento de su madre, la empresa le comunicó su despido disciplinario por haber estado de baja laboral 4 semanas.

Era monitor y su empresa decidió despedirle después de que la fundación donde prestaba sus servicios comunicara que dejaban de contar con él. Una decisión que tomaron al enterarse de su matrimonio.

El Alto Tribunal fija esta ampliación en diez semanas tras descontar del permiso del segundo progenitor el periodo de seis semanas que ambos padres habrían disfrutado de forma obligatoria y simultánea tras el parto.

El juez declara improcedente el despido y subraya que no se ausentó “por capricho”, sino por razones “humanitarias y éticas”.

El TSJ del País Vasco establece que para considerar que el trámite se ha cumplido, es indispensable probar “de manera fehaciente” que se le ofreció al trabajador la oportunidad de defenderse y que este decidió no hacerlo.

La trabajadora se apropió de un total de 1.994,80 euros al rastrear informáticamente billetes con retraso pagados en efectivo , esperando estratégicamente a que el plazo de reclamación de los clientes estuviera a punto de caducar para cobrar ella misma dichas indemnizaciones.

La empresa no pudo demostrar los hechos en la carta de despido y, además, había mostrado tolerancia hacia esas prácticas.

El TSJ de Andalucía señala que estos hechos demostraban una falta grave que afectaba la confianza del banco en la trabajadora, por lo que avaló el despido como procedente.

La dirección propone descontar días de vacaciones o canjear festivos por el cierre temporal del negocio, una medida que ha despertado indignación y dudas sobre su legalidad.

La AIReF detecta una deficiencia estructural en su gestión tras triplicarse el coste en una década y advierte del aumento de las bajas por salud mental.

Aunque mandó sus alegaciones en plazo, la universidad solo le dejó leerlas una vez que le habían comunicado el despido, y no antes como marcaba el convenio.

Para la justicia, el despido fue desproporcionado y, aunque la empresa no está obligada a readmitirle, sí que deben indemnizarle.

El propio Delegado de Protección de Datos de la empresa les advirtió de que el uso de teléfonos personales para fines profesionales era contrario a la normativa de protección de datos, pero hicieron caso omiso.

La justicia confirmó que la trabajadora había cometido una falta muy grave por transgresión de la buena fe contractual y abuso de la confianza.

El inspector también recuerda que todos los conceptos salariales deben incluirse en la nómina. De lo contrario, ni cotizan ni tributan, algo que perjudica al trabajador de cara a recibir prestaciones en un futuro.

La empresa no te puede despedir por el mero hecho de estar enfermo o de baja, pero sí puede despedirte en esta situación si acredita una razón o razones objetivas que no tienen nada que ver con esta situación.

La empresa no tenía ninguna causa objetiva que justificara el despido, por lo que la justicia lo declara nulo. Deben readmitirla y pagarle 7.500 euros de indemnización.

El tribunal considera que fue error del jefe de obra llevarlo puesto, denegándole la indemnización: el “más que probable riesgo de que el hormigón pudiera caer sobre el reloj y dañarlo debería haber llevado al hombre a quitarse el preciado objeto”.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recuerda los derechos laborales y las obligaciones empresariales ante el temporal que azota el país.

Le entregaron una carta donde “justificaron” el despido en una bajada de rendimiento. Para la justicia, aunque no le dieran de baja y siguieran pagándole la prestación de incapacidad temporal, sí que hubo despido y lo declaran nulo.

El sindicato de la empresa denuncia que la decisión ya estaba tomada y que la corporación quiere prescindir de los trabajadores con una discapacidad.

No se trató de un caso aislado y el director de la tienda recopiló varias quejas de clientes denunciando el mal estado de los productos y su mal etiquetado. Además, el trabajador desobedecía órdenes.

La justicia considera que hubo transgresión de la buena fe y fraude, existiendo riesgo de prolongar la baja.

Constituye un delito de falsedad en documento oficial al intentar con el parte de baja falso simular a la Seguridad Social. También debía pagar una multa de 1.080 euros.

Distintas leyes españolas impiden a los empleadores o empresas preguntar por estas cuestiones en una entrevista o proceso de selección. La Inspección de Trabajo podría actuar y sancionar.

Para la justicia, el error de la comunidad de propietarios no era excusable, lo que llevaba a declarar el despido como improcedente.

Este abogado laboralista señala que, tras un despido, la empresa en un par de semanas se olvida de todo, por lo que no compensa sacrificar la vida personal por un trabajo.

El tiempo equivalía a 3.434 minutos (sobre 57 horas) y se conectaba a internet con el ordenador de empresa para consultar oposiciones docentes, másters, juegos de cartas o fútbol, entre otros.

El Ministerio de Trabajo pretende este 2025 ampliar el permiso por fallecimiento y crear dos permisos laborales retribuidos nuevos.

Establece que no se puede exigir que el trabajador especifique detalladamente las bases del daño moral cuando su estimación es difícil e incide en que el daño moral está indisolublemente unido a la vulneración del derecho fundamental.

El trabajador se ocupaba del mantenimiento informático y era el único administrador del sistema con acceso a las claves. Fue también condenado a dos años y 10 meses de prisión.

Llegado el día, abandonó su puesto de trabajo, aun con el riesgo de que ocurriera una emergencia. Para la justicia, se trata de una falta muy grave que justifica el despido disciplinario.

Con un 49% de discapacidad, esta mujer debía limpiar 16 retretes, fregar escaleras y empujar un carro con cubos de agua de 15 litros... todo, desde su silla de ruedas.

El Tribunal Supremo confirma que sí hubo un delito continuado de falsedad, confirmando la pena de dos años y seis meses de cárcel.

El TSJ de Madrid confirma que el despido es procedente porque, aunque no fue mucho dinero, se quebrantó la buena fe.

Aunque los productos sustraídos eran de poco valor, para la justicia se produjo una transgresión de la buena fe contractual que justifica el despido.

El empleado utilizaba la negativa a descansar para abandonar su puesto antes de la hora establecida; el tribunal califica su conducta como desobediencia grave y culpable tras haber sido sancionado previamente.

Los trabajadores que no puedan acceder a su puesto de trabajo a consecuencia de la suspensión de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía pueden solicitar un permiso retribuido.

El empleado utilizó la tarjeta de su mujer y de otros clientes para realizar operaciones ficticias y alcanzar los objetivos comerciales del reto "MyCommerce".

La justicia confirmó que la cadena de supermercados no acreditó una limpieza diaria eficaz del suelo, con el riesgo de caídas que supone.

El TSJ de Madrid ha declarado el despido nulo, por lo que la empresa finalmente debía readmitirle y abonarle los salarios de tramitación.

La justicia, en un primer momento, le otorgó una indemnización de 5.000 euros por discriminación y otra de 3.000 por previsión social, pero la empleada quería cobrar una tercera por despido nulo y reclamó, quedándose finalmente solo con una.

Aunque mantenían una relación sentimental, el tribunal considera que sí existía relación laboral, al acreditarse dependencia y ajenidad.

Se tendrá derecho a una indemnización por accidente laboral siempre que se acredite una falta de medidas de seguridad.

Aunque los trabajadores no están obligados a entregar los partes de baja, sí que deben cumplir con el deber de informar de que han iniciado un proceso de incapacidad temporal.

Ingresó en la residencia por un empeoramiento de salud y, para la justicia, estas circunstancias implican una modificación sustancial de las necesidades de la unidad familiar que justifican la extinción del contrato.

La trabajadora causó un perjuicio económico a la empresa de 4.797,07 euros.

La justicia confirma que existió una transgresión de la buena fe contractual, lo que justifica el despido aunque no hubiera un gran perjuicio económico.