Una reforma con vocación garantista podría estar generando un efecto contrario al que supuestamente perseguía. La nueva Ley 2/2025, de 29 de abril, que modifica el artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social, tiene como objetivo evitar la extinción automática del contrato de quienes acceden a una incapacidad permanente. Pero en la práctica, esta novedad legal puede derivar en un inesperado quebradero de cabeza para muchos trabajadores.
Así lo ha denunciado el abogado laboralista e influencer jurídico, Ignacio de la Calzada (@un_tio_legal), en un vídeo publicado en su canal de Instagram, donde explica que “esta es la reforma que va a hacer que la Seguridad Social se ahorre millones de euros en pensiones… y que tú no cobres la tuya”.
La norma, que transpone la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y los compromisos internacionales sobre igualdad y discapacidad, obliga a que las empresas acometan primero ajustes razonables o planteen un cambio de puesto vacante antes de poder extinguir el contrato de una persona declarada en situación de incapacidad permanente total, absoluta o de gran incapacidad.
Ahora bien, como explica de la Calzada, esta modificación no garantiza el cobro de la pensión si el trabajador continúa realizando la misma actividad adaptada. “Te conceden una incapacidad permanente total para tu profesión habitual, pero si la empresa adapta tu puesto y sigues trabajando como peón, aunque sea con funciones distintas, entonces no puedes cobrar la pensión”, denuncia.
Además, añade: “Como estés cobrando la pensión y sigas trabajando de lo mismo, la Seguridad Social vendrá y te dirá que devuelvas todo lo cobrado porque es incompatible”.
Suspensión de la pensión y devolución del dinero cobrado
La reforma introdujo un régimen transitorio que, mientras no se actualice la normativa de compatibilidades (algo que el Gobierno deberá abordar en seis meses, según establece la disposición final tercera), suspende la pensión de incapacidad permanente si se continúa trabajando en el mismo puesto, incluso adaptado
Esta situación puede pillar por sorpresa a miles de trabajadores que, tras recibir el reconocimiento de incapacidad permanente total, deciden acogerse a su derecho de continuar trabajando en su empresa. Según la ley, tienen diez días para comunicarlo y la empresa dispone de tres meses para adaptar el puesto o recolocarles. Pero si no se informa a la Seguridad Social de que se continúa en la actividad, se incurre en una incompatibilidad con la pensión.
“Seguramente esto no lo sabías y se dice muy poco, pero es una realidad”, concluye el letrado, quien anticipa un aumento de conflictos judiciales y reclamaciones por cobros indebidos en los próximos meses.
La ley también fija límites para pequeñas empresas en las que si adaptar el puesto cuesta más de seis meses de salario del trabajador o supera la indemnización por despido correspondiente, podrán extinguir el contrato legalmente. Pero en caso de adaptación viable, la relación laboral se mantiene y la pensión queda congelada
Este matiz, casi técnico, puede tener un enorme impacto social y económico. Porque lo que en papel parece una medida de inclusión laboral, puede traducirse en una retirada silenciosa de pensiones bajo la premisa de que la persona sigue empleada, aunque sea en condiciones distintas.
¿Y ahora qué?
De la Calzada lo resume con pragmatismo: “O notificas que vas a seguir trabajando y pides que suspendan tu pensión, o sigues cobrando y cruzas los dedos para que no te la reclamen” y finaliza con su mítica frase “y que no te engañen”.
El abogado, que se ha consolidado como una de las voces más críticas y mediáticas del nuevo derecho laboral español, alerta de que esta reforma puede acabar castigando precisamente a quienes pretende proteger. Y mientras se aguarda una propuesta clara sobre la compatibilidad entre empleo adaptado y pensión, muchos trabajadores se encuentran en una zona gris jurídica… y económica.
