La portavoz de la Asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), Edith Espínola, ha denunciado a ‘NoticiasTrabajo’ la pervivencia de condiciones de “esclavitud moderna” en el régimen de internas en España.
Durante la presentación de la nueva guía de prevención de riesgos laborales, Espínola alertó sobre casos extremos donde las trabajadoras cumplen jornadas de hasta 80 horas semanales por salarios de apenas 400 euros, bajo la excusa de recibir alojamiento y comida.
“Está normalizada la explotación laboral de una mujer que trabaja como interna”, lamentó la portavoz, quien exige la erradicación de este régimen y la entrada del sector en el Régimen General de la Seguridad Social.
“Hay trabajadoras que viven en sótanos sin ventanas”
La principal barrera para atajar estos abusos, que incluyen violencia física y acoso sexual, es la dificultad legal para que la Inspección de Trabajo acceda a las viviendas. Al ser el centro de trabajo un domicilio particular, su carácter inviolable impide el control sin orden judicial.
“Hay personas que viven en sótanos sin ventanas o que duermen en el sofá al lado del empleador”, explicó Espínola. Esta opacidad facilita que el 17,1% de las empleadas haya sufrido proposiciones sexuales o violencia física, según datos de organizaciones del sector.
Cifras de un sector “de segunda”
El mapa del empleo doméstico en España revela una profunda brecha entre la legalidad y la realidad:
- Afiliadas oficiales: 378.000 personas, con un descenso del 10% anual debido al trasvase a la economía sumergida.
- Cifra real estimada: Más de 600.000 trabajadoras, incluyendo a quienes están en situación irregular.
- Vulnerabilidad: Una de cada dos trabajadoras migrantes afirma haber sufrido algún tipo de violencia de género en su puesto de trabajo.
“Nos consideramos trabajadoras de segunda. Mientras no exista una igualdad real y dejemos de cotizar por tramos, no tendremos plenos derechos”, sentenció Espínola a este medio de comunicación.
Avances “insuficientes”
A pesar de que desde principios de año es obligatorio realizar evaluaciones de riesgos laborales en los hogares, los datos de transparencia indican que una de cada tres empleadas dadas de alta carece aún de esta protección.
Espínola reconoció el “compromiso real” de la ministra Yolanda Díaz, pero insistió en que los avances en el papel no llegan a la “vida real” de las mujeres que, por necesidad, aceptan condiciones deplorables. La asociación urge ahora a lanzar una campaña masiva para que los empleadores asuman que su casa es, ante todo, un centro de trabajo con derechos que cumplir.
