Garantizar una jubilación tranquila y con ingresos suficientes es uno de los grandes retos a los que se enfrenta toda Europa de cara a las próximas décadas. La gran presión demográfica que están viviendo ya los países de la Unión Europea demanda soluciones en prácticamente todos los ámbitos que afectan a la sociedad, desde el empleo hasta el sistema de pensiones.
Una de estas soluciones que lleva tiempo sobre la mesa y que ya aplican países como Estonia, son los planes de pensiones privados impulsados por las empresas y la autogestión del ahorro. Ahora, con el fin de que esto acabe aplicándose en más países de Europa poco a poco, los estados miembros de la UE han llegado a un acuerdo para actualizar la normativa sobre los fondos de pensiones de empleo. El objetivo de este acuerdo es promover los planes privados que las empresas ofrecen a sus trabajadores para complementar la pensión pública de cara al futuro. Tal como destaca el ministro de Finanzas de Chipre Makis Keravnos, la idea no es otra que "aumentar la participación privada en nuestros mercados de capitales es clave para impulsar la competitividad general de la UE".
Esta estrategia europea encaja perfectamente con las recientes recomendaciones que los expertos financieros han dado a España, por ejemplo. Así, Bolsas y Mercados Españoles (BME) acaba de proponer que los trabajadores aporten de forma automática a los planes de pensiones de empleo para poder afrontar el progresivo envejecimiento de la población. Tal como señala BME en su reciente informe, en España tan solo el 14,4 % de los trabajadores participa actualmente en estos planes de empresa lo que supone una cifra muy alejada de la media del resto de Europa. Por lo que esta inscripción por defecto buscaría incorporar a los empleados en estas fórmulas de ahorro colectivo sin sustituir en ningún caso al sistema público de reparto que por supuesto seguiría siendo el sistema de sustento principal de aquellos trabajadores que se retiran de la vida laboral.
Menos burocracia y más transparencia para el empleado
Todo este movimiento comunitario va en el mismo camino que una actualización más profunda de la llamada directiva IORP II que establece las normas comunes para asegurar que se hace una buena gestión de los fondos y que se supervisan adecuadamente. Con el nuevo acuerdo los gobiernos europeos buscan reducir la pesada carga administrativa y dar mayor libertad a las entidades.
Asimismo la normativa transpuesta exige una mayor profesionalización y transparencia. El texto legal establece textualmente que "las entidades gestoras deben establecer y aplicar políticas escritas" que requerirán siempre la aprobación previa del órgano de administración y una "revisión al menos cada tres años y necesaria adaptación en función de cualquier modificación significativa del sistema". Encima los fondos tendrán que emitir una Declaración de Prestaciones de pensión que incluya previsiones claras de lo que vas a cobrar según la edad de jubilación incluyendo siempre el escenario más pesimista y el más optimista.
Preocupación en el sector por el exceso de normas
Sin embargo, no todo el sector financiero ve con buenos ojos algunos de los cambios más estrictos que plantea la Comisión Europea para el futuro. La gran asociación ‘Pensions Europe’ que representa a nivel continental a la inmensa mayoría de estos fondos ha publicado un documento oficial donde advierte del enorme peligro de asfixiar a los planes de empleo con una regulación desmedida. Aunque celebran el paquete de medidas de Bruselas para impulsar el ahorro advierten literalmente que las pensiones se basan en factores culturales e históricos únicos de cada país por lo que "cualquier iniciativa de la UE en materia de pensiones debe basarse en los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y evitar un enfoque de talla única".
Por lo que desde la industria muestran su preocupación por la intención de Europa de imponer en el futuro unos requisitos de solvencia demasiado rígidos o un exceso de estandarización. Tal como afirman desde ‘Pensions Europe’ si hay demasiadas imposiciones a la hora de informar a los usuarios a nivel europeo, esto "solo conduciría a mayores costes administrativos sin aportar ningún valor añadido o transparencia a los miembros y beneficiarios". Con todo esto Bruselas tendrá que buscar un delicado equilibrio para proteger al máximo los ahorros de los trabajadores haciendo a la vez que estos planes de empresa resulten atractivos rentables y fáciles de implantar para las compañías.
