Millones de empleados públicos verán cómo su nómina de julio engorda con una especie de paga ‘extra’ en forma de atrasos. Hacienda ha confirmado este jueves que la subida salarial del 0,5% pendiente desde enero de 2024 llegará, por fin, a finales de este mes, lo que supondrá un aumento de unos 168 euros más anuales. El abono, que en algunos casos rozará los 200 euros tras sumar atrasos, afectará a más de tres millones de trabajadores de la administración pública, los cuales irán desde funcionarios a personal laboral y estatutario de todas las comunidades autónomas y ayuntamientos.
El Consejo de Ministros aprobó este martes el alza con efectos retroactivos al 1 de enero de 2024 y, según el propio BOE (se puede verificar en este enlace), "se abonará en la nómina del mes de julio de 2025" con todos los atrasos correspondientes (es decir, a final de este mes). Aun así, el pago podría sufrir retrasos en algunos organismos públicos por cuestiones técnicas o falta de documentación, en cuyo caso se hará efectivo en la primera nómina posible, según reconoce el propio Gobierno.
En este sentido, por ejemplo, la Generalitat ha confirmado, que las nóminas no se actualizarán hasta septiembre y los atrasos pendientes no se harán efectivos hasta un mes después, es decir, hasta octubre, cuyo atrasos ascienden a unos 625 euros.
La subida, que supondrá un desembolso de 700 millones de euros para las arcas públicas, se materializa a través de una paga de atrasos: incluye lo que los empleados públicos dejaron de cobrar desde enero de 2024 hasta la fecha actual, y a partir de ahora el 0,5% se consolidará en sus nóminas, de forma que los siguientes sueldos ya reflejarán el aumento de manera permanente.
El pago será automático y no habrá que hacer ningún trámite
Esta ‘extra’ llegará a más de tres millones de personas, entre personal funcionario y estatutario, altos cargos, personal directivo y personal laboral del sector público estatal. El pago también incluye al personal de las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
Sobre si hay que hacer algún tipo de trámite, el BOE explica que, en la mayoría de los casos, los funcionarios y personal estatutario que siguen en su mismo destino cobrarán automáticamente la subida y los atrasos en la nómina de julio, sin necesidad de hacer ningún trámite. En otras palabras, si se continúa en el mismo destino no hay que hacer nada, la Agencia Tributaria se encargará de todo.
Ahora, aquellos empleados públicos que hayan cambiado de destino dentro del sector público estatal, hayan pasado a otra administración, hayan cesado o estén en situación de baja deberán solicitar el pago de los atrasos al órgano que les abonaba las retribuciones durante el periodo afectado.
Si se diera el caso de que, el trabajador hubiera fallecido desde enero de 2024, los herederos podrán reclamar la cantidad pendiente. El proceso se gestionará siguiendo las instrucciones publicadas por Hacienda y, según el BOE, en caso de incidencia o falta de documentación, el pago se hará en la primera nómina posible tras completarse los trámites.
Una mejora de 168 euros
La mejora supondrá unos 168 euros anuales de media para los empleados públicos, según el sindicato CSIF. Por categorías, la cantidad variará, siendo las siguientes:
- Los funcionarios del grupo A1 recibirán 182 euros solo por 2024, con sueldos de 2.576 euros brutos mensuales y una media de 15 años de antigüedad
- Los A2, con salarios de 2.383 euros, recibirán 168 euros; y los C1, con sueldos de 1.687 euros, solo verán 112 euros más.
Tras varias huelgas y protestas impulsadas por los principales sindicatos para exigir la subida, el Gobierno asegura que con este pago cumple la última parte del acuerdo marco firmado con UGT y CCOO para los años 2022, 2023 y 2024. Un pacto que, cabe recordarlo, no contó con el respaldo de CSIF, que ha sido especialmente crítico con el retraso y las “promesas incumplidas”.
El sueldo de los funcionarios se incrementó un 3,5% en 2022, otro 3,5% en 2023, y un 2% en 2024, a los que ahora se suma este 0,5% adicional, que busca corregir parte de la pérdida de poder adquisitivo frente al IPC acumulado en los últimos tres años.
Los sindicatos han celebrado que por fin llegue la subida, pero subrayan que “queda una parte importante del acuerdo pendiente”. Además de la subida salarial de 2025, que todavía debe negociarse, UGT y CCOO exigen la aprobación de la jornada de 35 horas, la jubilación parcial y la nueva clasificación profesional. Mientras el Gobierno presume de haber “cumplido el acuerdo en su totalidad”, los sindicatos advierten que el conflicto no está cerrado.
