La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha cuestionado algunos de los criterios incluidos en el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsado por el Gobierno, especialmente el uso de la vulnerabilidad económica como vía para acceder al procedimiento. En un informe sobre reformas estructurales vinculadas al Plan de Recuperación, la entidad considera que este planteamiento genera dudas y puede acabar desdibujando los requisitos tradicionales de arraigo.
El análisis, elaborado por el director de Fedea, Ángel de la Fuente, y recogido por Europa Press, pone el foco en el papel que tendrán las entidades sociales encargadas de certificar la situación de vulnerabilidad de los solicitantes. “Suponiendo que las entidades sociales que han de certificar la vulnerabilidad estuvieran en condiciones de hacerlo correctamente, lo que parece improbable”, recoge el informe.
La fundación considera que no tiene sentido limitar la regularización únicamente a las personas con menos recursos económicos si ya cumplen otros requisitos básicos, como no tener antecedentes penales o acreditar un tiempo mínimo de permanencia en España.
“Si aceptamos a los vulnerables, habría que aceptarlos a todos, lo que vaciaría de contenido la exigencia de arraigo familiar o laboral”, advierte el documento.
Fedea plantea eliminar el criterio de vulnerabilidad
Según el informe, el modelo planteado por el Gobierno podría acabar convirtiéndose en una regularización prácticamente automática para quienes lleven varios meses en España y no supongan un problema de seguridad u orden público.
“Reconocerlo abiertamente permitiría simplificar mucho los trámites, eliminando uno de los principales cuellos de botella del proceso de regularización”, señala Fedea.
Por ello, la fundación plantea como alternativa eliminar toda referencia a la vulnerabilidad económica y mantener únicamente los criterios de arraigo familiar o laboral, siguiendo el esquema aplicado en anteriores procesos extraordinarios de regularización.
La fundación considera que la situación económica del solicitante “debería ser irrelevante a estos efectos” y sostiene que los criterios deben centrarse en la vinculación real con el país a través del empleo o del entorno familiar.