Derecho laboral

Si los trabajadores temporales realizan las mismas funciones y están incluidos en el ámbito del mismo convenio colectivo, no se les puede pagar un salario inferior por haber sido contratados dentro de un programa público de empleo, ya que eso sería contrario al principio de igualdad.

La nueva norma de la UE quiere acabar con las desigualdades salariales entre empleados que realizan el mismo trabajo.

El sindicato defiende que su carácter privado genera un conflicto de intereses en la gestión de la incapacidad temporal

El artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores permite el despido disciplinario cuando existe un “incumplimiento grave y culpable” y, en estos casos, los tribunales analizan si la actividad realizada durante la baja vulnera la buena fe contractual o perjudica la recuperación.

Pidió disfrutar 148 días de vacaciones acumuladas y, para la Justicia, esas circunstancias junto con su baja por enfermedad profesional, muestran que la empresa no acreditó una dimisión clara y que el despido fue nulo.

La justicia considera que no es posible mantener contacto íntimos en el lugar de trabajo y menos todavía durante la jornada laboral.

El laboralista identifica tres señales que preceden habitualmente a un despido: el traslado a un centro con peores resultados, la vigilancia repentina de cada error y las amonestaciones escritas que parecen inocuas pero construyen el expediente disciplinario.

La empresa no pudo demostrar las faltas que le imputaban en la carta de despido y la justicia establece que actuaron como represalia por haber reclamado el primer despido y haber denunciado a la Inspección de Trabajo.

La empleada, que contaba con una adaptación del puesto por motivos médicos, defendió que Mercadona le seguía asignando funciones en zonas frías pese a que debía evitar ese tipo de ambientes por prescripción facultativa.

El Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a cobrar sin compensar ese tiempo cuando la falta de actividad es responsabilidad de la empresa.

El abogado explica que lo que diga el convenio es irrelevante si durante la pausa el trabajador no puede desconectar.

El balcón es parte integrante de la vivienda y, por tanto, un ámbito reservado para la vida personal al que no se puede acceder sin consentimiento o resolución judicial.

Como parte del tratamiento, tomaba ansiolíticos y antidepresivos, incompatibles con la ingesta de alcohol.

La Sala de lo Social confirma el caso de una trabajadora de Papa John’s que dejó de acudir a su puesto tras unas vacaciones y no respondió a los requerimientos de la empresa. La resolución, explica en que la dimisión no siempre exige una renuncia escrita.

La medida permitirá a los afectados acceder a pensiones más elevadas de incapacidad, viudedad y orfandad.

Yolanda Díaz quiere que las empresas ofrezcan reconocimientos médicos para comprobar el estado de salud de sus trabajadores al incorporarse, aunque en la mayoría de los casos la plantilla podrá negarse a realizarlos.

El trabajador, que estaba de baja por depresión y cuidando de su madre enferma, defendió que no actuó con mala fe, pero aun así la Justicia concluye que conocía su obligación de volver al puesto y confirma el despido disciplinario.

El artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores detalla que las pausas deben ser retribuidas si no hay una desconexión real del trabajador.

La justicia considera que la desobediencia y faltas al trabajo sin justificar de la trabajadora acreditaban el despido, aunque hubiera estado de baja.

La Justicia descarta la nulidad por discriminación, pero mantiene que la empresa deberá readmitirlo o abonarle una indemnización de 84.492 euros.

Para que una empresa pueda descontar deudas salariales unilateralmente, la deuda debe ser incontrovertida. Esto es, que no exista controversia por ninguna de las partes.

El tribunal considera que la apropiación de stock destinado a donaciones rompe la confianza laboral a pesar de tener 13 años de antigüedad.

Se reconoce la improcedencia porque la cadena de supermercados debería haber sancionado las faltas con el despido disciplinario, no entender que era una dimisión tácita.

El experto en derecho laboral explica en qué consiste la tolerancia empresarial y por qué un cese repentino por este motivo justificaría una indemnización.

El Alto Tribunal desestima el recurso de la Seguridad Social y confirma que estos años deben figurar de forma clara en el historial del trabajador para evitar "lagunas" en su carrera.

La conducta supone una transgresión de la buena fe contractual y abuso de la confianza que prevalece sobre su protección por estar embarazada.

Para el TSJ de Madrid, superó los límites del derecho a la libertad de expresión, tratándose de una conducta con la intención de insultar, menospreciar y difamar.

Existía una conversación de WhatsApp que evidenciaba la simulación del despido, preguntando la empleada si ya le habían “arreglado los papeles”. La justicia acabó enviando el caso a la Inspección de Trabajo.

El TSJ de Canarias considera que vulneraron su derecho a la intimidad y protección de datos, ya que podían haber usado datos anonimizados o comparaciones salariales genéricas sin identificarla.

De acuerdo con la experta, el fraude surge al usar el periodo de prueba para despedir gratis a empleados que ya conocen su puesto, convirtiendo un contrato estable en uno temporal e ilegal.

Se había producido una sucesión de empresas y el Tribunal Supremo determina que el pacto de periodo de prueba es nulo cuando el trabajador ya ha desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa.

Esta normativa se encuentra en el artículo 36.1 del Estatuto de los Trabajadores. El incumplimiento de ello supondrá multas de hasta 7.500 euros.

La Audiencia Nacional explica que los funcionarios sí pueden reclamar responsabilidad patrimonial por accidentes laborales cuando el sistema de protección no cubre todos los daños.

A través de una auditoria, descubrieron que en casi un año realizó 22 retiradas de efectivo por valor de 2.672,48 euros, fuera de su horario laboral.

La justicia determina que los años de servicios constituían una relación laboral encubierta y no mercantil. Entre los indicios, tenía un sueldo fijo al margen de sus resultados.

El trabajador conocía perfectamente la normativa de la empresa y le habían comunicado previamente en dos ocasiones sobre la misma.

De acuerdo al experto, esta es una de las trampas habituales que se utilizan para despedir sin indemnización.

El tribunal obliga a la empresa a readmitirle o indemnizarle con 1.435 euros porque solo le dio un plazo de 24 horas para defenderse, vulnerando la normativa internacional.

El Alto Tribunal unifica doctrina y aclara que no existe discriminación, ya que la prestación de la madre biológica protege su recuperación física, un supuesto que no se da en el otro progenitor.

Ni el calendario de turnos ni la planificación pueden convertir un festivo en un “día perdido” solo porque coincide con tu semana libre.

La justicia considera que el cese es conforme a derecho porque su plaza había sido cubierta reglamentariamente en un proceso de estabilización, pero sí condenó al Ayuntamiento a pagarle una indemnización de 32.630,40 euros.

El Estatuto de los Trabajadores permite pedir la extinción del contrato cuando hay “retrasos continuados” o “falta de pago” del salario. La clave es que no sea una dimisión y se acredita con “la fecha de entrada de los cobros en el banco”.

Los trabajadores, salvo mínimas excepciones, tienen garantizado un descanso mínimo entre jornadas de 12 horas. En caso contrario, la empresa puede enfrentarse a una multa de hasta 7.500 euros.

Indemnización de 7.500 euros por exigir a una empleada registrar su jornada mediante reconocimiento facial y derecho a romper el contrato con otra indemnización adicinal. Más de 50.000 euros en total.

La abogada explica que si la empresa incorpora nuevas herramientas de trabajo, está obligada a formar a los trabajdores sobre las mismas.

Las conductas de la empresa denunciadas por la CIG vulneraban el derecho a la libertad sindical protegido en la Constitución Española.

La norma establece la obligación a compensar los gastos de los becarios (como los de desplazamiento), limita las prácticas así como el porcentaje que pueden ocupar dentro de la plantilla. Con sanciones de hasta 225.000 euros.

Asimismo, la justicia le ha reconocido una segunda indemnización de 7.501 euros por vulneración de su derecho a la propia imagen y la protección de sus datos personales.

El abogado recuerda que, si la empresa cambia las fechas a última hora, la vía segura no es “irte igual”, sino acudir al procedimiento urgente de vacaciones ante el juzgado de lo social.

La justicia confirmó la procedencia de su despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual.

Por otro lado, el Alto Tribunal avala que las empresas puedan exigir que se disfrute en periodos de una semana como mínimo.

El TSJ de Galicia considera que hubo discriminación por razón de sexo y que se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva.

La justicia finalmente le ha reconocido recibir la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

Le soltó expresiones vejatorias como “piensa ahora lo que te vas a ahorrar en tintes”, fundamentando la empresa el despido por transgresión de la buena fe y maltrato verbal hacia los compañeros.

El trabajador alegó que la empresa debía citarle para un reconocimiento médico previo, pero el tribunal sentencia que la obligación de volver al puesto es del empleado.

La justicia finalmente ha determinado que salir al descanso no es una acción ajena al trabajo, sino que se produce “con ocasión” del mismo.

En España, los límites del periodo de prueba están regulados en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, y alargar este plazo de forma abusiva es ilegal.

Denuncia que las condiciones laborales están marcadas por sanciones automáticas, falta de transparencia salarial y desprotección ante accidentes, pese a la Ley Rider.

Este abogado explica que cuando ha existido “tolerancia empresarial” la empresa no puede despedirte por ello, siendo ese despido improcedente.

La justicia declaró el despido improcedente pero la trabajadora tuvo que acudir de nuevo a los tribunales para que la baja tras el infarto se considerara accidente laboral.