El Ministerio de Hacienda justifica la utilización de créditos “sobrantes” procedentes de fondos europeos para financiar pensiones en 2024 y afirma que tiene un "respaldo legal claro", tras las dudas planteadas por el Tribunal de Cuentas en la Cuenta General del Estado.
El organismo fiscalizador detectó incidencias en el uso de 2.389,4 millones de euros de estos recursos, destinados al pago de pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos, una práctica que también será analizada por la Comisión Europea.
Con estas alegaciones sobre la mesa, Hacienda mantiene su postura y afirma que su actuación se enmarca en la normativa vigente y en la adaptación necesaria tras la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023. En sus argumentos, el departamento destaca que la ley presupuestaria permite transferencias de crédito entre distintas partidas, incluidas las vinculadas a fondos europeos, con el objetivo de asegurar su correcta ejecución.
Hay una “desconexión” entre los fondos recibidos y su aplicación
El ministerio que ahora dirige Arcadi España se defiende también aclarando que el Plan de Recuperación tiene carácter plurianual y que los desembolsos de Bruselas dependen del cumplimiento de hitos y objetivos, no del gasto concreto ejecutado. Esta circunstancia, señala, genera una "desconexión" entre los fondos recibidos y su aplicación presupuestaria anual, lo que abre margen para redistribuir recursos dentro de los límites legales.
El origen de la controversia está en la gestión de los créditos disponibles tras la prórroga presupuestaria. Al no aprobarse nuevas cuentas para 2024, el Gobierno adaptó las partidas heredadas de 2023 a las necesidades del nuevo ejercicio. Este ajuste permitió aflorar 4.528 millones de euros en créditos sobrantes, procedentes principalmente de los ministerios de Industria, Vivienda y Educación.
Una parte de esos fondos se destinó a financiar el complemento a mínimos de las pensiones, con 667 millones, y a ampliar la dotación de las clases pasivas en otros 1.722 millones, según detalla Hacienda. El departamento insiste en que estas modificaciones contaron con informes favorables y se realizaron mediante los procedimientos presupuestarios establecidos, sin imputar gastos ajenos directamente a los fondos europeos.
El debate, sin embargo, va más allá de lo técnico y apunta a algo más profundo acerca del uso de los recursos del mecanismo de recuperación europeo, concebido para impulsar inversiones y reformas estructurales tras la pandemia. La revisión anunciada por la Comisión Europea introduce un elemento adicional de incertidumbre sobre la interpretación de estas reglas y su aplicación por los Estados miembros.
A la espera de ese análisis, el Gobierno defiende que su actuación se ajusta a la legalidad vigente, mientras el Tribunal de Cuentas mantiene sus reservas sobre una práctica que reabre la discusión sobre los límites en la gestión de los fondos comunitarios y su posible utilización para financiar gasto corriente.
