Cuando se decide construir una vivienda en un terreno propio, hay que tener en cuenta las características del mismo, así como su calificación, y contar con los permisos necesarios para evitar sanciones e incluso la demolición de la construcción. En el caso de este agricultor francés, decidió levantar una casa con piscina en una parcela agrícola donde únicamente tenía permiso para construir un cobertizo.
Según ha informado el medio francés La Dépêche, en un principio el dueño del terreno solicitó unos permisos para construir varias viviendas para sus trabajadores que fueron rechazados y más tarde uno para construir un cobertizo relacionado con la actividad que sí le fue concedido. Pero aprovechando esa licencia, terminó construyendo una vivienda, otro cobertizo y una piscina en una parcela de cuatro hectáreas clasificada exclusivamente como suelo agrícola.
En una inspección, el ayuntamiento comprobó que las construcciones que se estaban llevando a cabo no coincidían con la licencia concedida y ordenó paralizarlas, pero el agricultor ignoró la orden y continuó las obras hasta completar la vivienda.
Deberá pagar dos multas de 25.000 euros y asumir el coste de la demolición
El caso terminó en los tribunales y se prolongó durante doce años debido a los recursos, los cambios de abogados y los aplazamientos de las vistas, pero la justicia ordenó inicialmente la demolición de las construcciones y la sentencia fue posteriormente confirmada en apelación y por el Tribunal de Casación francés.
El propietario y su empresa agrícola fueron condenados a pagar una multa de 25.000 euros cada uno, lo que supone una sanción total de 50.000 euros. Además, tendrá que correr con los gastos de la demolición, que se estiman alcancen un importe similar a las multas, y pagar una sanción diaria por cada día que las construcciones estuvieron en pie.
A principios de 2026, la vivienda quedó destruida por un incendio cuyas causas continúan bajo investigación. No obstante, el cobertizo y la piscina seguían en pie, por lo que los servicios estatales se desplazaron hasta la parcela el 23 de julio para ejecutar la orden judicial.
Una excavadora derribó las construcciones que todavía permanecían en el terreno con el objetivo de devolver la parcela a su estado original y garantizar que vuelva a destinarse exclusivamente a la actividad agrícola.