Que un camino atraviese una finca privada no significa necesariamente que ese camino sea público. Y por uno de estos, un agricultor irlandés ha llegado hasta los tribunales con el Consejo del Condado, para finalmente ganar la batalla legal por un tramo de carretera de apenas 150 metros que atraviesa sus terrenos desde hace casi 200 años.
El agricultor defendía que ese camino, creado en alrededor de 1834, nunca había sido una vía pública, sino un derecho de paso privado utilizado por los descendientes de una misma familia, entre ellos la suya. El ayuntamiento, en cambio, sostenía que ese tramo formaba parte de una carretera pública y estaba bajo su responsabilidad.
El conflicto terminó llegando al Tribunal Superior, según recogen desde Irish Farmers Journal, después de años de enfrentamientos por la consideración de ese camino, pero fue en 2017 cuando el conflicto se agravó porque se construyó un paso subterráneo bajo la carretera para poder mover el ganado de un lado a otro de la finca, y el ayuntamiento acabó cerrando el tramo al considerar que suponía un peligro.
El agricultor defendía que su familia llevaba casi 200 años usando el camino como una vía privada
El agricultor aseguró durante el proceso que los principales usuarios de ese camino siempre habían sido miembros de su familia y, aunque otras personas tenían derecho de paso por el mismo, nunca se había cedido esa parte del terreno para que lo pudiera usar cualquiera.
Según el hombre, tampoco había pruebas de que el ayuntamiento se hubiera hecho nunca cargo de ese camino, ya que llevaba funcionando como una vía privada desde 1834, y el hecho de que existiera desde hacía casi dos siglos no lo convertía por sí solo en una carretera pública.
El Consejo del Condado de Monaghan defendía lo contrario, aseguraba que todo el trazado formaba parte de una vía pública y que había quedado bajo su responsabilidad en virtud de la legislación de 1953.
No había pruebas suficientes de que el camino fuera público
La justicia dio finalmente la razón al agricultor al considerar que no había pruebas suficientes para demostrar que el público utilizara ese tramo con suficiente frecuencia, extensión o durante el tiempo necesario como para concluir que existía un derecho de paso público.
Tampoco encontró pruebas de que ni el hombre ni su familia hubieran tenido intención de convertir el camino en una vía pública ni de que el ayuntamiento hubiera asumido formalmente su control.
Además, señaló de forma provisional que el ayuntamiento debería asumir las costas judiciales, aunque no tendría que indemnizar al agricultor por daños y perjuicios.