El Ministerio de Hacienda recurrió en noviembre de 2024 a 2.389,4 millones de euros sobrantes de los fondos europeos del Plan de Recuperación para cubrir pensiones de clases pasivas y complementos de mínimos, según certifica el Tribunal de Cuentas en su informe sobre la Cuenta General del Estado. La Comisión Europea, consultada por la maniobra, sostiene que la operación de tesorería no vulnera el marco comunitario, aunque sigue analizando el caso.
El movimiento se ejecutó en dos pasos. El 6 de noviembre, Hacienda autorizó una ampliación de crédito por 1.722,1 millones. Trece días después sumó una transferencia de otros 667,3 millones. El dinero salió en ambos casos del servicio 50, la sección donde se consignan los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y que sobre el papel solo puede destinarse a actuaciones del Plan de Recuperación.
Hacienda alega que los créditos eran sobrantes, que su uso no comprometía los objetivos pactados con Bruselas y que el gasto en pensiones era “ineludible” ante una prórroga presupuestaria que no llegaba para todo.
La Comisión Europea no descarta esa lectura. “Es totalmente posible que un Estado miembro tenga que prefinanciar determinadas inversiones antes de recibir un siguiente desembolso del MRR. Del mismo modo, también puede utilizar la liquidez procedente de los pagos del MRR para cubrir otros gastos”, explica un portavoz comunitario. Estas operaciones de tesorería, añade, “no tienen impacto sobre los intereses financieros de la Unión”, si bien Bruselas matiza que aún está “revisando la información”.
El Tribunal de Cuentas no zanja el asunto con la misma serenidad. Aprueba el informe con opinión favorable, pero recoge que “la actuación se ha llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados”. En lugar de tratarla como salvedad, el reparo más serio en una fiscalización, la incluye en el apartado de menor calado denominado “Otros resultados que no afectan a la opinión”.
Discrepancia interna en el órgano fiscalizador
Esa rebaja ha abierto una grieta poco habitual en la institución. Los consejeros Javier Morillas e Isabel Fernández Torres han firmado sendos votos discrepantes. Según consta en el voto particular de Morillas, el borrador inicial sí calificaba la operación como salvedad y advertía de que “la normativa solo contempla las transferencias de créditos entre secciones dentro del Plan de Recuperación”. Las alegaciones de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos hicieron desaparecer esos pasajes.
“Las normas al respecto son claras y los fundamentos utilizados no son sólidos”, zanja Morillas. Fernández Torres considera que la opinión aprobada “no se ajusta ni a la literalidad ni a la finalidad” del marco jurídico de los fondos europeos y atribuye el episodio a “las dificultades de gestión derivadas de la ausencia de presupuesto”.
La oposición lleva el caso a Bruselas
PP y Vox han trasladado el asunto a la Comisión Europea. Cinco eurodiputados populares, entre ellos Isabel Benjumea y Esteban González Pons, sostienen en una pregunta registrada que el reglamento del MRR “prohíbe expresamente el uso de estos recursos para cubrir gasto corriente”. Vox plantea, por su parte, si la operación “puede acarrear una suspensión, reducción o cancelación de futuras inyecciones”.
El propio Tribunal sitúa el caso en un escenario excepcional. La falta de Presupuestos para 2024 obligó al Ejecutivo a tramitar modificaciones por 77.341,9 millones para atender compromisos no contemplados en la prórroga. Y el órgano fiscalizador vuelve a alertar sobre el patrimonio neto negativo de la Seguridad Social, que alcanza 106.138,7 millones por octavo año consecutivo y se sostiene con préstamos del Estado equivalentes al 7,91% del PIB.