El Supremo se pone de parte de los inquilinos: podrán comprar sus viviendas al mismo precio que los fondos buitre que las adquirieron

El Tribunal Supremo se pone de parte de los inquilinos de viviendas protegidas en una sentencia clave para una lucha judicial que se extiende durante una década. El Alto Tribunal considera que estos podrán comprar las viviendas en las que viven de alquiler al mismo precio que los fondos buitre que las adquirieron. 

Según explican desde el Consejo General de Abogacía, estas viviendas públicas en las que residían, fueron vendidas por el Ayuntamiento de Madrid en 2013 a fondos de inversión. Tras esta venta, los inquilinos vieron como los precios de sus alquileres subían y perdían el derecho a preferente a la compra de los inmuebles, que es lo que estipulaban los contratos firmados originalmente. 

Las más de 1.800 viviendas de protección oficial (VPO) fueron vendidas al fondo, y tras la operación se aseguró a los inquilinos que esto supondría únicamente un cambio de propietario. Se suponía que las condiciones se seguirían manteniendo algo que no fue así, sus condiciones empeoraron y fue cuando comenzó el proceso de reclamación judicial. 

Un proceso que comenzó con 4 viviendas y que ha sentado precedente para más de 100 familias

Según explican desde el Consejo, en un principio 4 familias consiguieron que la Audiencia Provincial fallara a su favor tras perder en primera instancia. El fondo que adquirió la vivienda recurrió dicha sentencia, que ha llegado hasta el Tribunal Supremo, que ha ratificado la misma, sentando precedente para las más de 100 afectadas por la venta de las viviendas públicas del Ayuntamiento de Madrid al fondo de inversión. 

Por el camino de ese proceso judicial, según explican, muchos vecinos han sido desahuciados o han tenido que abandonar los que eran sus hogares por los cambios en las condiciones de sus contratos, que había firmado para poder residir en viviendas protegidas. 

Según el abogado que ha llevado la defensa del caso el “fallo marca un hito al corregir el censurable proceder de la EMVS  (Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid) y del fondo especulativo”, ya que ambos cerraron una operación de venta de VPO a precios irrisorios “ignorando los derechos de las modestas familias que las habitaban y que cumplían fielmente con sus obligaciones como inquilinos”. 

Califica además la venta de estas viviendas como una operación “infame” y confía en que se mantenga este criterio para los casos que quedan pendientes de modo que se reconozca el derecho que los inquilinos tienen a comprar sus viviendas. 

Benitez, según el mismo explica ha llevado más de 300 casos de desahucios impulsados por fondos buitre, y destaca la voracidad de los mismos, añade, que espera que la sentencia sirva para “proteger a las familias de clase trabajadora que aún enfrentan desalojos."