El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes en España. Tras la reunión, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha detallado en rueda de prensa cómo funcionará el proceso y ha defendido la medida como “uno de los grandes hitos de esta legislatura”.
Según ha explicado la ministra, esta iniciativa permitirá regularizar a miles de personas que ya residen en España y que forman parte de la sociedad. “Son personas que conviven entre nosotros, que dan vida a nuestros pueblos y que a partir de hoy podrán disfrutar con garantías de plenos derechos”, ha señalado.
Saiz ha subrayado además que la medida cuenta con una “triple legitimidad: social, política y económica”, destacando el respaldo de más de 700.000 firmas, el apoyo parlamentario mayoritario y el aval de los agentes sociales.
Durante la rueda de prensa, Saiz también ha defendido el impacto positivo de la medida en la economía y en el mercado laboral. Ha recordado que “el 43% del empleo creado en España… corresponde a trabajadores extranjeros”, y ha señalado que la regularización contribuirá a reforzar el sistema de bienestar y a favorecer la integración social.
Cuándo empieza la regularización y cómo se podrá solicitar
La ministra ha confirmado que el proceso arrancará de forma inmediata tras la publicación del real decreto en el BOE. En concreto, las solicitudes podrán presentarse desde el jueves 16 de abril por vía telemática.
“La vía telemática estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, ha explicado Saiz, quien ha insistido en que este será el canal más ágil para tramitar las solicitudes.
En cuanto a la atención presencial, comenzará el lunes 20 de abril y será obligatorio contar con cita previa. Esta podrá solicitarse desde el propio día 16 de abril, tanto a través de la web del Ministerio como por teléfono.
El proceso estará abierto hasta el 30 de junio y se dirige a personas migrantes en situación irregular que se encontraran en España antes del 1 de enero de 2026 y que acrediten al menos cinco meses de permanencia continuada en el país.
Además, también podrán acogerse quienes hayan solicitado protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025.
Qué derechos tendrán las personas regularizadas
Durante su intervención, la ministra ha explicado que las personas que cumplan los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia y trabajo en España.
Este permiso tendrá una duración inicial de un año y permitirá a los beneficiarios obtener número de afiliación a la Seguridad Social y acceso a la tarjeta sanitaria.
Tras ese periodo, podrán integrarse en las vías ordinarias del sistema de extranjería, lo que facilitará una “integración plena y progresiva”, según ha indicado Saiz.
Cómo se organizará el proceso y qué medios se han habilitado
El Gobierno ha diseñado un plan específico para gestionar el volumen de solicitudes. “Queremos asegurarnos de que todas las personas que tengan derecho a ello puedan acceder”, ha afirmado la ministra.
Para ello, se han incorporado más de 550 profesionales y se habilitarán unas 450 oficinas en todo el territorio, incluyendo centros de la Seguridad Social, oficinas de Correos y dependencias de extranjería.
Además, las solicitudes se tramitarán a través de la plataforma digital Mercurio, desde la que la Unidad de Tramitación de Extranjería resolverá los expedientes.
Saiz ha insistido en que el sistema está preparado para responder a la demanda: “nos hemos dejado la piel en el proceso” y se ha diseñado una operativa “muy trabajada” para que funcione correctamente.
El Gobierno elimina la declaración responsable para acreditar la ausencia de antecedentes penales
Uno de los cambios relevantes del real decreto es la eliminación de la posibilidad de presentar una declaración responsable para acreditar la ausencia de antecedentes penales.
Según han confirmado fuentes de la negociación a Europa Press, esta opción sí figuraba en borradores anteriores, pero ha sido finalmente descartada tras las objeciones del Consejo de Estado.
En su dictamen, este órgano consideró que se trataba de una técnica “inadecuada” para un proceso de carácter masivo, al poder “abrir la puerta a prácticas poco rigurosas”.
De esta forma, los solicitantes deberán acreditar este requisito mediante certificados oficiales de sus países de origen o de residencia. No obstante, si no obtienen respuesta en el plazo de un mes, la Administración española podrá solicitar directamente la información a las autoridades correspondientes.
Exclusión de apátridas y otras condiciones del proceso
El proceso no incluirá a las personas apátridas, como los saharauis. Sobre este punto, la ministra ha aclarado que “no están en situación irregular” y que su exclusión evita “solapamientos” con otros procedimientos.
Asimismo, se permitirá iniciar los trámites con el pasaporte caducado, lo que facilitará el acceso a la regularización para muchas personas.
Para participar en el proceso será necesario, además, carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público.