Victoria Palomares, una mujer de 89 años con movilidad reducida, ha logrado recuperar su vivienda en el distrito madrileño de Vicálvaro tras un calvario judicial de más de cuatro años. El inmueble, que arrastraba una situación de inquiokupación y posterior usurpación desde finales de 2020, ha sido finalmente desalojado mediante una orden judicial.
Tal y como detallan agencias y medios de comunicación como Telecinco, la familia de la propietaria confirmó que procederá a la venta inmediata del activo para poder sufragar los elevados gastos derivados de la situación de dependencia de la anciana.
“Lo único que queríamos era poder descansar”
El conflicto comenzó a finales de 2020, cuando los inquilinos originales cesaron el pago íntegro de la renta mensual de 500 euros, iniciando una serie de abonos parciales que derivaron en una deuda de 4.500 euros ya en 2021. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, Victoria y su hija, Vicky Serrano, iniciaron el proceso de desahucio en mayo de 2022.
La situación se complicó años después, cuando descubrieron que la arrendataria original había abandonado el piso, dejando a otras personas en su lugar sin consentimiento. "Lo único que queríamos era poder descansar", ha declarado Serrano tras el lanzamiento, que se ha producido sin incidentes. Al entrar, la familia ha hallado la vivienda en condiciones de inhabitabilidad y prácticamente desmantelada de mobiliario.
La inkiocupación en España
El caso de Victoria Palomares ilustra una tendencia que continúa creciendo en España: la inquiokupación. A diferencia del allanamiento de morada, este fenómeno se produce cuando un inquilino entra con contrato legal pero deja de pagar voluntariamente, aprovechando los plazos judiciales que, de media, oscilan entre los 6 meses y los 2 años.
Las cifras oficiales muestran que a finales de 2025, se registraron 14.875 denuncias en todo el país, siendo Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana las regiones más afectadas por esta situación.
Para evitar procesos que se dilaten años, los expertos en vivienda recomiendan a los caseros seguir un protocolo estricto ante el primer impago:
- Requerimiento fehaciente: Envío de un burofax con acuse de recibo reclamando la deuda.
- Vía judicial: Presentar la demanda de desahucio tras 30 días de impago.
- Prevención: El mercado actual prioriza la contratación de seguros de impago y la inclusión de cláusulas de arbitraje privado para agilizar la resolución de conflictos fuera de la saturada vía civil ordinaria.
Por su parte, la familia Palomares ha iniciado los trámites para rehabilitar y vender la propiedad, cerrando un capítulo que ha mantenido en vilo la estabilidad financiera necesaria para los cuidados de una de las vecinas más longevas de Vicálvaro.
