La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) que depende del Ministerio de Trabajo y Economía Social ha adjudicado un contrato por valor de 37.585 euros para que se implante un servicio especializado de apoyo emocional y psicológico del que podrá beneficiarse todo el personal de la Inspección tras detectar un incremento del 57% en los actos violentos que se cometen contra estos funcionarios en el ejercicio de sus funciones.
En el contrato adjudicado y en el texto de la licitación, al que ha accedido Europa Press, la empresa seleccionada ha sido la pyme Emocional Technologies 22 y el proyecto se llama ‘Programa de Acompañamiento Emocional del Empleado’ (PAE). Cuando estaba en fase de licitación, hubo cinco ofertas económicas para este servicio y la elegida ya aparece con la firma de la directora del organismo, Cristina Fernández, como respuesta a la memoria técnica previa del contrato en el que se justificaba la necesidad realizar una gestión de los riesgos psicosociales como las tareas administrativas y de atención al público.
Ahora, es el turno de la empresa adjudicataria que deberá desplegar los servicios especiales de asistencia psicológica profesional, que sea accesible y confidencial e irá en varios bloques. Por ejemplo, atención psicológica especializada para el personal de la Inspección de Trabajo, con la que orientar los problemas derivados de la salud mental como la ansiedad, las alteraciones en el estado de ánimo o los problemas de adaptación.
Agresiones y violencia durante el desarrollo de sus funciones
El protocolo va a poner en marcha medidas de apoyo emocional inmediato y de contención psicológica para aquellos trabajadores públicos que hayan protagonizado alguna situación conflictiva, como agresiones o episodios de violencia externa. El contrato incorpora mecanismos de seguimiento y acompañamiento psicológico para los afectados una vez superados los incidentes críticos o los escenarios de alta tensión emocional.
Previamente a la elaboración de este PAE se ha realizado un análisis en el que se han detectado incrementos de la violencia contra los funcionarios de la Inspección de Trabajo mientras estaban realizando sus tareas profesionales. Durante el año 2024 se han registrado 33 incidentes de violencia externa, un repunte del 57% respecto al año anterior.
La evaluación de riesgos psicosociales aprobada en 2024 calificó el riesgo de violencia externa para estos funcionarios que se dedican a realizar labores de inspección como un riesgo “no controlado”. Por eso se ha obligado al organismo a planificar medidas correctoras para garantizar la protección de este personal afectado.
El plan se alinea con el protocolo de actuación ante la violencia en la AGE
La memoria técnica de este proyecto destaca que se cumple la Ley 37/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en lo que tiene que ver con la protección de la salud mental y con la adaptación del trabajo a las personas. Queda alineada con el protocolo de actuación frente a la violencia que se aplica en la AGE (Administración General del Estado) y el Acuerdo Marco para la mejora del empleo público.
Este servicio dota a la Inspección de las herramientas necesarias para que se cumpla el Convenio 190 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para la eliminación del acoso y la violencia en el entorno laboral. Este instrumento está en vigor desde mayo de 2023 en España y exige a quien contrata que lleve a cabo mecanismos de protección, apoyo y reparación psicológica en situaciones de conflicto.
Este contrato tiene una duración de 12 meses a partir de que se formalice aunque en el pliego de condiciones se contempla la opción de una prórroga de 12 meses más.
Presupuesto de 37.600 euros para poner en marcha el PAE
Este PAE tenía un presupuesto base de licitación de hasta 42.000 euros y finalmente se ha resuelto por 37.600 euros aproximadamente. Los pliegos destacan qué procedimientos se van a llevar a cabo para garantizar la protección del personal inspector, como por ejemplo un chat de apoyo interactivo durante los sábados (en horario de mañana y tarde) o consultas por vídeo.
A la hora de adjudicar el proyecto se ha tenido en cuenta la puntuación, y en este caso ha sido la máxima, debido entre otras cosas, a la garantía de una cita en un plazo menor o igual a 24 horas. En el protocolo se cumple de manera estricta la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en lo que tiene que ver con la obligación de proteger la salud mental y adaptar el trabajo a la persona.