Isabel, una mujer de 91 años con un estado de salud delicado, ha logrado finalmente recuperar su vivienda en Málaga tras cuatro años de impagos y bloqueos judiciales. El desalojo se ha hecho efectivo después de que los arrendatarios, que debían 400 euros mensuales de renta, utilizaran de forma sistemática la Ley de Vivienda para alegar una vulnerabilidad económica que, según los datos del caso, era inexistente: la unidad familiar percibía 1.309,25 euros mensuales del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una cantidad que supera la propia pensión de la dueña.
“Los ocupantes disponían de ingresos superiores a los del propietario”
El conflicto se remonta a 2022, cuando la propietaria interpuso la primera demanda. A pesar de que el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Málaga dictó sentencia favorable en julio de aquel año, y de que la Audiencia Provincial la ratificó en abril de 2023, el lanzamiento fue suspendido repetidamente.
La defensa de los inquilinos utilizó tácticas dilatorias amparadas en la normativa vigente:
- Alegación de vulnerabilidad sobrevenida: Atribuida a los efectos económicos de la pandemia.
- Justicia gratuita: Solicitud de abogados de oficio para extender plazos.
- Intervención de servicios sociales: Para paralizar el desalojo por falta de alternativa habitacional.
Rubén Torres, del despacho Torres y Tur Abogados, señala la gravedad de la situación: “Los ocupantes disponían de ingresos superiores a los del propietario. La aplicación automática de la protección genera una injusticia difícil de justificar”, tal y como explica The Objective.
Mientras se resolvía el caso, Isabel sufrió una fractura de cadera que requirió cirugía y rehabilitación, costes que tuvo que afrontar mientras mantenía los gastos de una vivienda que no podía disfrutar.
La inkiocupación en España, en cifras
Este caso es el ejemplo paradigmático de la inquiokupación, un fenómeno que ya representa el 99% de los delitos relacionados con la ocupación en España (usurpación), frente a menos del 1% que supone el allanamiento de morada tradicional.
De acuerdo a datos oficiales, existen registrados 14.875 casos de denuncias, tan solo a finales de 2025; siendo Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña (40%), las regiones más afectadas por esta situación.
Qué dice la ley
La normativa actual exige que el demandante acredite si el inquilino se encuentra en situación de vulnerabilidad antes de proceder al desahucio. Si se confirma, el proceso se suspende hasta que la administración ofrezca una alternativa.
En el caso de Isabel, la paradoxal situación de que el IMV de los inquilinos fuera mayor que su pensión no fue suficiente para agilizar el proceso de forma automática, lo que ha abierto un debate sobre la necesidad de verificar la solvencia de ambas partes.
Tras recuperar las llaves, la familia de Isabel se centra ahora en la recuperación de la anciana, cuya salud se ha visto mermada por el estrés de un proceso judicial que ha durado varios años.