El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, reabrió el debate sobre quién debe pagar las bajas laborales de los trabajadores. En un encuentro sobre el mercado laboral, aseguraba que el Estado debería pagar íntegramente los primeros 15 días de incapacidad temporal. Por otro lado, el Gobierno planteaba en el mes de febrero un nuevo modelo de altas progresivas para aquellos empleados que estén de baja por cáncer, ictus o infarto. Con estas dos posturas, ahora mueven ficha los expertos, concretamente la Fundación Economía y Salud.
Este organismo ha propuesto que se introduzca la figura de la incapacidad temporal parcial de modo que se permita que aquellos trabajadores que lleven bastante tiempo de baja puedan incorporarse de modo gradual a sus puestos. La medida está dentro de un informe en el que han colaborado profesionales del campo de la salud, científicos y el ex secretario de la Seguridad Social Octavio Granado, donde se pide una ampliación del sistema actual de bajas laborales porque se ha evidenciado que suponen un alto coste económico a las empresas.
Coordinado por Vicente Pallarés Carrayalá, especialista en Medicina Familiar y profesor en la Universidad Jaume I de Castellón, este documento señala que estas figuras intermedias no existen en el ordenamiento español pero sí están en funcionamiento en los países nórdicos y en Países Bajos desde hace años donde se ha demostrado que se están reduciendo las bajas laborales y previniendo las recaídas.
Esta idea está pensada de modo que tras una baja prolongada como son los procesos oncológicos, los trabajadores puedan regresar poco a poco a sus empresas, porque entrar de golpe a una jornada completa de 40 horas a la semana después de meses de ausencia puede suponer un alto impacto.
Revisar los costes de las bajas para las empresas
La Seguridad Social sugirió la puesta en marcha de una baja flexible, también llamada alta progresiva, que sería interesante tener en cuenta a la hora de plantear una bajada de costes para las empresas. Este texto considera una paradoja que en el caso de las contingencias comunes, que son enfermedades o accidentes ajenos al trabajo, la empresa asuma el coste entre el cuarto y el decimoquinto día, mientras que las contingencias profesionales de la Seguridad Social o la mutua pagan desde el segundo día.
El diseño actual impone una carga económica a las empresas por dolencias sobre las que no tienen capacidad de prevención de forma directa y al mismo tiempo reduce los incentivos económicos para que se invierta en seguridad en el trabajo. Proponen fórmulas de cotizaciones variables o mecanismos bonus-malus de manera que las empresas con siniestralidad más bajas puedan beneficiarse de cotizaciones reducidas.
El coste por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes fue de 33.000 millones de euros en 2025 según los datos de la AIRef, esto es el 1,4% del PIB aproximadamente. A esto hay que añadirle los costes indirectos como las sustituciones, el descenso en productividad y problemas de organización, entonces el coste sería de 81.574 millones de euros en 2023 (datos de Umivale Activa y el Ivie).
Terminar con la fragmentación institucional
Los expertos apuntan a la necesidad de una mejora en la coordinación entre los servicios públicos de salud, el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), las mutuas y los servicios de prevención. También buscan que se integre de manera eficiente la información laboral y clínica, agilizando las pruebas diagnósticas y la rehabilitación, usando de forma sistemática las fichas ocupacionales que evalúen las exigencias de cada puesto.
Las reformas pactadas en convenio que complementan hasta el 100% del sueldo desde el primer día de la baja deberían ser revisados para evitar que se neutralicen los incentivos al retorno en procesos muy breves y que se concentren en enfermedades graves o prolongadas.
Sería interesante, concluyen los expertos, contar con un observatorio de incapacidad temporal para llevar al día los datos de causa, duración y resultado de estos procesos e IT en España.