El abogado Javier Arauz de Robles, representante de asociaciones de empleados públicos temporales, sostiene que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) oblig a España a adoptar una solución de fondo frente al abuso de la temporalidad: la conversión en trabajadores fijos de quienes encadenaron contratos de manera irregular en la administración pública.
La resolución, que se ha conocido este martes, concluye que las medidas aplicadas hasta ahora en el ordenamiento español no cumplen con el Decreto de la UE, al no ser suficientemente eficaces para sancionar el uso abusivo de la contratación temporal ni para reparar en sus consecuencias. Arauz señala que “sólo cabe la estabilización automática” de los afectados.
Como alternativa operativa, el letrado propone recuperar la figura del “fijo a extinguir” usada en los procesos de transición administrativa desde hace años. Este mecanismo otorga a los actuales interinos derechos equiparables a los que tienen los funcionarios de carrera, manteniendo su plaza hasta la jubilación o el cese voluntario, momento en que el puesto volvería a salir a concurso público.
Según defiende, se trata de una solución “intermedia” que concita apoyos en varios partidos aunque no en los mayoritarios.
El Tribunal Supremo deberá fijar doctrina en las próximas semanas
Arauz ha señalado que será el Tribunal Supremo el que deberá determinar qué figura es adecuada para que se cumpla la sentencia europea. “Supone mantener una relación de naturaleza temporal” y que deberá decidir si los temporales se deben convertir en fijos u opta por otra figura.
“Supongo que se optará por el primero”, reconoce el abogado que avisa de que hay entre 40.000 y 50.000 procesos judiciales paralizados a la espera de esta sentencia y que en mes y medio habrá una sentencia del TS dando respuesta a esta situación.
Según los datos de la EPA (Encuesta de la Población Activa) de 2025, España cuenta con 999.738 empleados públicos temporales, lo que representa el 32,3% del total de los que el 75% son mujeres.
Sanciones económicas
El experto en derecho laboral ha señalado que el fallo es “contundente” y que no da alternativa jurídica a parte de esa fijeza ya que la otra opción es la de indemnizar a los trabajadores temporales con indemnizaciones no topadas a lo que habría que sumar sanciones europeas a España por no legislar en esta materia.
El Gobierno se comprometió a reducir la temporalidad al 8% antes de finales de 2024, objetivo que no ha cumplido, manteniéndose por encima del 32%. “Un Gobierno que prefiere perder este dinero a estabilizar se lo tiene que mirar porque es un Gobierno enfermo”, ha apuntado Arauz que lamenta la falta de voluntad de hacer fijos a los temporales públicos y ha responsabilizado de ello al PP y al PSOE.
Ha cargado contra el Gobierno por insinuar que una estabilización masiva iría contra la Constitución y ha afirmado que el Tribunal Constitucional (TC) solo indica que los trabajadores públicos tienen que superar un proceso selectivo para acceder a la plaza y que “todos lo han hecho”.
Desde Unive Abogados consideran que descartadas por Europa las principales respuestas utilizadas en España, la fijeza se consolida como “la única vía realmente eficaz” para reparar el abuso sufrido por miles de empleados públicos temporales, recoge Europa Press.
