Recibir el diagnóstico de que un hijo padece cáncer o una enfermedad que requiere hospitalizaciones largas es, sin duda, una experiencia difícil para cualquier familia. Cualquier padre en ese momento lo que necesita es dedicar cuantas más horas posibles al cuidado y la atención del menor, dejando a un lado sus rutinas e incluso su trabajo si hace falta.
Pero como para cualquier persona, el trabajo es necesario para tener ingresos y poder pagar los gastos básicos y esenciales de la vida diaria, que pueden aumentar cuando un hijo tiene más necesidades debido a una enfermedad. Esto produce una contradicción en sí, ya que estas familias necesitan dedicar más tiempo a su hijo, pero a la vez no pueden quedarse sin trabajar porque necesitan más ingresos o al menos los mismos que tenían hasta el momento de conocer la enfermedad de su hijo.
Es por eso que el sector público cuenta con una protección pensada para que sus trabajadores puedan adaptar sus horarios de trabajo reduciéndolos sin perder ingresos. Y es que a estos padres se les permite reducir su jornada laboral para poder dedicar más tiempo a su hijo sin perder nada del sueldo.
Tal y como especifica el TREBEP o Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (que se puede consultar en este BOE), concretamente en el apartado de los permisos por motivos de conciliación y situaciones especiales, la ley da una posibilidad de mejorar su situación a las familias que atraviesan por este problema. Y es que la Administración asume que el cuidado directo, continuo y permanente de un menor enfermo es un trabajo a tiempo completo en sí mismo, incompatible con una jornada normal de trabajo.
Una reducción de jornada que salva de la ruina a las familias
Para acogerse a este derecho, es necesario consultar específicamente el artículo 49.e) de la normativa básica del empleado público. El texto dice de forma clara que el trabajador tendrá derecho "a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga prestando sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo o hija menor de edad, afectado por cáncer... o por cualquier otra enfermedad grave".
Entonces, ¿qué supone esto de forma directa para el bolsillo del empleado público? Implica que el padre o la madre puede llegar a reducir su tiempo de trabajo efectivo un 50% o incluso más, y aun así, su cuenta bancaria recibirá el salario íntegro cada final de mes. Como el objetivo principal de la ley es evitar que la familia pase por malos momentos económicos y de gestión de tiempo, es la propia Administración la que asume el coste total del tiempo que no se trabaja. Por lo que el empleado mantiene todos sus complementos, sus pluses y su base salarial intacta, liberándolo por completo de la presión de tener que elegir entre la salud de su hijo y el sustento básico de su hogar.
El permiso se amplía hasta los 23 años
Además, la ley ha ampliado hace poco este derecho consiguiendo adaptarlo a los tratamientos que se terminan alargando. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aunque la normativa en un principio habla de hijos menores, este mismo artículo señala a continuación que esta reducción de jornada y sueldo íntegro se mantendrá como máximo hasta que el hijo cumpla los 23 años (e incluso se puede estirar hasta los 26 años si acredita un grado de discapacidad igual o superior al 65%).
De igual forma, para que se conceda este permiso, se exige que ambos progenitores estén trabajando en el momento de pedirlo, dando garantías por tanto de que el funcionario tendrá el tiempo que necesita para acompañar a su hijo mientras se somete a un tratamiento, rehabilitación o los cuidados que necesite debido a su enfermedad, sin que el trabajo sea un impedimento.