En 2025, hubo dos regímenes donde disminuyó la afiliación a la Seguridad Social de forma sistemática: el agrario y el empleo de hogar. No se trata de un descenso aislado, sino que desde 2018 ambos sectores han perdido empleo ininterrumpidamente. Centrándonos en el Régimen Especial de Trabajadores del Hogar, a cierre de 2025, estaban integradas unas 345.000 personas, cifra muy inferior a las casi 430.000 personas que tenía hace 10 años, en 2015.
De ese modo, se desprende que el colectivo de las trabajadoras del hogar ha sufrido una pérdida de 85.000 empleos afiliados a la Seguridad Social a lo largo de la última década. Un descenso que tiene rostro de mujer, siendo un sector altamente feminizado. En concreto, a finales de febrero de este año, había 345.797 personas trabajadoras del hogar. De éstas, el 95,61% (330.643) eran mujeres y el 4,37%, hombres (15.134). Además de esto, es un sector muy relevante en el empleo de mujeres extranjeras.
Lo curioso de esta evolución decreciente es que contrasta con la demanda tan alta que existe actualmente de este tipo de personal, tanto para el cuidado de niños y mayores como para las tareas del hogar, tal y como apuntó la CEOE en su informe ‘Panorama económico y empresarial’ del pasado febrero. ¿Qué se despre de esta diferencia entre la bajada de afiliación y el aumento de la demanda? Que se está produciendo un afloramiento de la economía sumergida.
Según datos de Oxfam, en 2025 más de 565.000 personas trabajaban en el sector, pero un 32% de ellas no estaba dada de alta en la Seguridad Social. UGT ampliaba esta cifra, alertando hace un mes que aproximadamente un 40% del empleo doméstico se encuentra en la economía sumergida, una cifra que crece conforme aumentan las exigencias regulatorias.
Efectos no deseados de la ampliación de derechos
¿A qué se debe la caída en la afiliación del empleo hogar y el aumento en la economía sumergida? Los sindicatos apuntan a los nuevos derechos de los trabajadores del hogar tras las reformas introducidas a partir de 2022. Ese año, se aprobó el Real Decreto-ley 16/2022, que eliminó el despido por desistimiento y permitió a las trabajadoras de hogar cotizar por desempleo (para que tuvieran derecho a paro) y al FOGASA. Un derecho histórico para estas empleadas pero que encareció los costes de contratación para las familias.
En 2024 se incorporó la prevención de riesgos laborales (PRL), obligatoria para estos servicios, imponiendo a los hogares la evaluación de riesgos, formación, equipos de protección y protocolos contra violencia y acoso. Desde noviembre de 2025, las familias que no cumplan con esta evaluación de riesgos laborales pueden enfrentarse a multas de hasta 50.000 euros, lo que añade presión a un sistema ya tensionado.
A esto se suma el impacto del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con 8 subidas desde 2018 (la última, aprobada este mismo 2026). Según UGT, se trata de un aumento de más del 45% en cinco años, con el incremento correspondiente en las cuotas a la Seguridad Social. El aumento de la base de cotización mejora las futuras prestaciones por jubilación, incapacidad temporal y desempleo de estas trabajadoras, pero de nuevo tiene otro efecto indeseado. “Lo que para estas trabajadoras supone una mejora de derechos, totalmente necesarios, aumenta considerablemente la presión económica sobre las familias”, indicó el sindicato.
Y es que UGT señaló que aunque el objetivo de profesionalizar el empleo doméstico es compartido por sindicatos y asociaciones empresariales, la nueva normativa no distingue adecuadamente entre el trabajo familiar directo y los servicios prestados por empresas. “Esto convierte a los hogares en pequeños empresarios con obligaciones complejas, dificultando la contratación formal y fomentando la informalidad”, expusieron el pasado marzo, reiterando que una “regulación demasiado rígida y que no esté adaptada a las posibilidades económicas y logísticas reales puede tener un efecto contrario al deseado si no se acompaña de medidas de apoyo y simplificación”.
El resumen, ante el aumento de costes de cotización y salario, y las nuevas obligaciones, muchas familias han optado por reducir las horas de los contratos formales o, directamente, dar de baja a la trabajadora y mantenerla “en negro”.
Ayudas para la contratación de empleadas de hogar
Ante este escenario, algunas comunidades autónomas están lanzando ayudas para la contratación de empleadas de hogar, entre ellas, la Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha o Extremadrua, con el objetivo de favorecer la conciliación y dar un respiro a las familias.
Ayuda de la Comunidad de Madrid
La comunidad madrileña, ha activado este 2026 una línea de ayudas de hasta 4.000 euros destinada a financiar los costes laborales derivados de la contratación. El importe no es igual en todos los casos y se calcula en función de las cuotas a la Seguridad Social que haya pagado el empleador durante el periodo subvencionable. Cuanto más altas hayan sido esas cuotas, y según la renta familiar, mayor será el importe de la ayuda.
De ese modo, en el caso de las familias con rentas más bajas, la subvención puede llegar a cubrir hasta el 100% de estas cuotas. Por su parte, estos son los requisitos que hay que cumplir, aunque puede consutarse toda la información aquí:
- Residir en la Comunidad de Madrid.
- Ser titulares de un hogar familiar.
- Tener una renta pér capita por unidad familiar no superior a los 30.000 euros anuales.
- Haber contratado a una empleada del hogar para el cuidado de hijos menores de 12 años (o menores de 18 si tienen discapacidad); familiares en situación de dependencia o con discapacidad igual o superior al 50% que convivan en el domicilio.
- Mantener la relación laboral durante un periodo mínimo, que suele ser de 58 días.
- La contratación debe haberse realizado en el año anterior a la solicitud.
Ayuda de Castilla La Mancha
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lanzado una línea de ayudas para las familias que contraten una empleada de hogar para cuidar a sus hijos menores de 14 años o de un familiar en situación de dependencia. Esta ayuda puede llegar al 100% del salario mínimo interprofesional y tendrá una vigencia de tres años.
Tal y como explica el gobierno autonómico, durante el primer año, la cobertura puede alcanzar el 100% del SMI; en el segundo, se sitúa sobre una base del 75%; y en el tercero, sobre el 50%, siempre ajustándose a los ingresos familiares. Así, “se facilita tanto el inicio como la consolidación del contrato”.
Además, se va a priorizar a las familias con menos recursos y subir la cuantía hasta el 80% en el tramo de renta más alto en el caso de los hogares monoparentales. La portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, ha afirmado que el objetivo es favorecer la conciliación y avanzar en la regularización de este sector “que con frecuencia permanece en la economía sumergida”, destacando que “contar con ayuda en casa no debería ser un privilegio”.
Ayuda de Extremadura
En la misma línea, la Junta de Extremadura ha lanzado líneas de subvención destinadas a financiar el coste de contratar a empleadas del hogar para el cuidado domiciliario. El objetivo es facilitar la conciliación en familias con menores de 14 años a cargo o con familiares con una discapacidad igual o superior al 33%.
La cuantía de la ayuda (de hasta 1.100 euros) está destinada a sufragar los costes de contratación de la persona que preste el servicio de cuidados en el domicilio por el periodo solicitado y/o con fecha límite el 31 de diciembre de 2026 y se determina según una escala calculada teniendo en cuenta las bases de cotización por contingencias comunes para las personas empleadas y las horas trabajadas (que se puede consultar aquí, al igual que los requisitos y la solicitud).
El objetivo, de nuevo, es “mejorar la empleabilidad de las personas trabajadoras de Extremadura, propiciando fórmulas para conciliar que permitan el acceso y la permanencia en el mercado laboral”.
Otras comunidades, como Galicia, Andalucía y Castilla y León, cuentan con Bonos y Cheques de cuidado. En estos casos, canalizan el apoyo económico a través de fondos estatales como el Plan Corresponsables. Por ejemplo, Galicia ofrece formatos como el Bono Coidado para ayudar económicamente a las familias con los gastos de cuidado en el hogar. En otras existen “cheques servicio” que permiten usar la ayuda para pagar parte del coste laboral de la persona contratada.