Los pisos turísticos bajo la lupa de consumo: el ministerio investiga los alquileres con prácticas engañosas

Los pisos turísticos están en el punto de mira de la Dirección General de Consumo, así lo han informado desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Y es que se ha puesto en marcha una nueva investigación dirigida a las “empresas que administran cientos de viviendas turísticas en distintas Comunidades Autónomas y que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios”.

Según explican desde el propio ministerio liderado por Pablo Bustinduy el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, define prácticas engañosas como “cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico”. 

Además "afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario" se considera como una práctica engañosa según el artículo 27.

Consumo abre una investigación a las empresas que gestionan pisos turísticos y agencias inmobiliarias

La investigación abierta por el Ministerio de Consumo está centrada, por tanto, en las viviendas turísticas que si bien, tienen licencia para realizar este tipo de actividad se gestionan de forma irregular. 

Según informan además se investiga desde octubre a algunas agencias inmobiliarias por usar prácticas abusivas contra los inquilinos, obligándoles a pagarles la comisión por gestión del alquiler, firmar contratos temporales cuando el arrendamiento no lo es o aceptar cláusulas que no están dentro de la normativa vigente. 

Esta investigación es una forma combatir los problemas de vivienda por los que actualmente está pasando el país, el propio ministro Pablo Bustinduy ha manifestado que “hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares". 

Con esta iniciativa se pretende limitar la especulación que existe en el sector, y desde consumo piden al resto de administraciones que arrimen el hombre y desde sus competencias tomen las medidas necesarias para terminar con este problema.