El Gobierno va a aprobar mañana miércoles, en el último Consejo de Ministros del año, su escudo social para 2024, con el que pretenden combatir los efectos de la inflación y la crisis energética (principalmente). El actual finaliza este 31 de diciembre, con la incertidumbre de si seguirán vigentes o no sus medidas, como son el contrato de relevo; la ayuda de 200 euros de la Agencia Tributaria; las rebajas a los impuestos de la energía o las ayudas al transporte.
Lo cierto es que su aprobación va a ser ‘in extremis’, ya que actualmente el Gobierno de coalición se encuentra todavía negociando. De hecho, según fuentes gubernamentales consultadas por El País, este mismo martes están trabajando en la prórroga las vicepresidentas del Gobierno: María Jesús Montero, Teresa Ribera, Nadia Calviño y Yolanda Díaz.
A pesar de ello, previsiblemente sí se conoce que se van a mantener algunas de ellas, como son la reducción de los impuestos energéticos y las ayudas al abono transporte, ya que fueron confirmadas por el presidente, Pedro Sánchez, durante su debate de investidura. Aunque, eso sí, podrían sufrir adaptaciones (lo único que adelantó es que el transporte público sería gratis para los menores, jóvenes y desempleados).
Durante este, el Ejecutivo también confirmó que se iba a mantener la reducción del IVA en los alimentos de primera necesidad, entre los que se encuentra el pan, la harina, la leche, los quesos o los huevos; y la rebaja del 10% al 5% del aceite y la pasta. Es algo que parece que sí está confirmado que se va a prorrogar con el objetivo de evitar la presión de los precios en la cesta de la compra.
Otras medidas que se van a mantener
Este mismo martes, 26 de diciembre, se ha conocido que el Gobierno ha llegado a un acuerdo con EH Bildu para incluir la prohibición de desahucios a personas vulnerables en el decreto de ayudas anticrisis que se va a aprobar mañana, manteniéndose hasta 2025. Asimismo, en el pacto se prorroga la imposibilidad de suspender los suministros básicos.
Aunque no está confirmado, parece que, de alguna forma, se van a mantener las rebajas de impuestos que tienen efectos directos en el IPC, como son las rebaja del IVA en la electricidad y el gas, aunque esta podría ser gradual. Se cree así porque su supresión podría tener efectos directos en la inflación por lo que, indirectamente, podría afectar a la revalorización de las pensiones, ya que se hace acorde con el IPC.
Al contrario, según adelantó la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, sí que se va a eliminar la ‘excepción ibérica’, aunque haya tenido un gran impacto para las facturas de muchos hogares. Todo apunta a que también van a desaparecer la bonificación al combustible para los transportistas así como las ayudas sectoriales. Por último, estarían en el aire la congelación del precio de la bombona y el impuesto a la banca y las energéticas.
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