Cientos de empleados públicos en situación de abuso de temporalidad se han concentrado esta tarde frente al Congreso de los Diputados para reclamar que les conciertan en fijos, considerando que es la “única reparación válida a décadas de contratación temporal abusiva”.
La convocación se produce en un momento clave, 14 días después de la nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que volvió a dictaminar que las medidas utilizadas en España para sancionar el abuso de la contratación temporal en las Administraciones públicas, como la figura del trabajador indefinido no fijo, no cumplen con el Derecho de la Unión.
Es precisamente esto lo que han defendido los convocantes: “Ni el indefinido no fijo, ni las indemnizaciones tasadas, ni los procesos de estabilización abiertos sirven. El Tribunal establece que España está obligada a compensar íntegramente el perjuicio causado”, según las declaraciones recogidas por Europa Press. Ciertamente, la fijeza podría ser una forma adecuada de sancionar a la Administración por el abuso, a falta de medidas adecuadas.
En cuando a la protesta, los interinos han sido convocados por la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti) y las Plataformas de Afectados por la Función Pública (PAFP) de Madrid y Murcia. Ambas organizaciones han denunciado que las Administraciones Públicas han sostenido durante décadas sus estructuras con personal temporal (funcionarios interinos, personal laboral temporal y estatutario) para cubrir necesidades que son, en la práctica, permanentes y estructurales “y lo han hecho sin transponer la directiva europea que prohíbe expresamente esa práctica”.
Más de 900.000 afectados, pero son “meros números sin rostro ni familia”
Según los datos ofrecidos por los convocantes, procedentes de estadísticas oficiales del Ministerio de Hacienda, el colectivo afectado por esta situación de abuso de temporalidad asciende a 979.409 personas, el 60% mujeres. Asimismo, añaden que, de los que ya han sido cesadas, el 70% no percibió indemnización alguna.
“Las Administraciones nos han considerado durante todo este tiempo meras plazas, meros números sin rostro ni familia. Pero somos personas. Más del 70% son mujeres mayores de 50 años con riesgo real de exclusión social”, han manifesttado.
“El fraude no es de quien trabajó, es del empleador que utilizó la contratación temporal para evitar crear las plazas indefinidas que le correspondía crear. Esta concentración no es una protesta más. Es la respuesta de miles de trabajadores a los que el Estado ha utilizado durante décadas y ahora pretende echar a la calle como si nada. La sentencia lo ha dejado claro: ya no hay excusas ni salidas. Exigimos lo que nos corresponde: la fijeza”, ha defendido Lorenzo Campillo, afectado y presidente de Ansiti.
Según los convocantes, los procesos de estabilización acordados entre Gobierno y sindicatos no sólo no han solucionado el problema de la temporalidad, sino que han agravado la situación, incrementando la tasa de temporalidad hasta situarla entre el 31% y el 34%. Además, alertan de que más de 150.000 trabajadores en fraude de ley han sido expulsados sin indemnización tras décadas de servicio, lo que califican “como uno de los mayores abusos laborales en la Administración pública española”.
Los procesos de estabilización no reparan el daño
Los convocantes también han señalado que las ofertas de empleo público, por récord de plazas que consigan, no son una solución real al problema de la temporalidad. Incluso, advierten de que es “un cese masivo encubierto”.
“Al tratarse de convocatorias abiertas, quienes llevan años en situación de abuso compiten en desigualdad con aspirantes sin vinculación previa. El TJUE ya advirtió en la sentencia que este tipo de procesos no son una medida adecuada para sancionar el abuso”, han sostenido.
En concreto, el TJUE expuso en referencia a esos procesos de estabilización que, aunque valoran la experiencia previa de los trabajadores temporales, no constituyen una sanción efectiva, ya que están abiertos a otros candidatos, no aseguran la permanencia del trabajador afectado, y no eliminan las consecuencias del abuso si no se supera el proceso.
“Llevamos años viendo cómo se aprueban leyes que no resuelven nada. La llamada estabilización ha sido, en realidad, una desestabilización: tres años después, la temporalidad no se ha reducido, sino que ha aumentado. Más de 150.000 trabajadores han sido expulsados a coste cero tras décadas de servicio”, ha expuesto Ignacio Marcos Sánchez, portavoz y coordinador de PAFP Madrid.
“Estamos aquí, respaldados por las sentencias del TJUE, para exigir justicia, legalidad y reparación. No pedimos privilegios: exigimos el cumplimiento del Derecho europeo y el fin de este abuso estructural”, ha añadido.
5 medidas para reparar el daño causado
Las organizaciones convocantes instan a implantar 5 medidas para lograr una reparación íntegra del daño causado: una normativa específica que establezca la fijeza de forma automática sin necesidad de litigio individual, la readmisión inmediata de quienes fueron cesados estando en situación de abuso de temporalidad, indemnizaciones reales y disuasorias, proporcionales al tiempo de abuso y sin topes simbólicos, transparencia absoluta en la identificación de los trabajadores abusados y criterios claros para ello, y la responsabilidad efectiva y disuasoria para las administraciones que dilaten o incumplan las medidas que sancionen definitivamente el abuso.
Por su parte, señalar que el Ministeri de Función Pública, al conocerse la sentencia, defendió que el fallo era “meramente aclaratorio” y no afecta a la normativa nacional ni impone sanciones de ningún tipo, defendiendo que el TJUE no obliga a España a hacer fijos los contratos temporales del sector público. Al contrario, diputados de Sumar, Podemos y Compromís sí han apoyado este miércoles a los convocantes en las puertas del Congreso.