El Gobierno ha pedido más tiempo a la Comisión Europea para poder impulsar las reformas necesarias que eliminen el abuso en la contratación de temporales en el sector público. El plazo para cumplir con este compromiso finalizó el pasado 29 de junio (hace un día) y, ahora, han solicitado ampliarlo hasta marzo de 2027.
Para justificar esta ampliación, que ha anunciado hoy el el Ministerio de Función Pública en un comunicado, han explicado que sentencias como la del 11 de mayo del Tribunal Supremo han introducido “elementos nuevos” sobre el enfoque de la indemnización “que hay que analizar”, además de que deben “conocer exactamente cuántos trabajadores temporales están en situación de abuso en todas las administraciones públicas”.
Hay que señalar que España, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se comprometió con Bruselas a reducir la temporalidad en el empleo público por debajo del 8% antes del 31 de diciembre de 2024. Más de un año después de ese plazo, según dio a conocer el despacho de abogados Araúz de Robles, la tasa continuaba en el 32,2%.
De no corregir esta situación, se pondrían en riesgo más de 625 millones de euros de fondos europeos. Además, España se expondría a una nueva demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Últimas sentencias sobre el abuso de la temporalidad
El Gobierno se ha respaldado en las últimas sentencias sobre la materia a la hora de ampliar el plazo. En este sentido, hay que recordar que el TJUE ha fallado varias veces contra España por el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas.
La última vez fue en abril de este año, cuando dictaminó que las medidas adoptadas por España para frenar el abuso de la temporalidad pública, como la figura del trabajador “indefinido no fijo” o los procesos de estabilización de la Ley 20/2021, incumplen el Derecho de la Unión porque no garantizan la estabilidad y mantienen la precariedad laboral. El fallo también señaló que las indemnizaciones por cese son insuficientes y que España carece de un sistema de responsabilidad que sancione de forma disuasoria a las Administraciones.
En este escenario, el TJUE abrió la puerta a que la conversión automática de los interinos en fijos podría ser la única solución viable para sancionar el abuso, aclarando que los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad no pueden servir como excusa para evitar dicha penalización.
Posteriormente, en mayo, el Tribunal Supremo fijó criterio y rechazó que los empleados públicos puedan adquirir automáticamente la fijeza únicamente por haber sufrido abuso en su temporalidad, ya que esto vulneraría los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
No obstante, fijó una excepción: sí procede reconocer la fijeza a aquellos trabajadores que superaron previamente un proceso selectivo para una plaza fija, pero no la obtuvieron por falta de vacantes, y que posteriormente fueron víctimas de contrataciones temporales abusivas.
Además, el Supremo determinó que se deben aplicar indemnizaciones acordes a los criterios europeos y distintas: la extintiva y una compensatoria por el abuso de temporalidad, que ha de tener en cuenta daños morales y materiales. Asimismo, ordenó remitir los casos a la Inspección de Trabajo para que iniciase los procedimientos sancionadores correspondientes contra las Administraciones infractoras.
Reunión con las comunidades autónomas y la FEMP
La primera acción que ha tomado el Gobierno es emplazar a las Comunidades Autónomas y a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) a una reunión de coordinación el próximo 8 de julio en Santander, con el objetivo de debatir posibles medidas y propuestas para reducir la temporalidad en el sector público.
El encuentro tendrá lugar en el marco de la Comisión de Coordinación del Empleo Público y servirá para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la anterior reunión con las CCAA, celebrada el 7 de mayo, y que se saldó con la creación de un nuevo grupo de trabajo que estudie los posibles cambios de normativa. Ahora, se solicita a sus integrantes aportaciones normativas para reducir la temporalidad, teniendo en cuenta la citada sentencia del Tribunal Supremo.
Según Función Pública, con esta reunión esperan avanzar en la tarea conjunta de analizar esos posibles cambios normativos y conocer qué medidas han implantado las CCAA para frenar la temporalidad. En este sentido, han sañalado que son precisamente estas administraciones las que concentran el problema de la alta temporalidad, con una tasa del 40% frente al 4,7% en la Administración General del Estado. En concreto, la temporalidad en los sectores de Educación y Sanidad, competencia de las comunidades, asciende al 40% y 43%, respectivamente.
Con ese mismo fin, el Gobierno citó el pasado miércoles 24 de junio a los sindicatos a una reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre el Plan de choque para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas, donde abordaron el seguimiento de procesos de estabilización; sentencias judiciales; y contactos con la Comisión Europea.
CSIF pide “sanciones ejemplares”
Tras el anuncio de Función Pública, CSIF ha pedido que se establezcan “sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables” para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal.
Además de esta medida, el sindicado ha propuesto que las ofertas de empleo público convoquen todas las plazas estructurales y “así evitar que se tenga que acudir a la contratación temporal”; reducir los plazos de ejecución de los procesos selectivos; y eliminar la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público, para que las administraciones puedan realizar ofertas en función de sus necesidades sin contratar interinos.