La Audiencia Provincial de Granada (SAP GR 1298/2023) ha condenado a un trabajador autónomo dedicado al sector de la agricultura a cinco años de cárcel y a pagar una multa de 1.150.000 euros por simular contratos de trabajo a decenas de personas para que pudieran acceder a prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
La Inspección de Trabajo fue quien descubrió el fraude al detectar movimientos sospechosos en las altas y las bajas que comunicaba el empresario. La investigación permitió comprobar que decenas de personas habían estado de alta en la Seguridad Social durante el tiempo necesario para acceder a las ayudas a pesar de que no existía una relación laboral real.
En la sentencia 364/2023 dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial granadina se consideró probado que estas altas se produjeron entre los años 2016 y 2018 y con ellas se consiguieron 247.532,12 euros en prestaciones.
La Justicia condenó a 69 personas por delito de engaño en el cobro de prestaciones a la Seguridad Social y falsedad documental. Otros dos acusados fueron absueltos cuando el Ministerio Fiscal y el SEPE retiraron sus cargos.
Daba de alta a los ‘trabajadores’ pero nunca acudían a sus puestos
El empresario estaba dado de alta en el RETA (Régimen General de Trabajadores Autónomos) y se dedicaba al cultivo de cereales y semillas en una localidad de Granada. En 2016 consiguió acceso al sistema RED Directo, que sirve para comunicar las altas y bajas de los trabajadores a la TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social).
Según ha podido comprobar la Justicia, usó esta herramienta para ofrecer el alta en su explotación a decenas de personas pero estas nunca acudían a sus puestos de trabajo. Sí facilitaban los datos para poder acumular el tiempo necesario que les daba acceso al cobro de las prestaciones por desempleo, por incapacidad o jubilación.
Los contratos de trabajo eran de 35 jornadas o peonadas, que es el mínimo anual para continuar en el sistema especial agrario y poder acceder a las prestaciones. El empresario preparaba certificados de empresa en los que aparecían periodos de contratación y jornadas que nunca se llegaron a realizar. Luego, los falsos trabajadores acudían al SEPE o al INSS para presentar esta documentación.
La sentencia señala que la mayoría de los que solicitaron la ayuda pudieron cobrarla, pero el autónomo no ingresó las cuotas sociales que correspondían por sus trabajadores. La Audiencia considera acreditar que las personas que estaban dadas de alta eran conocedoras de lo que estaba pasando y algunos reconocieron que pagaron al empresario entre 480 y 600 euros para que comunicase sus altas y firmase las jornadas necesarias.
Inspección de Trabajo encontró una deuda de 410.215 euros
Una inspectora de Trabajo encontró indicios de fraude en las altas y bajas tramitadas por el empresario, elaboró un informe que pasó a la Fiscalía y con el que dio comienzo el procedimiento penal. Entre enero de 2016 y junio de 2017 este autónomo llegó a tener de alta a 162 trabajadores aunque no ingresó las cuotas que correspondían de modo que acumuló una deuda de 410.215 euros con la Seguridad Social.
Ahora, la Inspección comprobó que 118 de esos trabajadores generaron el derecho a prestación o completaron el periodo de cotización y que 72 estuvieron de alta 35 días. La inspectora acudió a la dirección que aparecía como sede de la empresa pero no había nadie. Fue al Ayuntamiento y le dijeron que el empresario tenía tres parcelas pero que no les constaba que hubiera trabajadores en ellas.
Luego, la Guardia Civil localizó un olivar con poca producción que no estaba trabajado y un corral vacío. El autónomo no aportó contratos de arrendamientos o documentos que acreditasen los ingresos o los gastos derivados de la actividad agraria.
La Inspección de Trabajo informó a la Seguridad Social que anuló los periodos de cotización y las peonadas declaradas después de abrir varios expedientes sancionadores.
Las penas a los acusados dependen de si devolvieron el dinero
El tribunal condenó al autónomo como responsable de un delito agravado de fraude de prestaciones a la Seguridad Social en concurso con un delito continuado de falsedad documental. Esta modalidad se aplicó porque los 247.532,12 euros que había conseguido por el fraude superaba el límite que se establece en el Código Penal, que es de 50.000 euros.
Fue condenado a 5 años y un día de cárcel y a pagar una sanción de 1.150.000 euros, no podrá durante 7 años conseguir ayudas o disfrutar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social. Por otra parte, el resto de las condenas cambió en función de si los acusados llegaron a cobrar las prestaciones o si devolvieron el dinero.