A David un accidente de moto le cambió por completo la vida. Fue en junio de 2022 y, desde el primer momento en que entró en el hospital, los médicos ya sabían que tenía una lesión medular. Cuando pasó un mes y medio, porque estuvo en UCI “y bastante jodido”, le mandaron al Hospital Nacional de Parapléjicos, en Toledo, donde estuvo 10 meses haciendo rehabilitación para vivir en silla. No tenía recuperación y se trataba de una lesión medular completa.
Durante ese tiempo, en el que tuvo que hacerse a su nueva vida, inició una lucha paralela contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), organismo con el que asegura lleva 3 años lidiando para conseguir el grado más alto de la pensión de incapacidad permanente: la gran invalidez.
“En el tiempo que estuve en parapléjicos, la Seguridad Social me decía que siguiese trabajando que me iba a recuperar, aun teniendo un informe diciendo que la lesión era completa y no había recuperación. A los 13 meses, cuando ya salí del hospital, antes de que me valoraran para la dependencia, y me mandaran asistencia a mi domicilio y demás, me llamó el Tribunal Médico por teléfono”, relata a ‘NoticiasTrabajo’, en una valoración que, reitera, solo fue telefónica, no física.
En esa llamada con el Tribunal Médico, les explicó que venían a ayudarle a casa, porque, como no habían ido aún los de Dependencia, no le habían mandado a nadie. También que quería seguir viviendo solo en el piso que encontró adaptado: “Para dormir, ducharme y vestirme, no necesito más. Lo demás, necesito ayuda”. Unas palabras que, indica, fueron tergiversadas posteriormente en su contra. “¿Qué hizo el Tribunal Médico? Dijo que vivía solo, me ponía de pie y no usaba cinto [en la silla]”, dando por hecho una dependencia mayor que denuncia no es cierta.
“Yo no me pongo de pie, no tengo equilibrio. Mi lesión medular es a la altura del pecho. Yo no tengo control del abdomen, del tronco, no tengo equilibrio. ¿Qué pasa? Que para ellos tienes que ir digamos en una silla encintado. Yo no voy con una silla encintado, pero mis manos están siempre sujetas porque si no me caigo, están siempre apoyadas”. La interpretación del INSS fue otra, otorgándole en septiembre de 2023 la pensión de incapacidad permanente total, con la que solo tiene acceso al 55% de su base reguladora: “Como a una persona que trabaja en la ONCE, que anda, que tiene esfínter. Me dieron esa”, lamenta. Así que no le tocó otra que denunciar. Por esa valoración “telefónica y asalvajada”.
Fue entonces cuando Dependencia ya acudió a su casa, y le otorgaron el Grado I de dependencia que acredita que necesita ayuda en casa y en la calle. Todos los días acude una persona a casa que se encarga de la comida, de la limpieza... “de todo”. Un hecho que ha aportado en juicio, junto con el informe médico pericial en el que se indica que sufre una lesión medular completa.
Sin embargo, ambos argumentos han sido insuficientes para la Seguridad Social (quien desestimó su reclamación administrativa en enero de 2024), y ahora también para el Juzgado de lo Social número 2 de Toledo, quien en abril de este 2025 dio la razón al INSS y le denegó la incapacidad permanente de gran invalidez e incluso la absoluta (que solicitó subsidiariamente).
El Juzgado de lo Social le deniega la incapacidad permanente de gran invalidez
El Juzgado de lo Social número 2 de Toledo, en la sentencia a la que ha accedido ‘NoticiasTrabajo’, recuerda que son dos los requisitos que hay que cumplir para que se pueda reconocer la pensión de incapacidad permanente por gran invalidez: “que las pérdidas anatómicas o funcionales le impidan realizar por sí solo, los actos esenciales de la vida, citando por vía de ejemplo los de vestirse, desplazarse, comer o análogos” y “que necesite la ayuda de otra persona para dichos actos, entendiéndose que esta ayuda debe ser regular y continua, o al menos frecuente, y aunque no es necesario que se requiera para todos los actos esenciales, sí es necesario que lo sea para una parte importante de los mismos”.
Por su parte, explican que se entiende por incapacidad permanente absoluta para todo trabajo “la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio”. Sentando estas bases, el juzgado concluye que, en la actualidad, “según se manifiesta en el informe pericial”, David realiza “su deambulación en silla de ruedas estando posibilitado para hacer trasferencias por sí mismo (por ejemplo: de la cama a la silla de ruedas y viceversa)”. También reconoce que el control de micción e intestino se realiza con autosondajes, laxantes y uso eventual de pañales. Una afirmación insultante para David, quien insiste en reflejar el sentimiento que todas las personas con una lesión medular comparten sobre este tema, sufriendo constantes problemas intestinales que no llegan a controlar nunca.
El juzgado, a su vez, señaló que el perito reconoció que dispone de cierta autonomía para actividades de la vida ordinaria gracias a la rehabilitación, aunque en su domicilio adaptado, y que puede “vestirse, asearse y ducharse por sí mismo”. Sin embargo, el mismo perito, añade la jueza, se contradijo al afirmar rotundamente que necesitaba ayuda de una tercera persona para las actividades básicas diarias. Respecto a estas últimas declaraciones, la necesidad de ayuda de una tercera persona, la jueza las califica de “confusas” y “en parte contradictorias” con el reconocimiento de la capacidad del trabajador para realizar actividades básicas por sí mismo.
Tras todo lo expuesto, el Juzgado de lo Social de Toledo concluyó que las patologías que motivaron la incapacidad permanente total de David “no se han visto agravadas” y fueron objeto “de una correcta valoración”. Tampoco compartieron que este no pueda hacer frente a ninguna actividad laboral, alegando que podría desempeñar alguna profesión mediante teletrabajo, por lo que no le reconocieron la incapacidad permanente absoluta y, menos aún, la de gran invalidez.
Al respecto, el juzgado también aclara que “el hecho de tener reconocido un determinado grado de dependencia (en este caso, el Grado I), no implica el reconocimiento de forma automática de la gran invalidez”, enfatizando que no se ha acreditado la situación de necesidad de apoyo o concurso de tercera persona para todos o algunos actos de la vida diaria. Una afirmación que niega David, quien asegura que aportó un informe en el que se recoge que van a su casa todos los días, pero que la jueza “no ha hecho ni caso” a todo lo que ha presentado.
“Me está quitando el sueño, estoy todos los días con esto en la cabeza”
David, frente a esta sentencia, no se ha quedado parado. Y ha interpuesto un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla - La Mancha. Su situación, explica, no es solo frustrante por los motivos de la denegación, sino también por la “ruina económica” a la que le está llevando. Actualmente, con la incapacidad permanente total, solo tiene acceso al 55% de su base reguladora, sintiéndose impotente del porcentaje que se le ha quedado por todos los años de trabajo (en el que recibía un salario alto) y la lesión que sufre: “No entiendo nada. Tengo una lesión de pecho para abajo, que tengo brazos de milagro, y me estoy encontrando con que me están dando la mínima”.
Y añade: “aparte de la lesión, no es que esté bien, es que yo tengo la espalda fijada entera, tengo problemas de respiración porque me reventé torácicamente, tuve tricotomía, no puedo respirar… Son muchas cosas y me encuentro con que me está poniendo el sistema el pie en el cuello continuamente”.
Su situación, asegura, es “un quitasueños”. “Me está quitando el sueño, estoy todos los días con esto en la cabeza desde hace 3 años”, a lo que se suma la citada “ruina económica”. Con ese 55% de su base reguladora al que tiene derecho, le queda una pensión de apenas 1.000 euros, que no le llega ni para pagar el alquiler ni la fisioterapia que necesita realizar. Este es el drama de David, quien, después del accidente que le dejó una lesión medular completa de por vida, lucha por hacerla más digna: “Me tienen en la ruina después de haber trabajado toda la vida”.
